Entre Ríos se convirtió este martes en la cuarta provincia argentina en adherir a la ley nacional de desfederalización de la competencia penal en materia de estupefacientes para los delitos de menor cuantía.
La Cámara de Diputados dio sanción definitiva a lo que se ha denominado como “ley de narcomenudeo”, que permite a la justicia provincial perseguir, juzgar y reprimir ciertos delitos relacionados con el narcotráfico.
La norma fue aprobada luego de seis meses de debates y rondas de consultas. Salió tal como la había presentado el Poder Ejecutivo. Salvo por un artículo. No habrá una unidad especial ni fiscales con competencia prioritaria para atender los delitos de narcotráfico ni técnicos para Gabinetes de Investigación Forense. Tampoco se contempla la creación de nuevos cargos para defensores, un compromiso que había asumido el oficialismo.
La decisión tiene que ver con cuestiones estrictamente presupuestarias. La ley nacional obliga al Gobierno de transferir los fondos nacionales y del Poder Judicial de la Nación para las fuerzas de seguridad, el Servicio Penitenciario y la prestación de justicia de las provincias que adhieran a la norma. En ese sentido, la Provincia “requerirá las transferencias de los créditos presupuestarios”, pero no esperará a que ello ocurra para poner en vigencia la ley, sino que “hasta tanto se efectivicen las transferencias de los créditos enunciados previamente, el Poder Ejecutivo provincial efectuará las adecuaciones presupuestarias necesarias a los fines de la implementación”.
Sin certezas, hace unos días, la ministra de Gobierno, Rosario Romero, anunció que el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, “comprometió aportes en cuanto a equipamiento y en cuanto al fortalecimiento del sistema carcelario”. Esos aportes, según dijo “serían destinados a la compra de cromatógrafos y de tecnología, que se ocupará, por ejemplo, para analizar drogas”.
Como sea, la ley entrará en vigencia a partir de los treinta días de su publicación, que no pasaría de esta semana.
Entonces, las fiscalías provinciales asumirán las investigaciones cuando se comercie, entregue, suministre o facilite estupefacientes fraccionados en dosis destinadas directamente al consumidor; para los casos de siembra o cultivo de plantas cuando por la escasa cantidad surja inequívocamente que ella está destinada a obtener estupefacientes para consumo personal o cuando la entrega, suministro o facilitación fuere ocasional y a título gratuito; y cuando se trate de tenencia de estupefacientes para consumo personal. También se ocuparán de los casos de falsificación de recetas médicas y de venta o suministro de sustancias medicinales de forma no correspondiente a la receta médica.
Pero lo harán con la misma estructura que tienen actualmente y entonces, el entusiasmo que supieron tener las autoridades del Poder Judicial se convirtió en inquietud y preocupación hacia el interior del latoso edificio tribunalicio.
“No es posible afrontar la problemática con garantías mínimas de factibilidad sin los recursos, y eso incluye la creación de cargos para afrontar la mayor cantidad de casos que se avecinan”, dijo un alto funcionario judicial, ante la consulta de Página Judicial. Coinciden en ese análisis fiscales y defensores, que deberán atender los casos que se presenten.
El proyecto impulsado por el gobernador Gustavo Bordet planteaba la creación de una especie de unidad especial, con fiscales que tendrán competencia prioritaria en los delitos de narcotráfico y estarán asentados en Paraná, Concordia, Concepción del Uruguay y Gualeguay-Gualeguaychú. Contemplaba, en total, cinco nuevos agentes fiscales –dos en la capital provincial y uno en las otras circunscripciones– y cuatro fiscales auxiliares; y la creación de cinco cargos técnicos para Gabinetes de Investigación Forense.
El defensor general de la provincia, Maximiliano Benítez, también reclamó cargos para la creación de defensorías especializadas, algo que no estaba contemplado en el proyecto del Poder Ejecutivo.
Sin embargo, primó el criterio de los contadores: ante la falta de certeza sobre la llegada de los fondos nacionales, los legisladores optaron por no crear nuevas estructuras.
