El Colegio de Abogados de Entre Ríos sorprendió el domingo por la noche con un comunicado en el que hacía pública la carta que le había enviado al gobernador Gustavo Bordet para que peticione ante el gobierno nacional para “exceptuar” la actividad de los letrados y se garantice el “acceso irrestricto a la Justicia”, siendo “el Estado, único depositario de la potestad de impartir justicia”.
Ni bien se viralizó la noticia, el mismo domingo, voces tribunalicias y de Casa de Gobierno le agregaron molestia al asombro que ya había causado la revelación 48 horas después que el Presidente anunciara la extensión del aislamiento por el coronavirus, aunque con algunas excepciones.
La semana pasada el Superior Tribunal de Justicia (STJ) plasmó en una acordada los términos en que se atravesaría la cuarentena establecida por el Poder Ejecutivo Nacional que días después se iba a prorrogar. En lo que atañe a los abogados, el máximo cuerpo estableció que no habrá atención presencial al público en los tribunales. También dispuso la suspensión de todos los plazos procesales y de los cursos de perención hasta el 20 de abril inclusive, salvo para la tramitación de amparos, reclamos de procedimiento constitucional y trámites urgentes: los servicios de guardia; las actuaciones con detenidos o presos, órdenes de protección y cualquier medida cautelar en materia de violencia sobre la mujer y niños, niñas y adolescentes.
Según reconstruyó Página Judicial, el enojo en el Palacio de Justicia era que la nota al Gobernador no hacía otra cosa que, en primer lugar, violar la ley al saltear al STJ, que es quien debe fijar los términos de las medidas de prevención al tratarse del gobierno del Poder Judicial. El ejemplo que se esgrimía era uno reciente: fue el STJ el que impulsó a los judiciales a adherir al recorte salarial en un 50 por ciento del básico. El otro punto que molestó es que abogados que integran la comisión directiva de la entidad que los aglutina estaban al tanto de las medidas dictadas por el Superior. Incluso se los consultó. ¿Por qué entonces ahora el reclamo?
La Asociación de Magistrados de Entre Ríos tampoco comparte el planteo del Colegio. Sin declaraciones públicas y con la idea de evitar confrontar, desde la entidad aseguran que la mayoría del trabajo en tribunales no es por medios electrónicos, como se cree. “Hay mucho temor porque los médicos desaconsejan la circulación de personas y de expedientes”, dijo una fuente consultada por Página Judicial. Hubo una nota formal al presidente del STJ, Martín Carbonell, haciéndole saber la preocupación que existe en la Asociación por la situación sanitaria.
La Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER) también se despachó con una nota a Carbonell al día siguiente. Empieza sin eufemismos y plantea “un absoluto rechazo a las manifestaciones del Colegio de Abogados”. No habían pasado 12 horas.
En el Gobierno la sorpresa también fue la primera sensación. En Casa Gris las urgencias son otras. El gabinete completo opera sobre una cotidianeidad que desconoce. Mientras tanto la economía informal se desploma y la prevención ocupa a todas las áreas estatales.
