Lo actuado por los jueces federales Leandro Ríos y Pablo Seró parece no tener cuestionamientos. Las dos sentencias del magistrado de Paraná quedaron firmes y la segunda correría el mismo destino, según se adelantó a Página Judicial.
Por el contrario a los que dicen legisladores, funcionarios del gobierno provincial y en el Poder Judicial de Entre Ríos, la ley de narcomenudeo así como está es inaplicable. Lo dicen las sentencias.
Como si eso fuera poco, este viernes estarán en Paraná dos discípulos de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó. Se trata del fiscal general y titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Adolfo Villatte; y el titular de la Oficina de Enlace Legislativo (OEL), Félix Crous. Expondrán sobre los objetivos planteados desde la Procuraduría de Narcocriminalidad en materia de narcotráfico.
Ambos son críticos de las leyes de desfederalización en materia de persecución de la mercantilización y consumo de drogas a menor escala. Un cachetazo más para la Justicia entrerriana, que al menos en boca de sus jerarcas, defendió la norma sin matices.
La convocatoria es en el Salón Auditorio Lucio Dato (Santa Fe 251) a las 17 y se invita a la “reflexión y el debate”. La promociona el Colegio de Abogados de Paraná y se anunció la presencia de profesionales del fuero provincial y federal, así como también legisladores, funcionarios y magistrados. ¿Se verán todos las caras? Sorpresa.
Paralelismos
Gils Carbó es la fundadora de Justicia Legítima, colectivo que aglutina a magistrados y abogados que apoyan las políticas del kirchnerismo La doctora es también catalogada como un gendarme del Ministerio Público que conduce y se le adjudica la capacidad suficiente para alinear a los fiscales. Algunos casos lo afirman. No precisamente en Entre Ríos.
No es apropiado trazar un perfil político jurídico de la Procuración General de la Nación y a partir de allí analizar por qué hasta el momento no ha habido un solo fiscal federal que recurriera la iniciativa del kirchnerista Sergio Urribarri. Las jurisdicciones son las jurisdicciones. Punto.
El procurador de la provincia, Jorge Amílcar García; y la presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Claudia Mizawak, fueron críticos a la norma que hoy defienden y anunciaron, junto al gobernador, su puesta en vigencia. Así lo reveló un informe de Página Judicial la semana pasada.
El 10 de diciembre de 2007, García envió una nota al entonces presidente del STJ, Daniel Carubia, haciéndole saber que, como el entonces gobernador lo indica en el Decreto Número 4.387/07, la Ley Número 26.052 “carece de operatividad en el territorio provincial, hasta tanto no sean remitidos los fondos nacionales, conforme lo determina nuestra Constitución provincial”. El alto cuerpo se había expedido en el mismo sentido ante Busti.
El 15 de abril pasado, es decir, siete años después de aquella opinión, el STJ adhirió a la declaración contra el narcotráfico que suscribió la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Jufejus). En el texto que recibió Mizawak en su correo electrónico se aborda la aplicabilidad de la norma nacional. Allí se subraya lo que indica el artículo 75 inciso 1º de la Constitución Nacional en cuanto dispone que “no habrá transferencia de competencias, servicios o funciones sin la respectiva reasignación de recursos, aprobada por la ley del Congreso”.
¿Qué sucedió entonces? Es en la política más que en la Justicia donde se suele cambiar de parecer.
La aplicación de la ley – al contrario de lo que se dijo hace unos días – se encuentra en un impasse implícito. No se ha dicho nada, pero tampoco se ha avanzado en la aplicación de la polémica ley.
