La Juez de Feria Civil, Comercial, Laboral y de Paz, Gladys Pinto, resolvió tener por interpuesta por el dirigente radical Alejandro Carbó la acción de amparo para que se declare la nulidad de los decretos de convocatoria a elecciones provinciales.
Carbó sorprendió este fin de semana con un planteo judicial que ataca la constitucionalidad de los decretos de convocatoria a elecciones para las PASO del 14 de abril y las generales del 9 de junio.
El abogado, que políticamente no tiene el peso que tenía en otros tiempos dentro de la UCR, sostiene que es la Legislatura entrerriana la que debe fijar la fecha elecciones provinciales y no el Poder Ejecutivo.
Hay que recordar que por una muy amplia mayoría –sólo quedaron afuera unos pocos kirchneristas- la Legislatura provincial aprobó el año pasado una reforma electoral por la que se le permite optar al gobernador entre dos opciones para las alecciones provinciales: la fecha del 9 de junio o la simultaneidad con las elecciones nacionales de octubre. Bordet eligió el 9 de junio con la firma de dos decretos que Carbó considera ahora que son inconstitucionales.
El trámite
En primera instancia, el amparo fue presentado ante el Juzgado con competencia Penal en feria de Paraná, a cargo de Cecilia
Bértora, quien se excusó de intervenir en la causa entendiendo que no podía ser juez y parte. Es que por acuerdo especial del Superior
Tribunal de Justicia del 3 de diciembre pasado, fue designada integrante del Tribunal Electoral para este año.
Este lunes, Pinto libró el mandamiento al Poder Ejecutivo provincial, que tendrá siete días corridos desde la notificación para que
informe “la exactitud del hecho que motiva la demanda, y en caso afirmativo en qué funda su actitud, haciéndole saber que la recepción
importa el traslado correspondiente y la oportunidad de ser oído, tal lo establecido en el art. 8 de la Ley 8369, modificado por la Ley 8640.
Con el mandamiento se dispuso el acompañamiento de las copias de la demanda y documental, haciéndosele saber que todos los días y horas son hábiles para la tramitación de la acción (art. 9 y 19 de ley 8369)”, se informó desde el Superior Tribunal de Justicia.
Asimismo, se resolvió notificar a la Fiscalía de Estado y tener presente la reserva del caso Federal y Pinto resolvió tener presente la
inconstitucionalidad planteada y, oportunamente, dar intervención al Ministerio Público Fiscal.
A partir del 16 de enero, al frente de la causa estará Elena Albornoz, reemplazando a Pinto en la feria judicial.
