La política local arriba a fin de año con una papa caliente en las manos: el destino de los 180 tarjeteros ante el nuevo Sistema de Estacionamiento Medido (SEM).
El gobierno de Rosario Romero presentó un marco global para el nuevo sistema, previendo algunas pautas generales para un llamado a licitación que concesione el servicio. El texto incluye un artículo, el 10, que prohíbe expresamente “el cobro de cualquier tipo de tarifa, derecho o gratificación por estacionar en la vía pública por fuera de las zonas abarcadas en el SEM”. En el mismo punto se “se prohíbe la actuación en la vía pública de personas que de manera directa o indirecta ofrezcan supuesto cuidado, vigilancia u ordenamiento de vehículos” y contempla la actuación policial ante tal conducta.
La iniciativa motivó una reunión de la Intendenta con los trabajadores que controlan y perciben parte de lo recaudado con el sistema de estacionamiento vigente. Fue el sábado 30 cuando tres sectores, el Movimento de los Trabajadores Excluidos (MTE), los autoconvocados y el Movimiento Evita conversaron con Romero acerca de su destino laboral, una vez que se instrumente el nuevo sistema. Fruto de esa reunión, de la que fueron parte los ediles oficialistas Luisina Minni y Emiliano Gómez Tutau, surgió una declaración política del Gobierno municipal que, con la forma de un proyecto de comunicación, dejó expresa la voluntad de que el nuevo régimen contemple a estos trabajadores.
Entre el trabajo, la precarización, la criminalización de su rol y la crisis que desborda en más y más cuidacoches por fuera del sistema vigente, se juega la suerte de estos tarjeteros en un debate que ha ganado presencia en el final del período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante. Por un lado, la voluntad compleja de poner a resguardo a estas personas y sus familias; por el otro, el reclamo de eficiencia de un orden de cosas que son competencia del municipio.
Exclusión, trabajo, espacio público
La reunión de la Intendenta con los tarjeteros derivó en la presentación del proyecto que, de algún modo, añade un punto clave para el debate del nuevo SEM. Expresa la decisión del oficialismo de contemplar a estos trabajadores, con las condiciones que se dispongan oportunamente, ante la redacción del pliego de condiciones del servicio.
De este modo, además de prever un destino para estas personas, se las pone a salvo de ese artículo 10 que prohíbe expresamente la actividad que realizan. Se trata de un punto de la norma que ha solicitado la Policía para intervenir cuando alguien llama denunciando a un cuidacoches. Con la ordenanza, se instauraría una falta en torno a esta conducta.
De antemano, y el sector lo sabe, la voluntad puesta de manifiesto por el oficialismo contemplará la situación de alrededor de 60 personas, a las que se les asignarán funciones vinculados a la implementación del sistema, asesoramiento a los usuarios, control de los sitios contratados.
La modalidad terminará por discutirse, primero en el Concejo Deliberante, luego ante la concesión del servicio. Hasta que este punto del SEM entró en discusión, lo previsto era que el SEM funcionara exclusivamente a fuerza de tecnología, con una app para la contratación del sitio para estacionar, la previsión del tiempo de uso y el pago del servicio.
Decisión política
Fue la concejal Luisina Minni, del peronismo (Más para Entre Ríos) la que presentó in voce el proyecto en una sesión de la que participó como público una veintena de tarjeteros. “Es decisión política de la intendenta y de la gestión que los trabajadores tarjeteros sean incluidos dentro de este sistema, como agentes de fiscalización del mismo”, dijo la edil y expresó “el compromiso absoluto” de contemplar este punto “al momento de la redacción del pliego de bases y condiciones para la licitación”.
El proyecto fue ingresado, aprobado y se incluye ahora como trasfondo del debate del SEM en comisión. Tras el aval, con el voto de la bancada de Más para Entre Ríos, y el del concejal libertario Darío Báez, el presidente del cuerpo, David Cáceres, tomó la palabra en un mensaje dirigido directamente a los tarjeteros presentes en el recinto: “Quiero que se sepa con claridad lo que se acaba de aprobar. Es la manifestación de compromiso y voluntad política de incorporar la participación de las personas actualmente registradas como tarjeteros en el pliego”.
“No concebimos otra forma que no sea incluyendo a los trabajadores y trabajadoras. Así lo sentimos y así será siempre nuestro compromiso. Vamos a discutir mucho cómo, cuándo y el formato del sistema pero siempre con los trabajadores adentro”, enfatizó el Viceintendente en una intervención que cerró con los aplausos de los tarjeteros presentes.
Eficiencia, costos, sin gente
En un impactante video difundido en redes sociales, el concejal de Juntos por Entre Ríos, Maximiliano Rodríguez Paulin, fijó posición sobre el punto. Imágenes de hechos policiales presuntamente protagonizados por tarjeteros, trapitos o como se prefiera designarlos, pretendieron dejar expuesto el fundamento al rechazo a la propuesta que contemple la intervención humana.
En una argumentación redonda, a la que le sobran los trabajadores, el edil resumió ante Página Política su planteo: “No existe la necesidad de personas, ni para el pago, ni para la fiscalización. Menos aun se puede validar el control del estacionamiento de 300 mil habitantes a esta gente, cuando eso lo puede hacer la tecnología”, consideró y también contradijo la posibilidad de que se asignen tareas de señalización, porque “ya hay trabajadores municipales que se ocupan de eso”.
Planteó que lo que se ahorraría en ese aspecto, podría asignarse a “solventar la movilidad urbana como se pretende”. “Hay una oportunidad de asignar el 100 por ciento de lo recaudado a subsidiar la tarifa del boleto de colectivos. En el presupuesto 2026 se nos pide que habilitemos gastos al transporte urbano por 8 mil millones”, señaló Rodríguez Paulin que cuestionó que “se imponga” a la prestataria del servicio un costo laboral que terminará por trasladarse a la tarifa del estacionamiento medido.
El concejal de JxER, que mudó recientemente su afiliación del PRO a La Libertad Avanza, amparó en parte su planteo en un proyecto del peronismo: “En su momento, se le preguntó al exintendente Adán Bahl si el sistema que proponía durante su gobierno contemplaba a los tarjeteros. Bahl descartó incluir personas en la prestación del servicio y planteó la posibilidad de ofrecer una capacitación laboral a estas personas para que puedan conseguir un trabajo”, subrayó.
Pautas
Se estima que para antes de fin se año, el SEM cuente con la aprobación del Concejo Deliberante, con la idea de llegar a marzo del año próximo con un pliego de condiciones para el llamado a licitación.
En los fundamentos del proyecto, que ahora se aborda en comisión junto con la voluntad de contemplar a los tarjeteros, lo que podría plasmarse en un nuevo artículo de la iniciativa, la intendenta Romero enmarca el SEM en la planificación de la movilidad urbana. “La movilidad urbana atraviesa un proceso de transformación profunda. La reciente licitación del nuevo sistema de transporte público masivo urbano de pasajeros implica un rediseño integral en la forma en que se mueven los ciudadanos por Paraná. Es por ello que resulta imprescindible acompañar esa modernización con mecanismos complementarios que ordenen el tránsito, desincentivan el uso innecesario del automóvil particular y favorezcan la intermodalidad entre transporte público, bicicleta y movilidad peatonal”.
