La Fiscalía de Estado es el único organismo de control del que no se habla y no está en la agenda de nadie. Paréntesis: de la Defensoría del Pueblo, cada tanto se acuerda alguien. Desde la reforma constitucional de 2008 se espera una ley reglamentaria del organismo.

Al año siguiente de haber entrado en vigencia la nueva carta magna, en rigor el 18 de noviembre, la Cámara de Diputados le dio media sanción al proyecto de ley que reglamentaba el área que conduce Julio Rodríguez Signes y que tiene como deber defender el patrimonio del Estado provincial y controlar la legalidad de todos los actos del poder público. El promotor de esa iniciativa fue Jorge Busti, quien presidió la Convención Constituyente y también el cuerpo legislativo.

Una vez llegado al Senado, el proyecto tuvo modificaciones. Se le agregaron artículos relacionados a las remuneraciones de los abogados que ejercen su profesión en el organismo. El artículo 9, que modifica el 16 de la ley 7.296 vigente, establece que la remuneración del Fiscal de Estado será igual a la que perciba el Ministro de Gobierno, Justicia y Educación y la de los Fiscales Adjuntos será igual al 90% del sueldo del Fiscal de Estado”. El artículo siguiente implica que los agentes del área “adicionarán a la remuneración básica el adicional por antigüedad que será equivalente al 2% por año de antigüedad del agente con un tope máximo de un 60%”.

La antigüedad se computará respecto de los profesionales desde la fecha en que los mismos poseen la respectiva matrícula habilitante y con relación al resto del personal desde su fecha de ingreso a la administración pública en la planta permanente.

El proyecto tenía dictamen de comisión favorable, pero en la sesión en la que se iba a tratar se decidió apartarlo del temario del día. Nunca más se habló del tema. Fuentes legislativas consultadas desconocen el motivo por el que se archivó, pero aducen que pudo haber sido por cuestiones de presupuesto. En el organismo también intuyen que los honorarios sería la cuestión sensible que quizás haya frenado la reglamentación. Silencio.

Reclamo

Lo cierto es que a ocho años de la reforma constitucional sigue sin reglamentarse la Fiscalía de Estado. Empleados del organismo difundieron el reclamo para avanzar con la ley orgánica. “Pese a los reclamos de larga data de los trabajadores de Fiscalía de Estado nunca fueron receptados por los legisladores, a pesar que muchos de ellos han manifestado públicamente la importancia del organismo, el cual tiene el control de legalidad de todos los actos de la actividad estatal y la defensa del patrimonio provincial entre otras facultades”, apuntaron.

Y agregaron: “La Fiscalía de Estado es un órgano autónomo con jerarquía constitucional que además es parte en todos los juicios en que participa la provincia, se recaudan importantes sumas de dinero en concepto de honorarios, pero los abogados y demás empleados que trabajan con esos expedientes tienen ingresos muy inferiores en relación a la tarea que realizan”.

Los peticionantes hicieron saber que por esa misma razón es que los abogados adquieren experiencia y terminan yéndose a trabajar a otros lugares donde obtienen ingresos acorde a las funciones que desempeñan.

Si bien el gobernador Gustavo Bordet y algunos legisladores se comprometieron públicamente a reglamentar este año todos los organismos de control, se avanzó con el Tribunal de Cuentas y Tesorería General, pero se acerca fin de año y al parecer se olvidaron de la Ley Orgánica de Fiscalía de Estado.

La semana pasada, en el Senado ingresaron los pedidos de acuerdo para que Pablo Javier Giannini Álvarez y Sebastián Miguel Trinadori sean nombrados como fiscales adjuntos de la Fiscalía de Estado, los cuales fueron enviados a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos.