Ante la difusión del proyecto de “Ley de Libertad Educativa”, que impulsa el gobierno de Javier Milei, la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER expresó su preocupación por el impacto de la reforma en curso y convocó a un encuentro abierto para poner en común esta problemática.
Será este miércoles, a partir de las 18, con la participación de especialistas en la temática, bajo el nombre “Diálogos. La educación como derecho”. Tras la apertura del encuentro a cargo de la decana, Aixa Boeykens y de la coordinadora de la carrera de Educación, Candela San Román; expondrán su mirada sobre el tema la vicerrectora de la Universidad, Gabriela Andretich; Diana Eberle, profesora de Política de la Educación; Virginia Luna, profesora de Didáctica I; y Abel Pachi Antivero, secretario General electo de AGMER.
El encuentro será de carácter híbrido, con participación presencial en el Aula A de la facultad (Buenos Aires 389) y con transmisión en línea. Para participar, los interesados podrán solicitar el enlace al correo coordinacioneducacion.fcedu@uner.edu.ar.
Contexto
La unidad académica fijó posicionamiento institucional ante la ley de la gestión libertaria. Se reafirmó el compromiso de la facultad “con la ampliación del derecho humano y social a la educación y el rol indelegable del Estado como garante de la educación en todos los niveles del sistema educativo”.
“En coincidencia con pronunciamientos realizados por diferentes asociaciones que reúnen a universidades nacionales y otras organizaciones educativas de las que la facultad es parte” se expresa la preocupación ante un proyecto que pretende derogar la Ley de Educación Nacional N° 26.206 por una norma “que sustituye la idea de educación como un derecho social por la concepción de responsabilidad educativa individual”.
“El Estado deja de asumir su rol principal de garante del derecho a la educación en todos los niveles del sistema y elimina los avances, derechos y garantías establecidos en esta norma. Este texto atribuido al Poder Ejecutivo Nacional se realizó sin un trabajo previo de debate responsable, plural y democrático”, se reclamó en la declaración pública.
Por eso, se subrayó que el “atenta contra el sistema educativo nacional y federal, generando una desregulación sin precedentes, una mayor fragmentación, privatización y desresponsabilización del Estado Nacional, el descrédito de las y los docentes como especialistas en la enseñanza, formación y producción de conocimientos y profundizando dramáticamente las desigualdades existentes”.
Se lo consideró al proyecto como “regresivo” en relación a “la vasta tradición educativa de nuestro país desde 1884”. “Desde ese año hasta la actualidad, los procesos de consolidación, expansión y democratización del sistema educativo argentino, han establecido definiciones, conceptos y prácticas que hoy nos permiten describir a la educación pública argentina: gratuidad, laicidad, carácter público y nacional del sistema educativo estatal, responsabilidad del Estado en la garantía del derecho a la educación, igualdad, inclusión, justicia social, entre los más sobresalientes. Progresivamente, se garantizó que en Argentina la educación es común, gratuita, laica y obligatoria para todas las personas. En la propuesta del gobierno nacional, la educación queda a la deriva de responsabilidades delegadas”, se marcó.
Universidad
En relación con el sistema universitario, el proyecto incluye artículos que modifican lo estipulado por la Ley de Educación Superior: “Abre la posibilidad de incorporar aranceles en los estudios de grado atacando así la esencia de la Universidad Pública y gratuita. Además, se contrapone a la autonomía universitaria, al avanzar sobre la educación superior sin convocar, escuchar ni hacer partícipe a ninguno de los actores sociales que forman parte del sistema de las Universidades Nacionales”.
La facultad, además, fijó posición acerca de “la delicada situación que atraviesan los Institutos Superiores de Formación, dependientes del Consejo General de Educación. Diferentes expresiones públicas dan cuenta de políticas que apuntan a producir un desmantelamiento del sistema de educación superior, con posibles cierres de carreras en distintas localidades de Entre Ríos, en donde esta oferta formativa es la única alternativa para continuar los estudios”.
Se hizo notar que “esto supone un cercenamiento al acceso para miles de entrerrianas y entrerrianos, en aquellos departamentos con menor concentración poblacional, incluso rurales, así como un ataque injustificado y arbitrario al trabajo de educadores y educadoras, muchos de ellos/as formados/as en nuestra facultad”.
Fuente: Página Política
