En los últimos días se abrió en el ámbito académico local un interesante debate acerca de la Ley de Medios. El Consejo Directivo de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) emitió un documento rechazando el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de Mauricio Macri, mientras que dos profesores de la casa decidieron poner de manifiesto una opinión autónoma.

Página Política publica, sin intervención alguna, publica los dos documentos:

La FCEDU y las políticas de comunicación del gobierno nacional

La Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos expresa su preocupación por las recientes medidas implementadas por el Gobierno Nacional en materia audiovisual y de telecomunicaciones, como así también por la forma jurídica utilizada.

En este sentido, si bien es competencia del Presidente de la Nación proceder a la utilización de un Decreto de Necesidad y Urgencia, resulta sumamente grave que se recurra a este mecanismo para modificar las atribuciones y contralor de funciones que fueron determinadas por dos (2) Leyes Nacionales la Nº 26.522/09 (Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual) y las Nº 27.078/14 (Argentina Digital. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones), ampliamente debatidas y sancionadas por el Congreso de la Nación. Para decirlo en otros términos, no es la atribución del Presidente de la Nación de reformular Ministerios (o crear nuevos) lo que se discute, sino marcar la enorme diferencia en lo que refiere al fortalecimiento y la calidad institucional que implica la participación de la ciudadanía y del Congreso Nacional en la elaboración de leyes, en contraste con un Decreto de Necesidad y Urgencia que pretende alterar las dos leyes precitadas.

Concretamente, esta forma jurídica del D.N.U. elude explícitamente -e implica la negación taxativa del Presidente de la Nación- de convocar a sesión extraordinaria del Congreso de la Nación para que se expida en torno a las atribuciones conferidas por dos Leyes Nacionales, que ahora –por decreto- pasan a la órbita del Ministerio de Comunicaciones. Desde esta FCEDU y en sintonía con la participación de docentes y estudiantes de comunicación social de todo el país en los debates en torno a la L.S.C.A. Nº 26.522 en el año 2009, manifestamos nuestra preocupación por la pretensión de avanzar por Decreto contra el proceso democrático de construcción de una ley (nunca antes vista en la historia de la legislación argentina), como así también por la deliberada omisión del Congreso de la Nación.

Si la “forma” resulta preocupante, no lo es menos el “contenido” al que se alude con el D.N.U. Nº 13/2015, ya que avanza –como se expresó antes- no sólo sobre dos leyes nacionales, sino que crea el Ministerio de Comunicaciones, identificando la regulación de los Servicios Audiovisuales (Ley 26.522) con la de las Telecomunicaciones (Ley 27.078). En este sentido, si recurrimos al ítem específico del “considerando” del D.N.U. Nº 13/2015 que dice “Que, en atención a la creciente complejidad, volumen y diversidad de las tareas relativas al desarrollo de las comunicaciones y su regulación, y la necesidad de contar con una instancia organizativa que pueda dar respuesta efectiva a los desafíos presentes y futuros en la materia, previendo una mayor coordinación entre las áreas intervinientes, se hace necesaria la creación del Ministerio de Comunicaciones, en el cual funcionarán los organismos descentralizados Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual y Autoridades Federal de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, ambos actualmente en la órbita de la Presidencia de la Nación”, se observa claramente la definición que oficializa el gobierno nacional sobre la Comunicación, a la que identifica antes bien con el desarrollo tecnológico que como el Derecho Humano con que se incorporó en la LSCA 26.522.

En este sentido, la creación de un Ministerio de Comunicaciones que agrupa al sector audiovisual con las telecomunicaciones, implica no sólo reducir la comunicación a su arista tecnológica, sino que además pretende retrotraer la definición de Comunicación a la de Radiodifusión que estableció el Decreto-Ley Nº 22.285 de la dictadura, perdiendo así el status logrado mediante la participación ciudadana y el debate en el Congreso Nacional.

Las primeras declaraciones al respecto de Oscar Aguad como Ministro de Comunicaciones, las cuales repudiamos, generan preocupaciones sobre las que nos parece importante agregar algunas consideraciones. En diversas notas publicadas en muchos medios de comunicación ha expresado que “La regulación de la Ley de Medios no va a subsistir durante nuestro Gobierno”; y que “La norma fue creada para aniquilar a medios de comunicación, como por ejemplo al Grupo Clarín, y también a otros, como Cadena 3, con los que el Gobierno no estaba de acuerdo”.

En primer lugar es necesario volver a destacar que la Argentina no posee una Ley de Medios, sino que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual contempla, como su nombre lo indica, solamente a los servicios audiovisuales y de ninguna manera a los medios gráficos (Diarios y Revistas); por lo cual es preocupante que el Ministro de Comunicaciones (de profesión abogado y sin formación en Comunicación Social), aluda a la LSCA en esos términos.

En segundo lugar, si se toma como advertencia que la Ley no va a subsistir, y dado que una Ley sólo es modificada total o parcialmente por otra ley, ello podría considerarse un anuncio oficial de que el actual gobierno nacional impulsaría un nuevo proyecto en materia Audiovisual. Al respecto, el Ministro Aguad pretende argumentar esta postura sosteniendo que la LSCA fue creada para aniquilar a medios de comunicación, lo cual no se ha verificado en sus 6 años de vigencia.

De todos modos, y dado que un nuevo proyecto supone la redacción de una nueva norma, la LETRA de la Ley 26.522 en ninguno de sus 166 artículos promueve el cierre de medios (y mucho menos su “aniquilamiento”), sino que promueve la desconcentración y la democratización a partir del ingreso de nuevos prestadores y personas jurídicas (por ejemplo, las ONG, las cooperativas y los pueblos originarios).

De allí entonces que la FCEDU llame a las autoridades nacionales a una serena reflexión respecto de la diferencia entre la letra y su implementación, dado que el texto aprobado en 2009 es el reflejo de la participación de Universidades Nacionales, Sindicatos, Pueblos Originarios, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, Estudiantes, Medios Comunitarios y Cooperativos, y también de asociaciones internacionales como AMARC, ALER, FELAFACS, etc. que si bien tuvieron como objetivo democratizar el sistema comunicacional argentino absolutamente concentrado, ello de ninguna manera estaba impulsando ningún tipo de “aniquilamiento”.

Por todo lo expuesto, la FCEDU hace pública su preocupación y exhorta a la comunidad académica y a la ciudadanía en general a defender la vigencia de la institucionalidad, el respeto por la participación popular y a las atribuciones del Congreso de la Nación; como así también a manifestarse democrática –pero firmemente- ante futuras resoluciones del Gobierno Nacional que atenten contra la vigencia de las Leyes de Servicio de Comunicación Audiovisual (Nº 26.522) y de Telecomunicaciones (Nº 27.078).

La respuesta llegó por parte de Luis Lafferriere y Gustavo Lambruschini, profesores en la Carrera de Comunicación Social de la misma universidad:

Medios de comunicación, kirchnerismo y macrismo

La continuidad esencial de las políticas comunicacionales desde la última dictadura militar

I

Los derechos de la comunicación son la parte esencial del conjunto de los derechos humanos, pues son los que permiten denunciar la violación de todos los otros derechos y denunciar las injusticias y opresiones que sufren y padecen los oprimidos. Así pues, la libertad de expresión de todas las opiniones, la pluralidad de todas las voces, la mirada crítica sobre todos los poderosos, el derecho a estar informados adecuadamente, la independencia de los periodistas y de los medios respecto del poder económico y político, la apertura de los medios estatales a todos los movimientos y luchadores sociales, el acceso a la información pública constantemente retaceada y tergiversada, entre otros, constituyen una necesidad para fortalecer la democracia y la república y para que los más oprimidos y humillados puedan defenderse.

Desde mediados de los años ’70 la sociedad argentina vive un serio retroceso en materia de libertades comunicacionales. La censura sistemática del gobierno del General Perón y de su mujer, y la rígida represión a esas libertades y al ejercicio de esos derechos que significó la política de la última dictadura, tuvieron una continuidad ininterrumpida durante la vigencia del gobierno kirchnerista. Éste siguió una estrategia de apoderarse de la mayor cantidad posible de medios; usar un sistema de premios y castigos (chequera y látigo) para difundir su «relato» entre falso y fantasioso; usar la comunicación (oficial y privada) para ocultar sus políticas de entrega, depredación, corrupción y represión negando la posibilidad de ese conjunto esencial de derechos humanos que constituye la comunicación para la libertad y para la emancipación social y política.

En continuidad con la política ya experimentada en Santa Cruz, esas graves violaciones al ejercicio de esos derechos se llevó a cabo de manera sistemática tanto a nivel nacional como en nuestra provincia, donde la abrumadora mayoría de medios (impresos, radiales, televisivos y digitales) se puso al servicio incondicional del partido gobernante, en especial de las cúpulas dirigentes, lo que condujo a un estado de desinformación y ocultamiento de la realidad, en perjuicio principalmente de muchas organizaciones y sectores de la sociedad que reclamaban de manera legítima ante las injusticias y los males que los afectaban.

La política de comunicación del kirchnerismo, la represión de la libertad expresión y de las otras libertades antes citadas, son inescindibles de la represión de la actividad política (leyes proscriptivas en las elecciones), de la represión de la actividad sindical (negación del reconocimiento de asociaciones de trabajadores), de la represión de los movimientos sociales (pueblos originarios, ecologistas, de mujeres abortistas, etc.), de la represión de la protesta social (Ley Antiterrorista y de «regulación de la protesta»).

La sanción de una ley de medios por parte del kirchnerismo buscó condicionar la comunicación y utilizarla en función de su proyecto oficialista faccioso. Para lograrla se pasaron por encima normativas formales, se hizo uso de las mayorías automáticas, y se pretendió a través de numerosas audiencias aparentar una participación que no se reflejó en el texto final de la ley aprobada. Su articulado deja mucho que desear, en especial por el hecho de que los dos organismos claves (Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual y Directorio de los medios estatales) estaban comandados por el partido gobernante, y las medidas que pretendían evitar el control monopólico u oligopólico de los medios eran más permisivas que la ley de la dictadura militar. Aun así, el propio gobierno kirchnerista que impuso la ley no la cumplió a lo largo de los años que tuvo vigencia, lo que fue en perjuicio de los medios comunitarios, alternativos y populares que siguen reclamando por el efectivo cumplimiento de la misma, además de otras demandas por sus derechos legítimos que no fueron contemplados.

II

El cambio de gobierno sucedido en el mes de diciembre pone otros actores a cargo del Estado nacional, que van a significar el continuismo esencial de las políticas de comunicación que afectan gravemente los derechos y libertades que no fueron reconocidos ni defendidos por los gobiernos anteriores. Pretenden modificar por decreto la legislación vigente, pero no para mejorar sino para agravar la falta de vigencia de libertad y democracia en las comunicaciones, dejando más libertad a los grandes grupos y sin ofrecer ninguna perspectiva que modifique el rumbo cuestionable de los gobiernos anteriores. Creemos que así como debemos repudiar cualquier intento de censura oficial y de control de los medios por parte del poder económico o político a su servicio, en especial cuando se intenta hacerlo vía decretos, no podemos ignorar todo el atropello que se realizó durante el gobierno kirchnerista y la violación del conjunto de los derechos de la comunicación.

Coincidimos y compartimos la reciente declaración de la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA), que en algunos de sus párrafos expresa: “La RNMA es por definición independiente del Estado, de sus instituciones y de los poderes políticos y económicos. Por eso nuestra posición trasciende la defensa de un funcionario u organismo estatal, para anclarse en la exigencia de que se aplique la Ley y se cumplan los reclamos que desde los medios comunitarios, alternativos y populares venimos planteando desde su debate mismo.”

“El gobierno saliente utilizó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) para montar un aparato comunicacional gubernamental con el afán de disputarle el discurso a los medios opositores y hegemónicos, principalmente al multimedios Clarín. También afirmó que con su aplicación se acabarían los monopolios. Sin embargo a más de 6 años de su sanción esto no ha sucedido y nuestros reclamos sectoriales siguen sin ser resueltos.”

“Ahora, los medios comunitarios, alternativos y populares seguimos presos de una disputa entre dos sectores políticos, el macrismo y el kichnerismo, que manipulan una y otra vez la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, no para multiplicar voces y discursos, sino para confrontar entre ellos. Una disputa en la cual nuestros medios siguen sin ser reconocidos en su especificidad, sin tener licencias, sin la elaboración de un plan técnico que garantice nuestro lugar en el 33% destinado a los medios sin fines de lucro. Volvemos así a quedar frágiles frente a posibles y nuevos decomisos, como pasó en los 90', como pasó durante el gobierno anterior con el allanamiento y secuestro de los equipos que sufrieron nuestros compañeros y compañeras de Antena Negra TV.”

Como miembros de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER expresamos nuestra diferencia con la reciente declaración oficial difundida en su sitio web y en otros medios, ya que invoca a toda la institución y supone que no existe pluralismo y diversidad de opiniones en su seno. Por el contrario, consideramos indispensable promover un debate amplio, democrático y participativo entre los integrantes de los distintos estamentos de nuestra Facultad, convencidos de la importancia que la comunicación y la vigencia de sus derechos tiene para lograr una nueva sociedad, humana, equitativa y sustentable.