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Un extraño criterio de verdad y justicia

En un capítulo del libro La hora de la verdad, la doctora Claudia Mizawak subraya que todas las denuncias del ex fiscal de investigaciones Administrativas (FIA), Oscar Mario Rovira, contra Jorge Busti, fueron archivadas.

La profesional no deja pasar, y en la edición se marca con tipografía destacada, en negrita, que en la lista de jueces que consideraron inválidas las demandas aparecen tanto los designados en gestiones de Jorge Busti como los nombrados en mandatos radicales, siempre en manos de Sergio Montiel.

El libro en cuestión es de autoría del ahora nuevamente gobernador Busti. Fue editado a mediados de 2003. El entonces senador nacional se posicionaba como el candidato natural del justicialismo para suceder la gestión radical. La hora de la verdad llevaba un subtítulo: La política difamatoria del gobierno de Montiel y el fin de la obra era reivindicar la imagen del ahora mandatario luego de la seguidilla de denuncias en su contra presentadas por la FIA.

Decíamos que Mizawak subraya en el libro de Busti que tanto los jueces nombrados por el justicialismo, como por el radicalismo, resolvieron archivar causas presentadas contra el mandatario. Mizawak escribía, entonces, como abogada defensora del denunciado. El párrafo, destacado en negrita en el libro, supone que un criterio de verdad y justicia surgiría de que tanto “jueces radicales” como “jueces peronistas” fallen en igual sentido. Y ahí pareciera haber un problema.

La abogada defensora de Jorge Busti pasó a ocupar un cargo en la función pública. Ante la renuncia del doctor Jorge Romero, el Senado de la provincia no demoró en aprobar el pliego de Mizawak como fiscal de Estado.

Desde ese lugar, propició la conformación de la Oficina Anticorrupción y Ética Pública (OAEP) que funciona bajo su órbita.

Como bien lo había señalado en el libro, todas las denuncias de la FIA contra Busti fueron archivadas. Las que no, siguieron su curso con el patrocinio de la OAEP que declara que un 30 % de los expedientes en trámite tienen origen en la FIA. No fue tan fácil pasar de un lado al otro. Una demanda civil por daño moral, contra Rovira y contra la Legislatura, la encontró en dos lugares contrapuestos en el mismo expediente: como apoderada de Busti presentó la demanda y, luego, como fiscal se encontró al frente del organismo que debió responder en defensa de los recursos del Estado.

La causa sigue su curso en el Juzgado de Instrucción Nº 5. El Gobernador ha cedido los derechos que pudieran surgir a una fundación de bien público.

En esta, su tercera gestión, Busti delegó las facultades que le confiere la Constitución para nombrar, con acuerdo del Senado, a los jueces de la provincia.

Es unánime la consideración política respecto del avance institucional que ha implicado la creación del Consejo de la Magistratura en Entre Ríos. Tanto que en breve todo el arco político propiciaría la inclusión del organismo en el texto de la Constitución, apenas se inicie el debate de la reforma en enero del año próximo.

El gobernador ha retenido para sí la atribución de remitir los pliegos de vocales del Superior Tribunal de Justicia. Así, con acuerdo del Senado, asumieron las doctoras Susana Medina de Rizzo, Leonor Pañeda y el ex presidente del bloque de diputados justicialistas, Emilio Castrillón.

Fue el último caso el que desató la polémica y activó —sin éxito— los mecanismos previstos para impugnar el nombre de quien fuera la mejor espada del oficialismo en la Legislatura provincial.

La remisión del pliego al Senado de la fiscal de Estado, Claudia Mizawak, insinúa una nueva polémica. ¿Tiene sentido poner en debate el abultado currículum de la doctora propuesta? ¿Alguien pone en duda la idoneidad de la profesional? ¿Sirve de algo recordar que el doctor Busti tiene la atribución constitucional de nombrar a los jueces?

El asunto —está claro— pasa por otro lado. Se trata de la independencia de los poderes del Estado. Se trata de que en la provincia, pese a existir un Consejo de la Magistratura, sigue siendo posible un extraño criterio de verdad y de justicia: el que surgiría de la coincidencia entre los fallos de “jueces justicialistas” y los de “jueces radicales”.

NNAALuz Alcain, para El DiarioNNCC

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