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Supuesta desigualdad en un artículo en la nueva Constitución

Alejandro Richardet denunció ante el Inadi una posible desigualdad ante la ley en el artículo de defensa de la democracia en la nueva Constitución. El planteo contó con el apoyo de ex presos políticos y organismos d

Un ex preso político de la dictadura presentó una denuncia ante el Instituto Nacional contra la Discriminación y la Xenofobia (Inadi) por una posible desigualdad jurídica ante la ley, expresada en el artículo de defensa de la democracia en la nueva Constitución Provincial, que estableció que no podrán ejercer cargos públicos quienes hayan sido funcionarios en la última dictadura. El planteo efectuado por Alejandro Richardet, señala que “no se menciona a los tres poderes del Estado” y cuestiona que “se omite expresamente los regímenes de facto anteriores al recorte temporal”.

A través de una carta enviada al Inadi, Richardet denunció “la configuración de un acto de discriminación expresado en desigualdad jurídica ante la ley, con el agravante de haber sido votado en la Convención Constituyente”, por la imposición de una fecha en el artículo de defensa de la democracia.

El coordinador del Área de Derechos Humanos y Políticas Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) recordó que el proyecto fue presentado por la Asociación de Ex Presos, Presas y Exiliados Políticos “La Solapa” con el apoyo de organismos de derechos humanos para incluir “una cláusula similar a los considerandos de los artículos 29 y 36 de la Constitución Nacional, ante la Convención de la reforma constitucional entrerriana”, y el 30 de julio se aprobó por unanimidad el texto que establecía que “los funcionarios que hayan ejercido responsabilidad política en los tres poderes del Estado Nacional, provincial o municipal, en regímenes de facto, no podrán ocupar cargos públicos en ningunos de los poderes de la provincia o municipios”.

“Un mes y medio después, reconocidos abogados del Frente Justicialista y convencionales constituyentes sostuvieron que, tal como estaba redactada, la norma podía impugnarse en Tribunales, por tal motivo se cambió la redacción. El argumento jurídico: lo que habían votado el 30 de julio contenía cuestiones penales, se trataba de una pena de inhabilitación que, como tal y por aplicación del principio de irretroactividad de la ley penal no podía regir para el pasado. Entonces en la Comisión de Redacción se cambió el tiempo verbal del ‘hayan ejercido’ por el ‘ejerzan’, con lo que se permitía a todos los colaboradores de dictaduras militares ocupar cargos públicos y la norma regiría sólo para eventuales futuras interrupciones del orden constitucional”, reseñó el militante de derechos humanos en su presentación ante el Inadi.

Asimismo, destacó que esa postura fue “objetada desde un primer momento por Raúl Barrandeguy que planteó el tema no como sanción penal sino como la ‘una condición de idoneidad’ que debe exigir el Estado entrerriano para ‘ocupar cualquier función de gobierno’”, explicitando que no es idóneo quien hubiera detentado un cargo en algún período de facto. De la misma manera, se expresó la convencional Zulema Schoenfeld.

Sin embargo, tras cuatro horas de debate, en la sesión de 19 de septiembre, la Convención Constituyente aprobó las modificaciones impuestas por la comisión, en las que fijó como “condición de idoneidad para ocupar cualquier función de gobierno no haber desempeñado a partir del 24 de marzo de 1976 cargos de responsabilidad política en los regímenes de facto”, que forma parte del artículo 5 de la Carta Magna.

Richardet cuestionó que “del despacho de mayoría que salió de la reformulación hecha en la Comisión de Redacción se suprimió el párrafo sobre el que giró todo el debate jurídico de la sesión y que decía que ‘los funcionarios que ejerzan responsabilidad política en los tres poderes del Estado Nacional, provincial o municipal, en regímenes de facto, no podrán ocupar cargos públicos en ningunos de los poderes de la provincia o municipios’; y en su lugar se introdujo el concepto de idoneidad”.

Además, planteó como agravante que “no se menciona a los tres poderes del Estado (no se alude tan directamente a los jueces), sino a la genérica ‘responsabilidad política’ que se haya ostentando en una sola dictadura la de 1976”, algo que consideró como “un indulto o amnistía encubierta”; y también repudió el “recorte temporal a partir del 24 de marzo de 1976”, omitiendo los regímenes de facto anteriores.

A juicio de Richardet, ese recorte temporal “podría configurar un acto de indulto expresamente negado a las atribuciones de esta Convención Constituyente, constituiría una discriminación dentro del requisito de idoneidad respecto de los funcionarios políticos que colaboraron con la dictadura cívico-militar de 1976 a 1983 y a favor de los funcionarios usurpantes que colaboraron con los anteriores regímenes de facto y estaría reconociendo legalidad y constitucionalidad al Estatuto de la Revolución Argentina –integrado por diez artículos que tenía preeminencia sobre la Constitución Nacional, que permaneció vigente, aunque sin el carácter de norma suprema– en contradicción flagrante con el artículo 31 de la Constitución Nacional”. (Diario del Sur Digital)

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