Frente a Casa de Gobierno, en la noche del miércoles, prestadores, personas con discapacidad junto a familiares y trabajadores de Centros de Atención se concentraron para oponerse a la iniciativa que ingresó al Senado Nacional.
Indicaron que representa un “profundo retroceso” en materia de derechos. Los puntos más criticados fueron la vuelta a auditorías, la eliminación del nomenclador de discapacidad y la dualidad con invalidez laboral. La propuesta impulsada por el Ejecutivo nacional es una reforma a una Ley de Emergencia en Discapacidad incumplida por el gobierno. Es por eso que los manifestantes marcaron que no puede reformarse una ley a la que no se implementó.
En Plaza Mansilla, se dio lectura a una declaración pública de las partes afectadas. “Este ajuste no sólo es injusto, sino innecesario y recae sobre uno de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad”, se afirmó.
Frente a la Casa Gris, y en una interpelación a las autoridades provinciales, se afirmó: “Le pedimos al Gobierno que escuche, que se comprometa y acompañe esta lucha. Es una causa justa, humana y urgente. Es responsabilidad del Estado proteger a quienes más lo necesitan”.
En Entre Ríos, la falta de presupuesto provocó el cierre de un Centro en Colón. Además están en peligro de continuidad “Mundo Joven” y “San Francisco de Asís” de Paraná.
Tristeza
La titular de Neurodiversidad San Benito manifestó decepción ante la presentación de Nación de este proyecto. “Lamentablemente el sábado nos desayunábamos con que ingresaba una nueva iniciativa que propone volver a las auditorías de las personas con discapacidad, lo que vuelve a denigrar, y a menospreciar a las personas con discapacidad, a querer que desistan de tener este recurso”, expresó Nadia Gasparín en declaraciones que publica APF.
Además, advirtió que el texto del Ejecutivo establece la eliminación del nomenclador de discapacidad: “Si lo eliminan se le da la potestad a las obras sociales, a las prepagas, a las obras sociales del Estado a determinar si te corresponde la prestación y qué valor tienen que pagar. De esta manera, los recursos de amparo dejan de tener valor. Además las familias quedan a la deriva porque los prestadores no van a querer trabajar”, advirtió.
Asimismo, Gasparín criticó el artículo de la iniciativa que elimina la dualidad entre invalidez laboral y discapacidad, lo que supone la prohibición de realizar un emprendimiento, en blanco. “Lo que trabajamos en las terapias es la autonomía de la persona por lo que esto va a significar un retroceso de muchísimos años”, hizo notar Gasparín y agregó: “Una pensión no ronda más de los 300 mil pesos que hoy son nada prácticamente”.
Acompañaron la marcha la diputada nacional Blanca Osuna y la exsenadora nacional Stefanía Cora.
Fuente: Página Política - Apf
