Roberto López Arango, vocal del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná, presentó su renuncia el día que cumplió 75 años y este martes fue aceptada por el presidente Javier Milei, por lo que deja el tribunal después de dos décadas y tras una carrera judicial de cincuenta años.
López Arango cumplió la edad límite para ser juez y presentó su renuncia el 11 de octubre, el día que cumplió 75 años. Aunque se le podía extender un acuerdo por otros cinco años, el Presidente aceptó la dimisión a través del Decreto Número 735, que también lleva la firma del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
De esta forma, el Tribunal Oral Federal queda con una sola integrante: Noemí Berros; mientras está sustanciándose el concurso para cubrir la vacante que a principios de año dejó la jubilación de Lilia Carnero, la última de la integración original. El Consejo de la Magistratura podría ahora acumular este cargo a ese concurso, al que se inscribieron 158 postulantes, aunque solo 56 asistieron al examen que se realizó en agosto pasado en Paraná.
En la nómina de interesados para ocupar el sitial aparecen algunos nombres resonantes: Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; la destituida y luego restituida procuradora adjunta Cecilia Goyeneche; la jueza Matilde Federik; los fiscales federales Leandro Ardoy y Juan Sebastián Podhainy (coadyuvante); la defensora Julieta Elizalde, entre otros, incluso magistrados de otras jurisdicciones.
Roberto Manuel López Arango llegó al Tribunal Oral Federal en octubre de 2004, a propuesta del presidente Néstor Kirchner. Antes había sido fiscal general ante el mismo tribunal, pero antes había sido secretario y ocupó distintos cargos en una carrera de cincuenta años en la justicia federal de Paraná, donde nació.
Siempre cultivó el bajo perfil, aunque no dejó de sentar posiciones firmes cuando era consultado. Ha dicho, por ejemplo, que el Estado carece de una política de lucha contra el narcotráfico y expresó sus críticas a las leyes de narcomenudeo que ceden la persecución del narcotráfico a las provincias.
Durante dos décadas firmó una cantidad inconmensurable de sentencias en causas de narcotráfico, contrabando y penal económico, principalmente. En los últimos años también le tocó juzgar delitos ambientales, trata de personas y crímenes de la última dictadura cívico-militar, robo de bebés, entre otros.
Dictó, por caso, la segunda condena del país por regenteo de prostíbulos e integró un tribunal que sentó jurisprudencia al considerar que no es delito cultivar plantas de marihuana para consumo personal.
Integró el tribunal que condenó al ex juez federal santafesino Víctor Brusa por crímenes de lesa humanidad; también se destaca la sentencia en la que declaró que los crímenes de la dictadura ocurrieron en el marco del segundo genocidio nacional y la exaltación de que “nominar lo que ocurrió en Argentina como un genocidio es producir verdad”.
En su despedida, el último día, recibió el afecto de empleados e integrantes del tribunal.
Su salida en este momento deja en una situación crítica al Tribunal Oral Federal de Paraná, con una sola integrante y con la necesidad de convocar a magistrados de otras jurisdicciones para dictar cualquier sentencia o resolución.
(Informe de Juan Cruz Varela, para Página Judicial)
Fuente: Página Política
