A través de un proyecto de Resolución y una abultada exposición de fundamentos, el diputado Pedro Báez instó al gobierno de Gustavo Bordet a que reclame judicialmente por la eliminación del Fondo Federal Solidario (Fondo de la Soja).
En el artículo primero se la iniciativa, se pide al Ejecutivo que, “con la prontitud que amerita la gravedad institucional del caso” se efectuen “las actuaciones tendientes a resguardar los derechos adquiridos de la Provincia de Entre Ríos” ante el decreto que supone la eliminación del fondo.
En segundo lugar, la Cámara de Diputados, si se aprobara el texto, solicita que mediante la Fiscalía de Estado “se inicien las actuaciones correspondientes a la defensa de los intereses provinciales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.
Finalmente, se apela a los legisladores nacionales. Se pide que se los dote de información suficiente para “su intervención en resguardo de los intereses provinciales con el fin de declarar la invalidez” de la medida adoptada por decreto de Mauricio Macri.
El fondo
En los fundamentos, se menciona que el fondo eliminado fue creado el 19 de marzo de 2009,compuesto por “el treinta por ciento (30%) de los montos efectivamente recaudados en concepto de derecho de exportación de soja en grano, sus compuestos y derivados, con la finalidad de redistribuir, de modo solidario, los recursos de origen federal para reforzar los presupuestos destinados a la mejora de la infraestructura edilicia de las distintas reparticiones y/u organismos públicos, sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda y vial, así como para infraestructura e inversión productiva, con expresa prohibición de utilizar las sumas de dicho fondo para el financiamiento de gastos corrientes”.
Se menciona que el fondo cumplió “un papel relevante en el marco las transferencias del gobierno federal destinadas a financiar el gasto provincial en servicios sociales llegando a representar el 26% de las mismas”. “Era en la práctica la refutación de la ‘federalización de los discursos’ por la más conducente ‘federalización de los recursos”, argumenta Báez.
Recordó que las provincias direccionaron a su vez el 30% de los fondos recepcionados vía transferencias a municipios: el 52% a servicios sociales (educación, agua potable y alcantarillado, vivienda y salud) y el 18% restante a servicios económicos a través de obras viales.
“Esa decisión inconsulta y unilateral del gobierno nacional de derogar el Fondo, basándose en la existencia de ‘circunstancias del contexto internacional y la necesidad de acelerar la consolidación fiscal para evitar mayores desbalances’ detrae de las arcas provinciales más 35.500 millones, 8.500 millones en 2018 y 26.500 millones en 2019. La detracción para las municipalidades rondará los 10.000 millones de pesos”, se advirtió tras repasar las consecuencias que esto implicará.
Impacto
Desde su creación, las transferencias que el estado nacional realizó a Entre Ríos, en concepto de Fondo Federal Solidario, según información de la Dirección General de Relaciones Fiscales con Municipios ascendieron a las sumas de $ 105.512.454,34 (2010), $102.565.092,42 (2011), $ 103.648.138,41 (2012), $ 136.448.659,05 (2013) $92.420.657,41 (2014), $ 222.450.188,03 (2015), $290.150.111,28 (2016), $337.650.057,94 (2017) y $ 226.607.597,81 (ENE – AGO 2018), todo en valores nominales, sin considerar depreciación monetaria, lo que hace un total de $ 1.717.452.956,69 ingresados a las cuentas públicas de la Provincia de Entre Ríos, entre enero de 2010 y agosto de 2018.
El golpe a la economía real de los entrerrianos es cruento. Se estima en 500 millones de pesos la pérdida en lo que resta del presente año. De ello, 150 millones estaban previstos transferirse a las municipalidades. Ahora sus tesoreros la verán pasar, y con ello se discontinuarán obras, se perderán puestos de trabajo y más niños serán empujados a la pobreza y a la indigencia. Y de cara al año 2019 significa que dejarán de ingresar a la provincia de Entre Ríos la suma de 1.300 millones de pesos, de los cuales el 30% debían ir a los municipios.
Plan económico
“Está claro y casi no es necesario decirlo. Se mete mano en los bolsillos de las provincias y municipalidades para alargar la agonía de la caja nacional. El cambio no es solo jurisdiccional, también de destino. Se desincentivan actividades productivas para mejorar la capacidad de pago al FMI”, cuestionó Báez en el proyecto.
Tras repasar datos y consecuencias del plan económico del gobierno de Cambiemos, el diputado y exministro apunta: “No esperamos ser atendidos. La historia confirma que el neoliberalismo no tiene libro de reclamos. Pero nosotros les decimos que claro que están pasando cosas y muy graves, y que serán más graves como consecuencia de esta crueldad con la que deciden el destino de los recursos de los argentinos. Esas cosas graves están pasando acá en nuestra provincia y en nuestros municipios, porque las restricciones que pretenden imponer generan pésimos resultados macroeconómicos y empeoran todos los indicadores sociales. Es la crisis más aguda de nuestra historia democrática tocando a las puertas de nuestras ciudades y pueblos”, señala.
