¿Quién es el culpable del costo político que deberá pagar Sergio Urribarri por el conflicto universitario? Esa pregunta se la hacen algunos en el gabinete. Cada uno tiene un culpable, pero nadie dice nada. Ni siquiera en un estricto off de record.

Otra vez la Universidad Autónoma de Entre Ríos es el motivo que hace retroceder al gobierno. Sucedió con el proceso de normalización, cuando la Asamblea Interclaustros llevó hasta las últimas consecuencias una toma de Rectorado que duró 56 días. En esa ocasión inclinó la balanza a su favor y logró establecer que la elección para elegir al primer rector normalizador sea antes de fin de año. Eso sucederá el 21 de diciembre.

Cuando todo parecía transitar por el sendero de lo acordado entre las autoridades del Ejecutivo (incluido el rector Marino Schneeberger) y los representantes de la Interclaustros para que la Uader se normalice de una vez por todas y luego de 12 años, apareció un nuevo conflicto: la necesidad de crear una universidad nacional sobre la base de la que ya está.

Un debate que mereció ocupar amplios espacios en diferentes ámbitos se puso en la agenda de una forma tragicómica. Fue por un tweet del senador nacional Daniel Filmus al salir de una reunión de la Comisión de Educación y Cultura donde se acababa de firmar el dictamen que creaba la Universidad Nacional Fermín Chávez. Un militante local, rápido de reflejos, le suplicó por el mismo medio al legislador y ex ministro de Educación m,ás información, pero éste sólo le informó que había pasado a la Comisión de Presupuesto.

Pasaron unos días en que autoridades universitarias y legisladores no atendían el teléfono. Sí lo levantó el senador radical Arturo Vera. Se acababa de enterar por su par de Entre Ríos, la oficialista Elsa Ruiz Díaz que “había un proyecto”. Punto. Horas después, Página Política levantó el dictamen posteado por un integrante de la Interclaustros. En minutos se replicó en otros medios y la noticia se convirtió en otros pocos minutos en un argumento fatal para vapulear en las redes sociales al gobierno. Concretamente a Urribarri.

La voz oficial

En los días siguientes la única voz que se escuchó en un conflicto que se empezaba a acrecentar fue la de la comunidad universitaria. La primera señal gubernamental que salió a sentar una posición fue la del ministro de Educación, Eduardo Lauritto. En una entrevista con El Diario explicó la necesidad de “nacionalizar” la Uader.

A los dos días, Lauritto y el ministro de Gobierno, Justicia y Educación, Adán Bahl, brindaron una conferencia de prensa en Casa de Gobierno. Allí hubo algunas certezas acerca de las garantías para estudiantes, personal administrativo y docentes. También se dejó la sensación de incertidumbre. Luego el gobernador dio una entrevista, pero el conflicto estaba avanzado. Tres de cuatro facultades expresaron el rechazo a la iniciativa que avanzaba en el Congreso y la comunidad universitaria anunció una marcha para este jueves a Casa de Gobierno.

Distintas voces, que no fueron muchas, dijeron cosas que no cayeron bien en la comunidad universitaria. Guillermo Gustavino, que había habido “un importante debate”; Bahl, que el tema era público hacía un año, cuando la entonces senadora Blanca Osuna presentó un proyecto. Estas frases fueron comidilla para los uaderistas que hicieron estallar Facebook con sus críticas.

Preguntas

¿Sabrán en el gobierno que la nacionalización no es tan resistida como parece, siempre que la misma sea debatida en el ámbito adecuado y con los actores que surjan del proceso de normalización? Esa información se la encuentra en encuentros, reuniones, gestiones, paneles informativos.

¿Urribarri, al frente del Poder Ejecutivo con lo que eso significa, pudo haber sabido todo lo que se estaba diciendo o pensando en la universidad? Para eso un gobernador tiene ministros. Profesores y alumnos que jamás habían participado de la vida universitaria se empezaron a anotar para la movida que se consigne. En la Uader se hizo, quizás, lo que no se hizo en el gobierno o en el oficialismo: política y militar hasta convencer a una mayoría.

La Uader, a diferencia de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), tiene una herramienta crucial ante cualquier conflicto: la capacidad de movilizar. Eso se pudo constatar en el conflicto anterior.

La decisión de dar marcha atrás fue del gobernador en soledad. De allí la sorpresa que varios expresaron por estas horas. Lo confesó a Página Política una fuente cercana al mandatario. El olfato volvió a guiar a Urribarri cuando pudo ver que las opiniones en el ámbito académico y estudiantil no le eran favorables. Las redes sociales jugaron un rol esencial en la circulación de la información. El gobernador no le teme a dar marcha atrás con una medida. Lo hizo con el proyecto que concesionaba las islas del delta entrerriano.