El Gobierno decidió dar un giro en lo que respecta a la agenda judicial. Los temas atinentes a la actividad tribunalicia encontraron al Poder Ejecutivo enredado en polémicas con esa comunidad.
El proyecto de reforma al Consejo de la Magistratura mereció la crítica de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos en algunos puntos. La iniciativa, que tiene media sanción en la Cámara de Diputados, tendrá modificaciones. Se hizo lugar finalmente a los aportes de la entidad que aglutina a los magistrados.
Entre los cambios que se dará marcha atrás se anotan la eliminación del banco de casos y los concursos anticipados, aquellos que se pretendía convocar sin que se produzca la vacante, lo que sonaba disparatado para la actualidad del Consejo, que en lo que va de la actual gestión no ha podido llamar un solo concurso.
Alejandro Cánepa, presidente del gremio de jueces, había cuestionado un avance sobre la autonomía de los estamentos para elegir a sus representantes. El proyecto con media sanción implicaba que sólo podrían ser consejeros los jueces, fiscales o defensores, pero ya no secretarios, por ejemplo. Incluso se llegó a plantear visos de inconstitucionalidad. Con esto se dará marcha atrás.
Otro punto que había quedado en el centro de la crítica era la apelación ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ), acción incorporada en la última reforma. El Gobierno mantiene lo propuesto en su proyecto: el contencioso administrativo.
El nuevo texto se tratará en las próximas semanas y volverá a Diputados para su sanción definitiva.
La otra reforma que había quedado en un impasse había sido la del Código Procesal Penal. En su momento reducido a lo que se conoce como “plazos razonables” en el proceso de investigación. Se retomará con la apertura de un ámbito de consultas con el fuero. Esto es la Sala Penal del STJ, la Procuración General, la Defensoría General y el Colegio de la Abogacía, entre otros. Ese espacio lo coordinará Rubén Virué, respetado jurista y un crítico del sistema penal.
En carpeta quedó la idea de incorporar la figura de la “responsabilidad penal en las personas jurídicas”. Esto significa que empresas, organizaciones o fundaciones pueden ser responsables penalmente por delitos cometidos por sus representantes legales o empleados en su nombre, interés o beneficio. Esta responsabilidad se extiende a delitos como cohecho, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con la función pública, entre otros. En códigos de diferentes provincias se ha incorporado.
Este cambio de perspectiva y apertura de iniciativas coincide con la asunción de Julián Maneiro a la Secretaría de Justicia a instancias del ministro de Gobierno, Manuel Troncoso. Quien también se incorporó en el equipo para trabajar estos proyectos fue el abogado penalista, Marcos Rodríguez Allende.
Fuente: Página Política
