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Rechazo judicial para Oscar Mori

El procurador general de la Nación aconsejó a la Corte Suprema de Justicia no aceptar la queja de la defensa de Oscar Mori contra la condena por el caso Aciser. Si el alto cuerpo mantiene el criterio trazado por la Procuración, l

La Procuración General de la Nación recomendó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación no hacer lugar al recurso de queja presentado por la defensa de Oscar Mori como última posibilidad de revertir la condena que le impuso la Justicia entrerriana por el desvío hacia la campaña partidaria del justicialismo de dos Aportes del Tesoro Nacional (ATN) destinados a la fundación Aciser.

Si la Corte mantiene el criterio trazado por la Procuración, la sentencia contra Mori quedaría firme. El recurso había sido presentado luego de la confirmación de la sentencia en contra del ex titular de la secretaría de Reforma del Estado durante la segunda gobernación de Jorge Busti (1995 – 1999) como última alternativa para revertir la condena que pesa en su contra por ser coautor de fraude a la administración pública.

El procurador Luis Santiago González Warcalde dictaminó el pasado 27 de octubre que la Corte Suprema de Justicia “no debe hacer lugar a esta queja interpuesta en favor de Oscar Horacio Mori”. González Warcalde merituó de forma negativa el planteamiento de la defensa de Mori, encabezada por el abogado Julio Federik, de que la Sala Penal del Superior Tribunal, durante la instancia de casación de la condena, primer paso dado para revertir la condena, “omitió la ‘revisión integral de la sentencia impugnada’ y, por ende, violó el principio de la doble instancia”, consignó.

El argumento central utilizado por la Procuración es que la defensa del ex funcionario no logró rebatir los argumentos dados en la condena por el Tribunal que juzgó a Mori, algo que ya había sido puesto de manifiesto por el Superior Tribunal cuando la defensa presentó la casación.

“De una lectura del recurso de casación, surge como dato objetivo que la parte (la defensa de Mori) se limitó a repetir los argumentos que planteó en el juicio y que fueron respondidos por el tribunal de sentencia”, resaltó el procurador en el dictamen al que accedió APF.

A renglón seguido, apuntó que la Sala Penal, por aquel entonces conformada por Carlos Chiara Díaz; Miguel Carlín y Germán Carlomagno, le hizo notar esa reiteración a la defensa diciéndole que sus argumentos ya han sido “esgrimidos y resueltos en la instancia de grado (el Tribunal que condenó a Mori en primera instancia), apareciendo entonces como una reiteración, sin aportar argumentos sólidos que lo sustenten y puedan tener anclaje en las constancias del proceso, habiendo sido en cada caso analizados y resueltos por el tribunal de grado en función de una urdimbre argumental irreprochable que sólo merece confirmación”.

El procurador añadió que incluso la Sala Penal del STJ transcribió “literal e íntegramente los fundamentos de la sentencia del tribunal de juicio”, para concluir que “los argumentos precedentemente glosados no han sido destruidos ni enervados por la crítica casatoria expuesta en los libelos, ni tampoco en las exposiciones orales de la audiencia de casación, en relación a la sentencia”

González Warcalde arguyó que si bien la garantía de doble instancia exige “una crítica razonada” del fallo condenatorio, en casos como éste “en que el recurso se limitó a reproducir las tachas que ya habían sido contestadas de manera amplia por el tribunal de grado, sin refutar adecuadamente esos argumentos, no se puede reclamar un estudio novedoso o el desarrollo de una respuesta, porque ésta, en el marco de un debate procesal, no puede concebirse fuera de otro cauce que no sea el del planteamiento”, puntualizó.

“¿Qué respuesta original dar a quien no la provocó? ¿Qué puede agregar el tribunal de casación cuando el de sentencia refutó en detalle todos los planteos y no hubo enfoques inéditos por parte de la defensa? Y puesto que el recurso de casación de la defensa pecó, en definitiva, de falta de fundamentación, postularemos que podemos conformarnos con una repetición textual, frente a la posibilidad de una respuesta que, tras una presunta originalidad, apenas disimule la redundancia”, afirmó el Procurador.

Tras lo postulado por González Warcalde, la Corte Suprema tendrá que decidir si acepta o no la queja interpuesta por Mori para cuestionar su condena. Si mantiene los lineamientos dados por la Procuración, la respuesta sería negativa y el fallo quedaría firme.

De darse esta última situación, la Oficina Anticorrupción de la provincia anticipó que intentaría, por vía de una demanda civil, recuperar el millón de pesos malversados. Al momento de la condena al ex – secretario de Reforma del Estado, el entonces titular del organismo, Luis Pedemonte, dijo en diálogo con el programa A quien corresponda (Radio del Plata Paraná): “En este momento, pedir una acción civil no es conveniente hasta que quede firme la sentencia”.

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Mori fue hallado responsable junto a la ex edila Liliana Morard y a Marcelo Sola de haber desviado dos ATN, uno por 465 mil pesos y otro por 500 mil pesos destinados a la Fundación Aciser a la campaña partidaria del Justicialismo durante las elecciones legislativas de 1997. La condena fue impuesta el 27 de febrero de 2006 por la Sala I de la Cámara de Crimen de Paraná integrada por Jorge García; Raúl Herzovich y Hugo Perotti.

El Tribunal sentenció a Mori a tres años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial perpetua para desempeñar cargos públicos; a Morard le impuso dos años y cuatro meses mientras que a Sola lo condenó a dos años, ambas también de cumplimiento condicional, más la inhabilitación para ocupar puestos públicos. A los tres también se les aplicaron tareas comunitarias como parte de la pena: Mori en el Hospital de Niños San Roque y Morard y Sola en el Hogar Ángeles Custodios.

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