En busca de apoyo en el Congreso para aprobar las derogaciones de las leyes conocidas como Cerrojo y Pago Soberano, Mauricio Macri presentó a los gobernadores una nueva oferta para devolverle a las provincias el 15% de coparticipación que la Nación les retiene desde la época en que se firmaron los pactos fiscales hace más de dos décadas.

Se acercan las sesiones y el Gobierno nacional intensifica las conversaciones con los mandatarios para conseguir votos y aprobar las normas que necesita para acordar con los fondos buitre.

El plan original de devolución contemplaba un período de cinco años, es decir hasta el 2020. Esa oferta implicaba la creación de una comisión que integrarían los mandatarios provinciales y funcionarios del Gobierno nacional. Allí, en ese ámbito, es donde se debería abrir un amplio debate, teniendo en cuenta que cada provincia tiene su particularidad. Mucho tiempo para las urgencias que se viven en algunos distritos como Entre Ríos.

En definitiva, y así lo expresaron los gobernadores, la primera propuesta no era más que una apertura de un tema que hasta hace poco era de la agenda de las fuerzas opositoras.

El esquema alternativo conocido este jueves contempla la devolución de un 6% este año (pero con 3% en bonos, que tiene costo financiero); 9% en 2017 (3% en bonos); 12% en 2018 (3% en bonos), y 15% en 2019 (3% en bonos). La novedad: se acortan los plazos.

A partir del esquema inicial de devolver 3% en efectivo por año en un plazo de cinco años, la nueva oferta habilita a los gobernadores a sumar otros tres puntos anuales, que se efectivizará mediante algún tipo de bono o letra y será opcional según las necesidades financieras de cada distrito. En el Gobierno provincial destacaron ante El Diario que en la nueva propuesta se fije un programa concreto con porcentajes y fechas de devolución.

Números

El monto total del 15% significa para Entre Ríos 3.500 millones de pesos anuales. Es decir que en caso que se acuerde con la oferta actual, la provincia recibiría 700 millones, ya que cada punto porcentual son 233 millones.

En el encuentro que encabezó el ministro de Interior, Rogelio Frigerio, con los gobernadores no se hizo lugar a otro punto que los mandatarios reclaman y que es la devolución del 1,9% que retiene la AFIP. Esto significa 443 millones anuales.

Al cuadro de situación hay que sumarle que con la eliminación de las retenciones a la soja, dejaron de ingresar a los municipios entrerrianos 152 millones.

Los distritos que no realizaron el traspaso de sus sistemas previsionales a la Nación cuando cedieron el porcentaje de coparticipación, entre ellos Entre Ríos, no tendrían prioridad a nivel jurídico porque la detracción no discrimina entre provincias que lo realizaron o no. Se espera que en lo político el tratamiento sea distinto.

Todas las provincias han sufrido del problema de la distribución de los fondos coparticipables desde 1992 porque le cedieron a la Nación el 15% de los recursos para atender al sistema previsional nacional que, en aquel momento, estaba quebrado. El tiempo pasó, esos convenios se fueron prorrogando hasta el 2006 que comenzaron a caer. Hoy ya no existen, no están vigentes. Si la devolución del 15% se haría en un solo acto a Entre Ríos –cuestión que no sucederá– ese porcentaje de impuestos coparticipables inyectaría a la provincia unos 3.500 millones de pesos al año. Esto, por ejemplo, saldaría el déficit del sistema previsional de la provincia que llega a 2.200 millones a anuales.

A la Corte. El fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que exigió a la administración central devolver el 15% de la coparticipación a Córdoba, Santa Fe y San Luis sentó un precedente.

Una presentación en la Justicia –pese a la jurisprudencia– no tendría una respuesta a corto plazo. Ante esta perspectiva, la mayoría de los gobernadores, entre ellos Gustavo Bordet, creen que hay dos formas de hacerlo: reclamar el 15% de ahora en adelante, es decir lo que corresponde a 2016; o sumarle la deuda que se acumula desde que se firmaron los pactos fiscales, algunos en 1992. Hay coincidencia para tomar el segundo camino y que lo demás se resuelva por la vía política.