Las comisiones de Legislación Penal y Mujer y Diversidad de la Cámara de Diputados de la Nación han hecho un trabajo conjunto de repaso de proyectos de ley vinculados a la Violencia de Género, evaluaron el impacto de herramientas jurídicas como el juicio abreviado y la suspensión del juicio a prueba; plantearon reformas a la ley vigente indispensables para su mejor operatividad.

Fue en tres encuentros en los que escucharon la palabra de funcionarias y especialistas en el tema de todo el país. En el último encuentro expuso la secretaria de Mujeres, Género y Diversidad del Ministerio de Desarrollo Social de Entre Ríos, Mariana Broggi.

Tras ese trabajo conjunto, las comisiones sesionarán este lunes, a las 15, en una reunión informativa de la que participará la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta.

La diputada entrerriana, Carolina Gaillard, preside la Comisión de Legislación Penal y convocó a seguir el intercambio y hacer aportes a través de las redes sociales de la Cámara de Diputados de la Nación. La legisladora nacional coordinará el encuentro junto con su par de la Comisión Mujeres y Diversidad, Mónica Macha.

Proyectos en debate

En un punteo de los temas abordados en tres encuentros, Gaillard hizo saber que hay proyectos de ley que abordan distintos aspectos que hacen a la violencia de género y que refieren, por ejemplo, a la ampliación de los tiempos de prescripción para delitos sexuales; una regulación específica para la suspensión del juicio a prueba (probation) en casos de violencia de género; creación de la figura penal del acoso laboral; regulación de la legítima defensa en contextos de violencia de género; grooming, divulgación de imágenes íntimas, entre otros delitos a través de las redes que afectan especialmente a niñas y adolescentes.

Hay también proyectos para darle legitimidad procesal a las organizaciones sociales y también para promover la obligatoriedad de la denuncia ante determinados delitos.

También se hizo visible la necesidad de ampliar las penas ante la violación permanente de las restricciones perimetrales impuestas al violento. En este sentido, se propone también una política que imponga mecanismos de monitoreo al imputado y menos a la víctima.

Se abordó también la previsión de la prisión domiciliaria para mujeres madres, ampliando esta posibilidad no sólo a embarazadas sino a quienes tienen hijos o personas con discapacidad a su cargo.

Para Gaillard, los encuentros fueron relevantes para “desmitificar la voluntad punitivista” del movimiento feminista; se logró “darle voz a los problemas de las mujeres y la diversidad para el acceso a la justicia” y se puso en evidencia “a estructura binaria y heteropatriarcal con la que se piensan las leyes y las leyes penales en particular”.

Además, se rescataron “estrategias jurídicas pero también sociales y comunitarias impulsadas desde la lucha feminista en contra de la revictimización y la impunidad”, dijo Gaillard a la vez que evaluó la necesidad de apostar a “abordajes integrales que atiendan a la complejidad del problema” para el que no hay “soluciones unívocas”.

Reformas esperadas

En los encuentros, además, se evaluaron los resultados de la Ley 26.485 de Protección Integral de las Mujeres. Se instó a que sea tenida en cuenta la norma “en todos los fueros de la justicia” y por los jueces penales de todas las provincias. Se apuntó que esto no ocurre, lo que supone la necesidad de capacitar pero también legislar “para cambiar una cultura jurídica respecto de cómo se integran las leyes en los diversos fueron y la operatividad de los tratados de Derechos Humanos”.

Distintas voces pusieron de manifiesto que “las mujeres se ven enredadas en numerosos procesos que terminan revictimizándola o agobiándola –tienen que dejar de ir a trabajar para declarar, pericias, informes, etc–; no hay patricinios jurídicos gratuitos suficientes para que la mujer se pueda constituir como querellante y así tener mayor incidencia en el proceso”. Se advirtió que en alrededor de un 80% de los femicidios no hubo denuncia previa.

En los apuntes del trabajo de las comisiones, se lee la “necesidad de reforma integral del Código Penal introduciendo conceptos con perspectiva de género” y se puso como ejemplo que “no existe una definición en el ámbito penal de qué es violencia de género”.

Se cuestionó que todas las medidas estén centradas en la víctima y no en controlar al agresor. Se instó a trabajar “sobre las masculinidades desde lo educativo” y se puso el acento en la necesidad de generar estadísticas ya que si bien existe un registro nacional ante femicidios, no hay datos de otros tipos de violencias.

Herramientas

Se evaluaron ventajas y desventajas de la suspensión del juicio a prueba, su oportunidad o no en los casos de violencia de género.

Se advirtió que es muchas veces la única posibilidad de que la víctima tenga algún tipo de reparación y el imputado algún tipo de pauta de conducta atendiendo a que “la principal necesidad de las mujeres es el no contacto con sus agresores y la garantía de no
repetición”.

Como desventajas surge que las reparaciones no parecen ser suficientes y que además en un 45% no fueron cumplidas por el imputado.
“No se advierte activismo por parte de los y las operadoras judiciales ni del Ministerio Público Fiscal, en cuanto al control de las medidas decretadas en el marco de la suspensión del proceso a prueba”, se cuestionó en el debate.

Con relación al juicio abreviado se estimó que actualmente “se sentencian porcentajes cercanos al 50 % de las causas que se radican ante los tribunales de juicio”. “Acá se garantiza una pena” se destaca, fundamentalmente en relación a kas dificultades probatorias de los delitos que afectan a las mujeres, especialmente en el terreno de los abusos sexuales.

Estos y otros asuntos serán abordados en la reunión abierta convocada para este lunes, desde las 15, en el canal de Youtube de la Cámara de Diputados de la Nación y en las redes sociales del cuerpo deliberativo.