La creación de la Fiscalía Anticorrupción en el seno del Poder Judicial – como oo manda la Constitución de Entre Ríos – ya tiene un proyecto de ley. El diputado provincial, Jorge Monge, fue quien presentó la iniciativa que requiere modificaciones a la Ley Orgánica del Ministerio Público sancionada a fines del año pasado y que aún no fue reglamentada.
El legislador de Cambiemos, que también lleva la firma de sus pares de Cambiemos, propicia incorporar la figura del “Fiscal Autónomo contra Delitos de Corrupción Administrativa”.
Mediante la modificación del artículo 13 de la ley, que es la número 10.407, se indica que ese fiscal, al igual que los demás integrantes de los Ministerios Públicos, será designado por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. Es, en rigor, el mismo procedimiento que para los funcionarios judiciales que pasan por el Consejo de la Magistratura, organismo que evaluará a este nuevo integrante de la Justicia.
El Fiscal Autónomo contra Delitos de Corrupción Administrativa también será inamovible en sus cargos mientras dure su buena conducta, estando sujetos a iguales incompatibilidades y gozando de las mismas inmunidades que los jueces. Solo podrá ser removido de su cargo “del mismo modo y con satisfacción de los mismos requisitos impuestos por la Ley de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios para los Jueces”.
Competencia
El proyecto de ley del legislador de extracción radical apunta a “preservar la autonomía del fiscal previsto en el artículo 208 de la Constitución Provincial, garantizándole adecuada infraestructura, personal suficiente, apoyo tecnológico y los medios en general para el cumplimiento de su cometido”.
También propone “continuar ante la Sala de Procedimientos Constitucionales y Penal la intervención que le cabe al Ministerio Público Fiscal en materia penal, salvo en los procesos en que la acusación esté a cargo de la Fiscalía Autónoma contra Delitos de Corrupción Administrativa.”
En otro artículo se especifica que este fiscal especializado tiene a su cargo investigar y acusar en delitos que importen grave perjuicio patrimonial contra el Estado. Dentro de su marco de actuación se incluye la administración centralizada y descentralizada, provincial, municipal y comunal, las empresas concesionarias de servicios públicos, empresas del Estado y toda organización que perciba, administre, disponga o ejecute fondos públicos.
En particular, perseguirá aquellos delitos que impliquen “el enriquecimiento de quienes sean o hayan sido funcionarios provinciales, municipales o comunales, legisladores y magistrados judiciales o el desvío de fondos públicos para fines particulares”.
El fiscal autónomo deberá “intervenir en las causas sobre hechos de corrupción y delitos contra la administración pública que sean iniciadas a partir de su propia investigación o bien por denuncias radicadas directamente ante esta Fiscalía”.
En los casos análogos llevados por el Procurador General y demás miembros del Ministerio Público Fiscal, tendrá la facultad de intervenir con las atribuciones que se prevén para el querellante particular en el Código Procesal Penal.
La competencia material para intervenir en los supuestos de los párrafos anteriores será decidida por el propio Fiscal Autónomo, sin perjuicio de las facultades de los magistrados judiciales.
Escándalo jurídico
“A escasos meses de la sanción de la Ley Nº 10.407, Orgánica del Ministerio Público Fiscal, la omisión de reglamentar la precitada disposición constitucional constituye un escándalo jurídico e institucional, tratándose el proyecto venido en revisión, sobre tablas y sin que haya sido analizado en la comisión respectiva”, cuestionó Monge.
Y agregó: “Es deber de esta Legislatura cumplir la manda constitucional y fortalecer nuestro régimen representativo republicano de gobierno, apuntalando lo público, para que no quede privatizado en las opacidades de la negra corrupción, y se promueva un tipo de funcionario con manos limpias y uñas cortas”.
