Entre otros temas abordados se destacaron los pasos necesarios para elevar a los legisladores electos un pedido formal de actualización del presupuesto, de modo tal que el Estado salde su deuda en aportes para cargos y horas que ya cuentan con aprobación pedagógica, y la marginación que sufren profesorados de gestión privada en iniciativas impulsadas por el Instituto Nacional de Formación Docente.

En ese sentido, la asamblea presidida por el actual titular de la Asociación, Osvaldo Bodeán, analizó la exclusión expresa que el organismo recientemente creado ha hecho de los profesorados de gestión privada. En este punto se resolvió pedir que se revise lo que consideran una actitud discriminatoria.

Se resolvió también enviar al Consejo General de Educación, a través de la Dirección de Educación de Gestión Privada, una carta solicitando “que el gobierno se expida con precisión sobre los alcances actuales del fallo del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos de fecha 26 de abril de 2006, que declaró inconstitucional el artículo 92 de la Ley Nº 9.330 sobre incompatibilidad, precisando si rige para todos los docentes o exclusivamente para quienes se encuentren afiliados a un gremio en particular”.

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En cuanto a la reforma educativa, se señaló la necesidad de adecuar las escuelas a la nueva ley nacional de Educación y “que la futura normativa provincial sea respaldada por las previsiones presupuestarias correspondientes, impidiendo que se reiteren las improvisaciones que caracterizaron al anterior proceso de cambios”.

En caso de ser invitados por el CGE a conformar un espacio tripartito junto a ese organismo del Estado y al gremio Sadop, concurrirán a una reunión preliminar para acordar la constitución orgánica de ese ámbito, “garantizando la participación de los tres actores”.