Este miércoles se conoció un hecho jurídico que traerá cola. Fue cuando los abogados que tuvieron intervención en el juicio en el que fueron juzgados y condenados Sergio Urribarri, Juan Pablo Aguilera y Pedro Báez, entre otros, pareciera seguir.
La figura central de este nuevo episodio que el público había dado por terminado es la de Hugo Fernando Montañana, uno de los empresarios de la publicidad que debía ser juzgado en el juicio que comenzó el 27 de septiembre de 2021 en Paraná, pero no pudo presentarse en el debate porque se encontraba internado en el Hospital Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay por un cuadro de meningitis.
En su momento, su abogado Emilio Fouces había solicitado que se postergue hasta tanto su defendido se recupere con el argumento de que al no estar presente no tenía la posibilidad de defenderse. El Ministerio Público Fiscal se opuso y decidió apartarlo del proceso y, en otra oportunidad, juzgarlo.
Ante el pedido del defensor que se suspenda el debate, fue la fiscal Patricia Yedro la que rechazó la petición y expuso una salida alternativa: “Más allá de lo sorpresivo del planteo, consideramos que si bien el diagnóstico es incierto, hay un interés mayor que es el de respetar los plazos razonables. Hay muchas personas imputadas, funcionarios públicos involucrados que estarán interesados en que se resuelva su situación procesal. Por eso propongo que se separe a Montañana de este debate y oportunamente sea llevado a juicio”, argumentó la representante del Ministerio Público Fiscal, que llegó al juicio acompañada por sus pares Gonzalo Badano, Juan Francisco Ramírez Montrull y la entonces procuradora adjunta, Cecilia Goyeneche.
Los jueces José María Chémez, Carolina Castagno y Elvio Garzón hicieron lugar al planteo de Yedro y se resolvió que el empresario sea juzgado cuando esté en condiciones. Es lo que sucederá ahora.
El juicio, se sabe, se llevó adelante y los principales imputados fueron condenados y sus penas fueron confirmadas en dos instancias. Incluso en ese marco fueron detenidos en la Unidad Penal N°1 de Paraná.
Montañana está involucrado en la “causa de la vaca”, como se la conoció en referencia a la cartelería. Fouces entiende que está ante un hecho inédito. Deberá enfrentar un juicio oral y público donde ya se dijo todo y se probaron los hechos. ¿Qué hacer con el diario ya escrito? ¿Cómo se hace una defensa con todo resuelto?
Luego de algunas recusaciones de vocales que en su momento en carácter de fiscales tuvieron participación en la investigación – según supo Página Judicial, el tribunal estará integrado por Castagno; Julián Carlos Vergara; y Garzón.
La apelación a los “plazos razonables” de la fiscal Yedro es interesante traerlos a colación, porque fue su jefe el que se opone a una reforma que propone el Poder Ejecutivo en el Código Procesal Penal, que fija tiempos en las investigaciones. El proyecto está trabado en la Comisión de Legislación General del Senado.
La negativa de Jorge Amilcar Luciano García no tuvo eco en otros sectores del Poder Política. El proyecto, vale aclarar, hace referencia a las investigaciones, pero no hace referencia a los plazos, por ejemplo, que tienen los vocales para resolver.
Unas de las principales dificultades que tiene “la Justicia” y que advierte la sociedad y puede observar en los trabajos de opinión pública es el tiempo que lleva un proceso. En el ámbito institucional las observaciones son más graves. Ante la falta de criterio para fijar plazos, se tiende a pensar que ese vacío o discrecionalidad alienta a que se tenga a una persona en situación de sospecha durante el tiempo que se quiera. No suena saludable para el sistema y la sociedad.
Fuente: Página Política
