La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) fue a la Justicia con una demanda en la que solicita que se declare la inconstitucionalidad del decreto 500/26 del Poder Ejecutivo Provincial por el carácter “no remunerativo” de las sumas que dispuso incrementar en concepto de Fopid y Conectividad.

Además, se demanda el envío de los fondos que corresponden a OSER y Caja de Jubilaciones en concepto de aportes patronales, como así también se abone a los trabajadores pasivos los montos proporcionales que correspondan por movilidad (82%) de los rubros salariales Fopid y CPC (conectividad).

A través del decreto 500/26 -y luego de que su propuesta salarial fuera rechazada por todos los sindicatos docentes en negociaciones paritarias-, el gobierno provincial fijó de manera unilateral un aumento que incluyó montos en negro para trabajadores activos y jubilados.

Agmer rechazó de inmediato el decreto del gobierno -que “además está muy lejos de dar una respuesta a la necesidad de recomposición salarial de la docencia”- y advirtió que “la inclusión de ‘montos en negro’ es una ilegalidad por contradecir lo establecido por la Constitución provincial”.

La Carta Magna entrerriana, reformada en 2008, dispone en su artículo 82, vinculado al régimen del empleo en el Estado, que “todo incremento salarial, otorgado a partir de la presente Constitución, deberá estar sujeto a aportes y contribuciones”.