Entre Ríos adherirá a la Ley de Sinceramiento Fiscal. Lo adelantó el martes el ministro de Economía, Hugo Ballay, luego de participar junto a sus pares de otras provincias de una nueva reunión del Consejo de Responsabilidad Fiscal. “Esta semana tendremos redactado un borrador de ley que estamos trabajando con los equipos de ATER y del Ministerio de Economía y presentarle al gobernador (Gustavo) Bordet para que sea debatido en ambas cámaras”, sostuvo el funcionario.
La ley nacional 27.260, en su artículo 49, invita a las provincias y a los municipios a adherir al régimen de declaración voluntaria y excepcional, adoptando medidas tendientes a liberar los impuestos y tasas locales que los declarantes hayan omitido ingresar en sus respectivas jurisdicciones.
Sucede que en Cambiemos se adelantaron a esta necesidad. Hace un mes, la diputada de Cambiemos, María Viola, presentó el 6 de agosto un proyecto de ley por el cual se promueve la adhesión de Entre Ríos a la ley nacional 27.260 que establece el blanqueo de capitales, formalmente denominado régimen de sinceramiento fiscal. En el texto presentado la legisladora argumenta que, sin esta norma que prevé la cobertura contra impuestos provinciales, “traería aparejada la inseguridad jurídica ante alguien que quisiera regularizar dentro del régimen nacional”.
El proyecto, que lleva la firma del resto de los integrantes de su bloque, establece en el segundo artículo que los contribuyentes con domicilio fiscal en la provincia que adhieran al régimen de la ley nacional. “Serán liberados del pago de los impuestos de ingresos brutos, sellos e impuesto a la transferencia gratuita de bienes, que tuvieran origen en los bienes y tenencia de moneda declarados en forma voluntaria y excepcional de acuerdo a dicha norma”, manifestó Viola a El Diario.
En la fundamentación de la iniciativa se hace referencia a que, bajo estos lineamientos, el Poder Ejecutivo Nacional promulgó la ley 27.260 “con la finalidad de que se ingresen todos los activos que han permanecido ocultos a la mirada de AFIP por mucho tiempo, ya sea que estén en el país o en el exterior y por ende impide la percepción de los impuestos correspondientes”, sostuvo la diputada de La Paz.
Exigencia
Sergio Kneeteman adelantó que el bloque que preside insistirá con ese texto. “La adhesión a la Ley de Sinceramiento Fiscal no tiene demasiadas vueltas. Cunado vino (Juan Manuel) Urtubey contó que en Salta ya la habían votado para evitar cualquier cuestión jurídica”, sostuvo el diputado ante El Diario. Y agregó: “Nuestro proyecto ya tomó estado parlamentario y se ajusta a los requerimientos del gobierno provincial anunciados por Ballay”.
Para el bloque de Cambiemos, Entre Ríos “no está ajena a las necesidades de los recursos genuinos, por lo que debe acompañar sin dilación lo establecido en la ley 27.260”, dice el proyecto en sus fundamentos. En ese marco es que Kneeteman señaló que es necesaria su aprobación en la Legislatura provincial como condición para que prospere el blanqueo instrumentado por ley nacional. En la provincia, “la garantía de éxito del blanqueo dependerá de que se concrete esta adhesión, porque la no cobertura contra impuestos como ingresos brutos o sellos, traería aparejado la inseguridad jurídica ante alguien que quisiera regularizar dentro del régimen nacional, quedando expuesto a reclamos del fisco provincial y a la aplicación de la Ley Penal Tributaria que rige por esos tributos provinciales”, escribió Viola.
En la defensa de la iniciativa, que en su capítulo nacional fue señalada por muchos de los críticos como “un chantaje a los jubilados”, se sostiene, por un lado, que permitiría compartir información con la AFIP, lo que -aseguran- redundaría en una mejor recaudación provincial y, por el otro, que busca “garantizar con fondos del sistema previsional, que serán reforzados con los ingresos fiscales que genere el blanqueo, el desequilibrio de la caja jubilatoria provincial no transferida”.
