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Rechazo del Inadi y otras agrupaciones

El Foro por los Derechos de las Mujeres, la Fundación Mujeres Tramando, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) hicieron público su posición respecto a la decisión de la jue

A continuación el texto:

Después de habernos entrevistado con la madre de la menor discapacitada mental, embarazada de 14 semanas producto de una violación, exigimos el cumplimiento del art. 86 Inc.b del Código Penal de la Nación, que desde el año 1921 contempla la no punibilidad de la interrupción de un embarazo, “cuando éste es producto de una violación o atentado al pudor sobre una mujer idiota o demente “.

Denunciamos que la madre de la menor fue llevada a la sede del Consejo del Menor en Paraná, y bajo engaño firmó la autorización para que su hija fuera internada en forma provisoria en un hogar de su dependencia. La progenitora reclama por su derecho a tener a su hija nuevamente bajo su cuidado, y manifiesta su preocupación por la dilatación de la práctica quirúrgica, que tenía turno otorgado en el Hospital San Roque para el día lunes 27 de agosto, la que fue interrumpida por la presentación de una medida cautelar, impidiéndole el ejercicio pleno de su derecho.

La judicialización de este caso posterga el aborto hasta un estado más avanzado del embarazo, lo que posiblemente lo haga impracticable, poniendo en riesgo la salud integral de la menor.

Sostenemos que no existe norma alguna en todo nuestro ordenamiento jurídico que indique que deba pedirse autorización judicial para realizar un aborto no punible contemplado dentro del artículo 86 del Código Penal.

Es nuestro objetivo denunciar el divorcio existente entre las disposiciones de los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos consagrados constitucionalmente, las normas del Código Penal y la práctica médica respecto de los abortos legales.

Las causas que originan esta ruptura son múltiples: factores ideológicos, sociales, políticos, religiosos y atinentes a la gestión pública; pero lo relevante y alarmante son las consecuencias que esta situación genera, es decir, los ya conocidos y elevados índices estadísticos de mortalidad femenina por causas de abortos clandestinos que recaen sistemáticamente sobre el cuerpo y la vida de las mujeres más pobres.

Por lo tanto decimos que la omisión de la reglamentación de los abortos legales, constituye una violación fragrante a los derechos humanos básicos de las mujeres, reconocidos y protegidos por nuestra legislación interna, así como también por los instrumentos internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional.

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