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UCR y PJ coinciden en el modo de nombrar jueces

Rango constitucional al Consejo de la Magistratura; integración de representantes de la sociedad civil; exclusión de su intervención para el caso de los vocales, son algunos de los puntos en que coinciden las plataformas de los p

Tanto el oficialismo como la principal fuerza de la oposición, la Unión Cívica Radical (UCR), han mostrado puntos de acuerdo respecto del modo en que se deben nombrar los jueces en la provincia. Frente a la instancia de reforma constitucional que se abrirá en Entre Ríos, a partir de enero del año próximo, no habría mayores diferencias entre los partidos mayoritarios respecto del punto.

Así surge del congreso provincial de la UCR que aprobó el sábado su plataforma electoral para los comicios de octubre. En esa plataforma no hay diferencias sustanciales respecto del mecanismo que el oficialismo propició en la presente gestión de Jorge Busti y que se impulsará como propuesta para el debate constitucional.

NNAAAval del ConsejoNNCC

Las dos fuerzas mayoritarias impulsan la jerarquía constitucional para el Consejo de la Magistratura, creado por decreto Nº 39 de diciembre de 2003.

Con la norma, el gobernador se autoexcluye de su atribución de remitir pliegos al Senado para solicitar el acuerdo a los jueces. Y delega esa facultad en este organismo que elabora una terna de postulantes en base a un concurso público. El cuerpo es integrado por abogados, académicos, magistrados, representantes de la sociedad civil, de los empleados judiciales y un delegado del Poder Ejecutivo.

“Nadie discute la figura, pero con los recaudos que eviten que la voluntad política y de mayorías circunstanciales logre una conformación afín al poder político de turno, lo que quedaría superado fijando su conformación en el texto de la Constitución”, opinó el sábado el congreso radical, dando aval a la iniciativa de incorporar el organismo a la Carta Magna entrerriana.

La diputada justicialista Rosario Romero —candidata a convencional por el oficialismo— aportó su coincidencia con el planteo radical. Destacó la importancia de cada claustro en el organismo y consideró prudente que el texto constitucional “refiera a los sectores que lo componen, respecto de lo que no hay dudas, pero tampoco que reglamente tanto”.

La legisladora del PJ añadió que el oficialismo atenderá los pedidos que ha formulado la Asamblea de la Sociedad Civil que participa del Consejo con dos miembros: “Consideran que el organismo debería seguir funcionando ad honorem para evitar la burocratización que se dio a nivel nacional. También quieren sostener que los consejeros no surjan del voto popular porque entienden que se debe permitir a las entidades —colegio de abogados, asociación de magistrados, asociación de judiciales, asamblea de la sociedad civil— que se den sus propios modos de selección y evitar que sean objeto de posturas partidarias”, repasó la diputada.

Si bien la UCR no avanzó en estos aspectos, el diputado Osvaldo Fernández suscribió una de las propuestas llevadas al congreso según la cual debía aumentarse el número de representantes de la sociedad civil. “En mi opinión, además, debiera promoverse su elección por el voto directo de los ciudadanos”, afirmó.

NNAASTJ, al margenNNCC

Tanto el PJ como la UCR avalan el criterio impuesto por decreto 39/03. El Superior Tribunal de Justicia (STJ) no tiene representantes en el Consejo.

Por otra parte, no habilitan la intervención del organismo cuando se trata de nombrar vocales el Alto Cuerpo. Se coincide, entonces, respecto de sostener la atribución del gobernador de remitir un pliego al Senado, que le debe dar acuerdo.

Tanto Romero, como Fernández, defendieron, en diálogo con El Diario, la posición según la cual, como sucede a nivel nacional con la Corte Suprema, el STJ expresa un “poder político” para la cual se debe reservar la intervención de los otros poderes, el Legislativo y el Ejecutivo.

“Nuestra idea es, como a nivel nacional, limitar la atribución del Ejecutivo en la designación de vocales, habilitando todos los mecanismos de participación y publicidad de los pliegos”, expuso Romero.

La UCR, por su parte, añade un punto que es la idea de reclamar una mayoría especial, en el Senado, para avalar el nombre de un miembro del STJ.

NNAADestituciónNNCC

El decreto 39/03 otorgó facultades al Consejo de la Magistratura para el nombramiento de jueces, pero nunca para la destitución, atribución que la Constitución reserva al Jurado de Enjuiciamiento, integrado por legisladores, abogados y vocales del STJ (Sección VII de la CP).

La UCR, en su congreso, avaló la idea de “garantizar el rol técnico del Jurado de Enjuiciamiento, ampliando y abriendo la participación ciudadana”.

En igual sentido, el oficialismo impulsa tal integración de la sociedad civil en el tribunal, según la campaña que desarrolló en 2005 a raíz de la consulta popular por la reforma.

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