Conocida la resolución por parte del Tribunal de Apelación en la causa Etchevehere, la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, manifestó: “Seguimos sosteniendo la necesidad del respeto por las decisiones judiciales y llamamos a la racionalidad en las conductas y manifestaciones públicas en torno al conflicto”.
Y agregó: “Nosotros como Poder Ejecutivo siempre planteamos que íbamos a ser respetuosos de las acciones judiciales. Podemos decir con toda tranquilidad que en Entre Ríos funciona el sistema de Derechos y la independencia de Poderes”, indicó Romero.
“Un juez de primera instancia había resuelto en un sentido, la instancia revisora cumple su función haciendo una lectura diferente. La jueza Carolina Castagno acaba de resolver la inmediata restitución del predio y disponer que sea el jefe de Policía de la provincia quien la notifique”.
La funcionaria insistió: “Siempre estuvimos a disposición, tanto de los jueces de Garantía como de la Fiscalía. Somos un Estado de Derecho que respeta los poderes y las competencias que es cumplir con nuestro rol. Nuestro rol en este caso es ser auxiliares de la Justicia. Hemos escuchado con toda atención los fundamentos de la doctora Castagno que se amplió en temas vinculados a la sociedad Las Margaritas, a cuestiones sucesorias”.
“La jueza dejó a salvo que hay otras esferas de decisión que tienen que ocuparse de resolver las cuestiones civiles y hereditarias y que ella advierta la verosimilitud del derecho de quienes están en la querella y fundamentalmente de la fiscalía. El Ministerio Publico Fiscal es el que interpuso el recurso de apelación y el que llevó adelante, como corresponde en un Estado de derecho la acción penal”, explicó.
“Se notificará primero la inmediata restitución”, aclaró la ministra y en ese sentido sostuvo: “Solamente el desalojo con intervención de la fuerza pública se procede en el caso de que no se obedezca la sentencia judicial”.
“Seguimos llamando a la razonabilidad a la actitud de ser respetuosos de las decisiones judiciales y a que las partes se manejen con prudencia”, añadió.
“La jueza ordenó la restitución del inmueble y estipula, en un párrafo aparte, que para el caso que tenga que producirse el desalojo el mismo se tenga que hacer con mucho cuidado de la vida y la integridad de las personas. Siempre sostuvimos el sistema de derechos y de división de poderes. Frente a esto consideramos que la paz social siempre tiene que venir de la mano de una sentencia judicial, en estos casos cuando está judicializado”, manifestó Romero.
“Hay que tener en cuenta que acá subyace un conflicto que se origina como un conflicto familiar. Hay cuestiones de herencia, la jueza le dedicó muchísimos párrafos a la situación de la sociedad Las Margaritas y de la herencia misma que tenemos en ese trasfondo. Las partes deben obrar con razonabilidad y prudencia”, finalizó Romero.
