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Toma forma el nuevo Consejo de la Magistratura

Este miércoles juran los nuevos integrantes del órgano asesor del Poder Ejecutivo para la designación de jueces, fiscales y defensores de la provincia. La novedad es la incorporación de las universidades entrerrianas. Quiénes son.

Va tomando forma el nuevo Consejo de la Magistratura, tras la serie de reformas adoptadas por la Legislatura que incluyen, entre otras cuestiones, la incorporación de representantes de universidades entrerrianas.

El Consejo de la Magistratura, creado en el año 2003 como un organismo asesor del Poder Ejecutivo para la designación de jueces, fiscales y defensores, estará a partir de ahora integrado por once miembros: un representante del Poder Ejecutivo, dos representantes del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, dos representantes de la magistratura y la función judicial, un representante de los empleados del Poder Judicial, dos representantes de organizaciones sociales –pueden o no ser abogados– y tres miembros de reconocida trayectoria en el ámbito académico o científico.

Este último estamento reserva un lugar para la Universidad Nacional de Ente Ríos (UNER) y otro para la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), que antes no lo tenían. Alejandro Caudis fue designado como titular y Elena Albornoz como suplente, en representación de la UNER; mientras que Juan Pablo Filipuzzi y Silvia Estela Marrama serán titular y suplente, respectivamente, por la UADER para el período 2022-2024, según pudo saber Página Judicial. Caudis es actualmente secretario de Asuntos Jurídicos de la UNER; mientras que Filipuzzi, que es hermano del rector de la UADER, fue responsable de la Asesoría Legal de Rectorado y se desempeña como secretario general de la Facultad de Ciencia y Tecnología.

El tercer lugar está reservado para la Universidad de Concepción del Uruguay (UCU) y la Universidad Católica Argentina (UCA) Subsede Paraná, que podrían integrar el organismo un año cada una, aunque eso aún es una incógnita. Lo concreto es que la UCU designó a Yamil Bechir, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, y María Angélica Pivas, como titular y suplente, respectivamente. La UCA, en tanto, designó a Alejandro Grandoli como miembro titular y a Pablo Hojman como suplente, que ya venían desempeñándose en el período anterior.

Estos cambios fueron el eje de una fuerte polémica porque implicó el desplazamiento de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), que tenía un lugar en el organismo desde su creación, lo que generó el rechazo de la casa de estudios y de la oposición, que no acompañó la nueva ley en la Legislatura.

La otra novedad se dio en la representación de la sociedad civil. Treinta y seis organizaciones sociales, profesionales y sindicales se inscribieron para integrar el Consejo de la Magistratura. Otras tantas quedaron fuera del registro, en una limpieza del padrón que se hizo a partir de la sanción de la Ley Número 11.003. Se contemplan dos bancas para la sociedad civil; el reglamento de la asamblea prevé que sus representantes no sean abogados, aunque la ley establece que las entidades a las que representan deben acreditar en su objeto social “vinculación con la defensa del sistema democrático, de los derechos humanos y del sistema republicano de gobierno”.

En la asamblea que se desarrolló en la Biblioteca Popular del Paraná terminaron imponiéndose por mayoría Edgardo Oneto, del Consejo Profesional de Ciencias Económicas; y Verónica Samek, de la Asociación Olímpica Especial, como titulares; mientras que Analia Matas, de la Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU); y Silvina Vismarra, de la Liga Entrerriana de Ayuda al Diabético, como suplentes. No hubo unanimidad y quedaron heridos en el camino. Sin embargo, a lo largo del debate se planteó la necesidad de establecer un mecanismo de reuniones periódicas para debatir las posturas que llevarán los consejeros, con la explícita mención de que no lo harán a título personal ni en nombre de las instituciones a las que representan, sino de la asamblea. Un rol central para calmar esas tensiones lo tendrá Silvina Calveyra, de Red de Alerta, que ha integrado el Consejo de la Magistratura y ahora será secretaria de la asamblea.

En tanto, los empleados del Poder Judicial conservan un lugar en el organismo y durante el próximo período serán representados por María Elena Luchesi, que se desempeña en el fuero laboral de Concordia. Si bien la ley establece que se debe elegir por voto directo, no hubo elecciones porque se presentó una sola lista en la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER). El suplente será Héctor López Benítez.

Del mismo modo ocurre con los magistrados y funcionarios del Poder Judicial y el Colegio de la Abogacía, que ya habían designado a sus representantes.

Así las cosas, y tras un intenso debate, el Consejo de la Magistratura estará integrado por Mariano Churruarín, en representación del Poder Ejecutivo y presidente del organismo; Álvaro Piérola y María del Luján Giorgio, por la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial; Alberto Sampayo y Andrea Saxer, por el Colegio de la Abogacía; Alejandro Caudis y Juan Pablo Filipuzzi, por los académicos, más el representante que surja de la dinámica de funcionamiento que se den las universidades privadas; María Elena Luchesi, por la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER); y en representación de la sociedad civil estarán Edgardo Oneto y Verónica Samek.

Los nuevos integrantes del Consejo de la Magistratura prestarán juramente este miércoles para dar inicio a una nueva etapa en el órgano asesor del Poder Ejecutivo para la designación de jueces, fiscales y defensores.

(Informe: Juan Cruz Varela, para Página Judicial)

Fuente: Página Política
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