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Qué dice el proyecto

El proyecto de ley de reforma política se presenta con el propósito de “mejorar la calidad de las instituciones democráticas de nuestra provincia, fortalecer al Estado y al proceso de transparencia del sistema políti

Igualdad de género

El primer punto del proyecto ordena que las listas que se presenten a las elecciones provinciales no contengan más del 70% de candidatos del mismo sexo, tanto para cargos titulares como suplentes. Se especifica que deben “tomarse los recaudos para que las proporciones aseguren la elección de quienes representan a la minoría de los partidos o agrupaciones políticas” y que “cada género deberá estar representado en una proporción que asegure la posibilidad de resultar electo”.

La disposición no comprende a los cargos de gobernador, vicegobernador y senadores departamentales. Sin embargo, se dispone que cuando se presente un candidato para elegir un solo cargo titular, siempre el candidato suplente deberá ser del género distinto al nominado para el primer cargo.

El criterio adoptado provocó la disidencia de la diputada Grimalt, autora de un proyecto de igualdad de género que dispone el 50% de cargos para varones y mujeres, intercalados en las listas. Lo mismo dice un proyecto del gobernador Jorge Busti que, como el de Grimalt, venían esperando su tratamiento en comisión, y que se basó en la experiencia que sigue Córdoba desde el año 2000, con igualdad de géneros tanto para cargos legislativos como ejecutivos.

Tampoco concuerda este punto de reforma política con la última modificación producida en este sentido en Entre Ríos, a la ley 3001, orgánica de Municipios, que dispone una integración igualitaria para los concejos deliberantes y que se aplicó por primera vez en la pasada elección del 18 de marzo.

Grimalt plantea que el 50% para cada sexo se siga como criterio para la elección de convencionales constituyentes. Según el proyecto, en cambio, habrá sólo un 30% de mujeres en la convención que -en teoría- se reunirá en enero de 2008.

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El segundo gran tema que incluye la iniciativa es la tan proyectada eliminación de la boletas sábana, que pega en una misma tira de papel todos los candidatos que propone cada partido para cada categoría de cargo. Se pretende eliminar el articulo 60 de la ley 2.988, que permite pegar cargos locales con nacionales cuando las elecciones son conjuntas. El argumento que históricamente impulsó esta modificación es el de evitar o limitar las distorsiones que provocan los “arrastres” de un candidato a otro cuando forma parte de la misma boleta. Aquí, lo que se busca es limitar la incidencia entre los órdenes nacional, provincial y municipal.

Concretamente, se dispone separar la actual boleta sábana de una elección general simultánea en tres cuerpos: 1) cargos locales (Intendente y concejales o en su caso juntas de gobierno), 2) cargos provinciales (gobernador y vice, diputados y senador), y 3) cargos nacionales (presidente y vice, diputados y senadores).

Cada una de estas tres categorías se imprimirán en una misma tira de papel y cada clase de cargo estará unida por una línea troquelada. Así las cosas, el corte de boleta se limita a las clases de cargos dentro de las mismas categorías. Por ejemplo: entre el intendente y los concejales, o entre el gobernador y los diputados.

En una elección de convencionales, las listas se incluyen dentro de la categoría provinciales (2) y deben preceder al cargo de gobernador en caso de una elección provincial. La idea del Gobierno es elegir convencionales en conjunto con las elecciones nacionales del 28 de octubre (presidente y legisladores nacionales), de modo que, de acuerdo con este proyecto, las listas de candidatos a convencionales que presente cada partido deberá estar separada del resto de los cargos en juego.

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El proyecto original permitía además a los postulantes a cargos ejecutivos “pegar” hasta tres listas de candidatos legislativos de distintos partidos. Esto es: un candidato a gobernador puede llevar hasta tres listas distintas de diputados y un candidato a intendente hasta tres de concejales.

Este fue el punto que se suprimió en la reunión de comisión de este jueves. Lo había introducido el diputado Zacarías, a medida de las necesidades políticas de su Movimiento Social Entrerriano, que en el futuro podría presentarse a elecciones como una lista alternativa de un candidato del PJ a un cargo ejecutivo.

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El proyecto propone la adhesión de la provincia de Entre Ríos a lo dispuesto por la ley nacional de Financiamiento de Partidos Políticos y sus disposiciones reglamentarias, en todo lo que resulte de aplicación al Régimen Electoral y de Partidos Políticos previsto por las leyes Nº 2988 y Nº 5170, sus modificatorias y reglamentaciones.

Se fija como autoridad de aplicación al Tribunal Electoral previsto en la Constitución Provincial.

Sin perjuicio de ello, los partidos políticos, confederaciones, fusiones y alianzas al presentar para su oficialización las listas en la que figuren los candidatos proclamados para cargos electivos, “deberán acompañar una declaración jurada con las firmas de sus apoderados generales sobre el presupuesto máximo de gastos de campaña que realizará cada agrupamiento político”.

Se establece un plazo de 60 días posteriores a la fecha de los comicios para rendir cuenta de la efectiva utilización de los gastos de campaña realizados y de los mayores egresos que se hubieren realizado, “los que no podrán exceder en un 20 por ciento al presupuesto original, justificando la procedencia de los fondos con los cuales fueron abonados y los comprobantes respaldatorios”.

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