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Velázquez: “No he visto acá que acreditaran el retorno”

El defensor de Báez aseguró que en todos los legajos que se investigan “la valoración probatoria tiene una base subjetiva”. Cuestionó en duros términos al Ministerio Público Fiscal.
Por: Redacción de Página Política

La segunda parte de los alegatos de este jueves en la causa que tiene a Sergio Urribarri como principal imputado fue para José Velázquez, abogado defensor de Pedro Báez, por quien Fiscalía solicitó 10 años de prisión efectiva. Sucedió a Ignacio Díaz, quien se encargó de hacer un repaso por las cuestiones administrativas en la contratación de publicidad. (Ver nota aparte)

Velázquez expresó críticas muy fuertes contra el Ministerio Público Fiscal, al que acusó de tener actitudes “sesgadas y arbitrarias” en favor de “sectores de la política, criminalizando lo que ellos quieren”. Acusó al organismo acusador de “erosionar la conciencia democrática”.

El abogado, que también representa a German Buffa y cuyo alegato fue prorrogado para el jueves que viene, se refirió a un “mismo modus operandi” que se basa en “la denuncia pública, la apertura de causa, los allanamientos y las filtraciones”. Seguro, como la ha dicho públicamente que en Entre Ríos opera el Lawfare, dijo que de las imputaciones se enteró por un medio de comunicación. “Pónganse en nuestro lugar cuando nuestros representados nos preguntan por qué no les avisamos que fueron procesados, y les tenemos que decir que no estábamos notificados”, contó, y aprovechó para salvar a los fiscales y apuntar a la conducción: el procurador Jorge García y su segunda Cecilia Goyeneche. A esta última le dedicó un párrafo al acusarla de haber sido quien politizó el proceso en su enfrentamiento con Sergio Urribarri, el principal imputado. “Nada de lo que dijo es verdad. Lo único que hizo fue trabajar sobre el chisme, la fábula, el prejuicio. Todas cuestiones innatas en el lenguaje social: si es político es corrupto, más corrupto si es peronista, y mucho más si es peronista K”, se enojó.

Después pidió “volver a la ley, porque destruyeron la credibilidad en las instituciones” luego de que sea la procuradora, hoy suspendida en el marco de un proceso de investigación, la que le haya faltado el respeto al Tribunal.

Con un prólogo subido de tono, Velázquez enfocó buena parte de su alegato en articular lo político con lo jurídico. “Si no les gusta la gestión o el proyecto político, está bien, armen un partido, preséntense y ganen elecciones. Pero no lo hagan desde este lugar”, le apuntó a la parte acusatorio. Y agregó: “El derecho es uno solo, hay distintas ramas y tiene que haber diálogo entre todas las ramas. Acá parece que el derecho penal está aislado y no es así, es necesario ir a distintas normativas para entenderlo. Si no vamos a las distintas normativas, permitimos que ingresen los criterios del Ministerio Público Fiscal”.

Para el abogado, “la valoración probatoria tiene una base subjetiva”, además que “los hechos son falsos, no están acreditados, son sobre presunciones de chismes. Gran parte de los hechos están fundados en conversaciones”.

Cuestionó los números a los que llegó la acusación en el plano del dinero. Irónicamente habló del “dólar García” y pegó duro contra los peritos, como lo hizo su antecesor, Ignacio Díaz.

Repasó todo el proceso de contratación y certificación de las publicidades en la vía pública, el núcleo duro de la causa que reúne cinco legajos. Puso de relieve los testimonios de funcionarios y ex funcionarios que se desempeñaron y aún lo hacen en el área de contrataciones de publicidad, en donde no aparece, “en ningún momento, irregularidades” al respeto. “Hay algo interesante” – comentó –  “cuando le hicieron una recomendación al ministro (Báez), donde no tenía la obligación de acatarla, la acató”. Y siguió: “Queda demostrado que no hay ningún hecho cierto y acreditado que se pueda derivar del procedimiento administrativo”.

Habló también de la acusación sobre la existencia de cartelización y posiciones dominantes por parte de empresas en la contratación de publicidad en la vía pública. La referencia son las firmas de Hugo Montañana y Jesús José María Bustamente. “Es imposible que haya competencia. No puede haber competencia entre los medios. Pero en lo que respecta a vía pública, si yo tengo el cartel en mi casa, con quién voy a competir. Es una decisión de la administración si me quiere contratar a o no. Punto. No hay competencia. Es imposible”, aseguró. Y añadió: “Si usted debe afrontar una campaña y necesita un medio televisivo en Paraná, busca el más visto, Canal Once, se contrata y punto. ¿Quién va a competir? No hay forma. Es una decisión administrativa”.

Enseguida hizo referencia al hecho que se investiga donde se asegura que hubo direccionamientos a las imprentas Tep SRL y Next SRL, que se le adjudican a Juan Pablo Aguilera. La primera para publicidad y la segunda para cuestiones impresas. “Si se observan los informes de Contaduría General y del Ministerio Público Fiscal que se han enviado y que se encuentran en el legajo se encontrarán con que lo que contrató fue a un valor de 16.961,86 a Next. Eso es lo que contrató la secretaría de Cultura, pero no publicidad, pero en el hecho se sigue insistiendo con que era publicidad”.

Paso seguido anunció otro punto inquietante y de relevancia en la causa: “Quiero hablar de los retornos”. “No he visto acá que acreditaran el retorno. Que acreditaran cuáles eran los indicios del retorno. Lo dijo muy claro el señor (Emilio) Fouces ayer. Hay dos formas por lo menos de generar un indicio de retorno. Primero hay que pedir los informes de Tep y ver cuantas extracciones de dinero en efectivo hubo. Sería lo lógico para llegar al retorno.  Segundo: a través de salidas no documentadas, osea que habría que crear otras empresas para acreditar las salidas y que esas otras empresas sean de Juan Pablo Aguilera. Es una cuestión clave. AFIP tiene un estricto control sobre todo lo que es publicidad y servicio, porque en la medida que te acercás al 30 por ciento del gasto de tu facturación se prende una luz amarilla. Si llegás al 40 o 50 se prende la luz roja y tenés una inspección”, explicó. “Tep no tiene ninguna inspección, por ende todas las facturas, recibos o gastos que tuviere acreditado no son objetables”, cerró.

La jornada fue finalizada a pedido de la defensa y continuar el jueves que viene. Velázquez aún le quedó un capítulo, que es el que refiere a Buffa.

Fuente: Página Política

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