Un plenario conjunto de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano se realiza este martes en la Cámara de Diputados de la Nación, cerrando el debate con la firma de los dictámenes sobre la reforma a la Ley de Glaciares.
La norma es impulsada por el gobierno nacional de Javier Milei y por las provincias de la zona cordillerana que esperan inversiones mineras en sus territorios. El proyecto tiene media sanción del Senado y la expectativa del oficialismo es lograr este martes un dictamen mayoritario que pueda convertirse en ley este miércoles, en la Cámara de Diputados de la Nación.
Las voluntades de las distintas fuerzas, expresadas por los legisladores nacionales por Entre Ríos, se plasmaron de antemano en el Senado cuando votaron en contra el justicialista Adán Bahl; y a favor los libertarios Joaquín Benegas Lynch y Romina Almeida.
Tres diputados entrerrianos son parte de la definición que terminará por adoptar el plenario de las comisiones, este martes. Los tres representan a la coalición electoral que en la provincia plasmaron el PRO, la UCR y La Libertad Avanza por lo que se espera que firmen el dictamen mayoritario. Son los integrantes del bloque de LLA, Francisco Morchio y Andrés Laumann; y la diputada del PRO, Alicia Fregonese. No hay legisladores del justicialismo por Entre Ríos en las comisiones reunidas.
En la jornada de este martes, el plenario estuvo protagonizado, fundamentalmente por la voz del gobierno de Milei y las provincias “mineras”, interés este último que explica la votación dividida, en el Senado, de la bancada del peronismo.
Las primeras voces escuchadas por los diputados reunidos fueron las del gobernador de San Juan, Marcelo Orrego; el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero; el subsecretario de Ambiente de la Nación, Fernando Brom; y Teresita Regalado, ministra de Minería de la provincia de Catamarca. Todos los funcionarios mencionados defendieron la posibilidad de reformar el régimen vigente en materia de glaciares para habilitar la explotación minera.
El debate
La ley vigente que pretende ser reformada fue aprobada en 2010. Define como glaciar a “toda masa de hielo, estable o que fluye lentamente, con o sin agua en su interior”. Según la norma, en alta montaña, “el ambiente periglacial comprende áreas con suelos congelados que actúan como reguladores del recurso hídrico, y en media y baja montaña a las zonas con suelos saturados en hielo que también cumplen funciones de reserva del agua”.
En el artículo 6, la ley impide la exploración y explotación minera e hidrocarburífera, la instalación de industrias, la construcción de obras o infraestructura que pueda modificar la dinámica natural del hielo o la calidad del agua, y el almacenamiento o manejo de sustancias tóxicas.
La norma creó el Inventario Nacional de Glaciares, que debe actualizarse cada 5 años como máximo. Esta tarea es del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), un organismo que depende del Conicet.
Uno de los puntos claves de la reforma es la redefinición del objeto de protección. Mientras que la ley vigente ofrece un resguardo amplio a todos los glaciares y al ambiente periglacial como reservas estratégicas, el nuevo proyecto acota esta tutela a aquellos cuerpos de hielo que cumplan una “función hídrica efectiva” y relevante para la recarga de cuencas hidrográficas.
El proyecto propone que cada provincia determine qué glaciares protege y en cuáles se pueden habilitar actividades extractivas, como la minería.
Chequeado.com repasó la palabra de expertos que afirman que este punto atenta contra el artículo 41 de la Constitución. Este artículo le da al Congreso la potestad de generar leyes de presupuestos mínimos ambientales como es la Ley de Glaciares. Es decir, de fijar una protección mínima y nacional que las provincias no pueden achicar.
Con estos cambios, se revertiría la lógica de los presupuestos mínimos porque el piso lo fijarán las provincias en función de si consideran importante el aporte de agua dulce que hace ese glaciar a su territorio. Esto podría generar conflictos entre jurisdicciones por el acceso al agua.
Los defensores de modificar la ley sostienen que la protección actual del ambiente periglacial es demasiado amplia e “indefinida”, lo que habilita bloqueos a proyectos mineros aún en zonas donde no habría verdaderos recursos hídricos.
Fuente: Página Política
