Jorge García y Miguel Pichetto salvaron buena parte de la institucionalidad en Entre Ríos. Son dos hombres que entienden las cosas como un todo. No solo lo entienden así, sino que actúan en consecuencia. Hay tres poderes en el Estado, hay leyes y códigos de procedimiento. A los mismos hay que aplicarlos, pero siempre en función que ese todo siga funcionando. Una especie de pacto social implícito.

El procurador general es uno de los funcionarios más importantes de la provincia. ¿Después de la figura del gobernador cuántos más hay? Es quien decide la política criminal en el territorio entrerriano. Pero no es lo más importante. Es quien tiene en su poder un nivel de información (pruebas) capaz de empujar a las autoridades a niveles impensados.

Fue García, como se dijo acá en varias oportunidades, quien desmintió categóricamente la información que se publicó cuando la causa de los contratos truchos en el seno de la Legislatura daba sus primeros pasos y parecía inminente la imputación de los presidentes de las cámaras durante el período 2008 – 2018. Apeló a fantasías periodísticas que encuadró en el derecho de la libertad de expresión. Fue también, en la causa en la que se condenó a Héctor Alanis por el desvío de fondos en el Senado, el que desarrolló ante el tribunal la teoría del “corte”, porque no se podía ir hasta arriba y llegar hasta Jorge Busti.

Cuando Alberto Fernández asumió la Presidencia de la Nación – como publicó Página Judicial – llamó a García por teléfono, a quien conoce hace mucho tiempo, para consultarlo por quien sería su embajador en Israel. El procurador lo puso al tanto de las causas de Sergio Urribarri. El jefe de Estado le aseguró que lo tendría ante el tribunal.

El jefe del Ministerio Público Fiscal se jactó en un acto de jura de fiscales que en Entre Ríos no se sacaba a nadie en piyamas, cuando la ola judicial cambiemita le entregaba noticias a los canales porteños con Amado Boudou recién sacado de la cama. Era verdad lo que decía. Las únicas fotos con esposados, como Juan Pablo Aguilera y José Escobar, fueron parte de fechorías de un sector de la Procuración. ¿Quién fue? Adivinanza. García juega en primera. Cuando el gobierno de Mauricio Macri pretendió llevarse puesto a Daniel Rafecas en una despreciable campaña mediática, intelectuales y figuras del derecho firmaron una solicitada. García puso su rúbrica.

La evidencia que hay en el legajo de los contratos truchos es suficiente para imputar a la dirigencia más importante durante la década investigada, sin distinción partidaria. Sin embargo, en el pedido de elevación a juicio no está ninguno de ellos. Ninguno. No un par. Ninguno. Ni un solo.

Durante el proceso se ofreció información sensible para negociar pena, pero la Procuración la rechazó. Pero miren que acá hay mucha información, están los listados de quienes contrataban a quien, por cuanto y qué se hacía con la plata. Acá está todos. No gracias, se dijo. Ya estaban los que tenían que estar.

Pero los de abajo también merecían ser convidados, al menos de piedra, por parte del poder. Y para eso se requería del peronismo, el partido que se jacta de mirar a los de abajo. Y ahí llegó Miguel Angel Pichetto, un operador todo terreno que también entiende que hay muchas cosas por solucionar, pero que eso se debe ir haciendo en el mientras tanto. En algo así como acá no se va nadie. El rionegrino nacido en Banfield juega para todos. Defendió a Claudio Bonadío durante el kircherismo y a Cristina Kirchner durante el macrismo cuando le querían sacar los fueros. No a ella. A nadie. Pichetto, el que le pidió a Julio Cobos que de una vez por todas diga cómo seguía una guerra campal que había partido al país. Pichetto, el que dio todo por Carlos Menem, Néstor y Cristina Kirchner; y fue convocado por Macri para que lo acompañe en la fórmula. Todo eso hizo el senador eterno que se cruzó del Congreso a la Corte Suprema cuantas veces fue necesario.

Cómo no iba a pegar un par de llamados para resolver este temita entrerriano. Terminado el trabajo, seguirá con lo suyo: la construcción del “peronismo republicano” para Juntos por el Cambio.

La causa de los contratos truchos –decidió el polémico juez Daniel Alonso- tiene que ser investigada en el fuero federal electoral porque los fondos sustraídos fueron para “la política”. ¿Todos los fondos fueron para la política? ¿Y para las campañas?

En Entre Ríos no hay una ley para el financiamiento de los partidos. Tampoco una ley de Ética Pública, que exija como ocurre en otras provincias que los integrantes de los tres poderes del Estado deban dar a conocer sus declaraciones juradas. Otra vez: ¿realmente todos los fondos fueron para la política?

El fallo de Alonso es una resolución política (para algunos prevaricato), surgida de una operación política. La política salvó, otra vez, a la política. Antes había sido García quien se había encargado de esa tarea al recortar la lista de sospechosos. Su adjunta Cecilia Goyeneche pasó de comerse la cancha en un mani pulite a retroceder en chancletas haciéndose la distraída ante pruebas irrefutables que se le ofreció cuando se la pescó en una relación comercial con un imputado que, encima negó en audiencia pública y luego un nuevo allanamiento la volvió a desmentir. Salió de la investigación. Osea, ratificó su mentira ante Carolina Castagno que la escuchaba en aquella acalorada audiencia del 7 de diciembre de 2018. Ahora la política deberá cumplir su parte: salvarla a la doctora en la petición que se hará en el Jurado de Enjuiciamiento.

El devenir de la causa contratos no se sabe. La única certeza es que correrá el tiempo. El sistema quedó a salvo. Sobrevive.

Fuente: Página Política