El Poder Ejecutivo pretende dar el puntapié inicial en su relación con el Poder Judicial. Ha decidido hacerlo sin levantar polvareda. A esa certeza se puede llegar si se repasa el discurso de Rogelio Frigerio ante la Asamblea Legislativa. No hizo una sola mención respecto a la Justicia. Sin embargo, comenzaron a pasar cosas.
La reforma del Consejo de la Magistratura impulsada por el Gobierno tuvo sus primeros capítulos en un marco de tensiones. Las críticas surgieron desde la Asociación de la Magistratura y Funcionarios Judiciales de Entre Ríos. Algunos observadores de las internas judiciales vieron en esa iniciativa que tramita en la Cámara de Diputados la mano del Ministerio Público Fiscal. El procurador general, Jorge García, estaba entusiasmado con el proyecto que le endilgan. Estaba para salir por un tubo, pero ahora pasó a un cuarto intermedio para que se tomen algunos aspectos planteados por el sector crítico.
La lista de fiscales auxiliares que plasmó en un papel el Ejecutivo y que reveló Página Política puso los pelos de punta a integrantes del Ministerio Público Fiscal. No es para menos, algunos tendrán que preparar sus valijas en busca del destino que eligieron cuando se anotaron en el Consejo de la Magistratura. En el Poder Judicial es práctica de años disponer de los cargos ignorando lo que disponen los concursos.
En Casa de Gobierno están dispuestos a hacer respetar los procedimientos, los resultados de las ternas y la manda de los concursos. Saben que tendrán costos en un lugar sensible, como son los tribunales. Pero también tienen la información que los enojados por este asunto son los menos.
Este miércoles, la Comisión de la Comisión de Legislación General del Senado desempolvó la reforma del Código Procesal Penal, que había mandado al tacho el procurador García cuando fue convocado por los legisladores y tachó el articulado que hace referencia a la fijación de “plazos razonables” de inconstitucional. Los vocales de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ); Daniel Carubia, Claudia Mizawak y Miguel Giorgio; habían dado una opinión auspiciosa del proyecto presentado en su momento por Gustavo Bordet.
El Gobierno decidió avanzar con el tema, pero no con el mismo proyecto, según supo Página Política. A los oídos del Ejecutivo llegó la idea de que ese proyecto presentado había sido redactado por el STJ luego del conocido “caso Cozzi”.
Creará una comisión bicameral que tendrá, entre los objetivos, convocar a juristas y actores de la comunidad judicial.El tiempo será una variable a atender. La creación de bicamerales suelen perderse en el olvido. No obstante, el dato político es que el Ejecutivo confirmó sus intenciones de avanzar.
El plazo razonable en el proceso penal es una garantía que está en los códigos de buena parte del país, no así en el de Entre Ríos. El texto que se comenzó a tratar y se desechó solo fijaba una medida de tiempo en la investigación. Es decir al fiscal. El buen servicio de justicia no depende solo del organismo que persigue la acción penal, sino también de quien juzga.
Fuente: Página Política
