Una sospecha se empezó a desparramar en el seno del gobierno provincial. En rigor, funcionarios empezaron a desconfiar de que una vez aprobadas las derogaciones de las leyes cerrojo y pago soberano, el gobierno nacional deje de tener esa atención a los requerimientos de la provincia.
Los funcionarios de Mauricio Macri han dicho públicamente que una vez que se arregle la situación con los buitres se relanzará la gestión. Dos integrantes del gobierno provincial, en sendas charlas con Página Política, manifestaron la inquietud de que una vez que Macri tenga el camino allanado para “arreglar” el frente externo deje de atender a Entre Ríos con la atención que ha prestado hasta ahora con adelantamientos de coparticipación, que no es otra cosa que un endeudamiento, aunque a tasa cero.
Conseguido los votos de los senadores y el apoyo político de Gustavo Bordet, Macri no necesitaría más de los servicios del mandatario entrerriano. Así lo perciben hombres importantes del gobierno. En algún momento le enrostrarán los votos negativos de los diputados nacionales y el raid de Julio Solanas en los medios nacionales planteando la consigna “Patria o Buitres”.
Había casi una certeza entre los gobernadores del PJ que antes de que se aprueben las derogaciones se firmaría un acuerdo con el gobierno nacional sobre la devolución del 15 por ciento de la coparticipación. Incluso hubo un compromiso en ese sentido de los jefes de la bancada del PJ en el Senado, Miguel Pichetto. Lo cierto es que se llegará a la sesión del Congreso este miércoles sin nada. Las conversaciones políticas que encabezó Rogelio Frigerio con los gobernadores lograron, en principio, asegurarse votos en el parlamento y frenar las demandas de las provincias ante la Corte Suprema de Justicia, como lo hizo Córdoba, San Luis y Santa Fe, que gozan de fondos frescos por una sentencia favorable.
Bordet, sin embargo, apuesta a la política. Y hace bien. Es el camino más corto y el gobernador tiene urgencias. Quiere avanzar con una ayuda para financiar el déficit previsional de la provincia de 2.100 millones de pesos anuales. Esa herencia tiene su correlato por el acuerdo federal de 1999 en el que la Nación se comprometió a financiar parte del déficit de los sistemas previsionales provinciales. La promesa se convirtió en injusticia. Entre Ríos aporta al sistema nacional de jubilaciones y pensiones, para lo cual se le detrae el 15% de la coparticipación; aporta el 1,9% para la administración de la AFIP; pero no recibe un sólo centavo para paliar el déficit previsional aún sosteniendo su Caja de Jubilaciones con recursos propios. Sergio Urribarri se jactó años de ser un cristinista acérrimo. Poco sirvió esa relación. No es un misterio entender por qué en Santa Fe y Córdoba los salarios docentes y estatales están muy por encima de los de Entre Ríos.
Los cambios en Ganancias, uno de los principales impuestos coparticipables, en caso que se ajuste la escala, retaceará recursos a las provincias. Sería un segundo golpe a las cuentas de los gobiernos federales. El primero fue la eliminación de las retenciones a la soja.
