Roberto Izaguirre, uno de los imputados en la causa en la que se investiga en Paraná una evasión de 160 millones a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), decidió abrir una batalla de denuncias y recusaciones.

Una vez abandonados los abogados locales que lo patrocinaban y con una defensa a cargo de letrados rosarinos, Izaguirre primero recusó a Carlos Orlando Saboldelli, juez a cargo del expediente luego de que Leandro Ríos se excusara por el conocimiento que ambos tienen desde la época en que estudiaban Derecho; y luego denunció penalmente a funcionarios de la AFIP.

Ese primer intento fue rechazado. La Cámara Federal ratificó al conjuez, pero Izaguirre contraatacó con una nueva presentación para que el magistrado dé un paso al costado. Saboldelli era la mano derecha de la senadora nacional Sigrid Kunath en la Secretaría General y de Relaciones Institucionales del gobierno provincial, donde oficiaba de asesor legal. Actualmente es coordinador Legal y Administrativo de la Secretaría de Coordinación de Gabinete. En la presentación, a la que tuvo acceso Página Judicial, la defensa del imputado advirtió sobre una “posible judicialización de la política o la posible politización de la Justicia”. Así se caratuló el escrito.

Los abogados Fabián Blois y Hugo Scarzit encontraron “serias incompatibilidades” en la designación de Saboldelli porque el juez “no solo debe tener plena capacidad intelectual y física, sino que tampoco puede ejercer actividad política ni profesional, ni desempeñar empleos públicos o privados”. Más adelante subrayaron que el conjuez ocupa actualmente “un cargo público de jerarquía en el gobierno de la provincia”. Entre los argumentos también apuntaron a su afiliación al Partido Justicialista, fuerza que en la cláusula décima del acta constitutiva de la Junta Electoral, con fecha del 7 de junio de 2013, lo designa como miembro a Saboldelli. El magistrado participó, entonces, del proceso electoral de ese año.

Contra la AFIP

Pero Izaguirre no solo al puso al juez como punta de lanza en su cruzada. También presentó una denuncia penal contra tres funcionarios de la AFIP por una batería de delitos, que van desde falsedad ideológica, falsa denuncia y hasta enriquecimiento ilícito. Otro de los argumentos es que la investigación se haya iniciado luego de una denuncia anónima.

Esta nueva denuncia corrió por dos caminos: una firmada por el propio imputado y otra impulsada por sus abogados, una ingresó por la Fiscalía Federal a cargo de Mario Silva y la otra ante el Juzgado Federal a cargo de Leandro Ríos. Silva puso en conocimiento del juez la nueva denuncia y se excusó. Lo mismo hizo Ríos, por el mismo motivo que lo había hecho en la causa principal, es decir, la de la estafa. Previo sorteo, la Cámara Federal designó a un conjuez como subrogante. Se trata de Pablo Daniel Trevisán, quien se desempeña como asesor legal y técnico del Ministerio de Turismo, quien, como Saboldelli, integraba una lista de conjueces aprobada por el Senado Nacional.

El nuevo magistrado acumuló las dos denuncias, pero no admitió a Izaguirre como querellante y éste apeló nuevamente ante la Cámara Federal, que integran Cintia Gómez, Mateo Busaniche y Daniel Alonso.

Mientras tanto, Saboldelli continúa a cargo del expediente principal, al menos por ahora.

El caso se conoció luego de que la AFIP desbaratara una organización integrada, entre otros, por el abogado Izaguirre que ofrecía certificados de retención declarados por otras empresas para ser computados contra las declaraciones juradas como pagos a cuenta de impuestos. De esta manera, los compradores reducían los montos adeudados y lograban financiaciones más convenientes de las que permiten las normas impositivas. Con esta maniobra se calcula que evadieron más de 160 millones de pesos, entre evasión previsional e impositiva. Como parte de la maniobra también utilizaban la “cooperativa de servicios”, en la que encubrían a más de 500 empleados no declarados, cuyas obligaciones previsionales evadidas superarían los 100 millones de pesos. Los otros imputados son Luis Morelli y Sergio de Araquistain, pero el caso también salpica a Miguel Marizza, propietario de Caballi SA, y uno de los principales proveedores del Estado en la obra pública.