El flamante presidente de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos, Rafaél Cotorruelo, estuvo en el ciclo Plaza Mansilla que se emite por radio streaming El Once y fijó los temas más relevantes de la organización, además de dar respuestas a las inquietudes sobre la agenda que compete al sistema judicial entrerriano.
De perfil bajo, el camarista de Paraná reivindicó el lugar institucional alcanzado por la entidad y marcó como objetivo conservar la capacidad de intervención pública que adquirió durante los últimos años.
“Creo que logramos ser una voz respetada en la comunidad. Cuando se consulta a la Asociación de Magistrados y fija una posición, más allá de que se pueda o no compartir lo que se diga, uno advierte que somos escuchados y respetados y uno de mis principales objetivos es mantener esa línea y preservar el valor que tiene esa palabra”, dijo el sucesor de Alejandro Cánepa.
Entre los asuntos más relevantes, Cotorruelo puso la reforma previsional impulsada por el Gobierno que ya tiene sanción definitiva. “El tema de este momento es la reforma previsional. Hemos participado de manera muy activa en todos aquellos pasos previos a la sanción de la ley. Intervenimos en Diputados, en Senadores y antes también, cuando se trabajaba sobre los vectores previos al proyecto del Ejecutivo”, repasó y adelantó: “Lo que toca, más allá de que la discusión ya se dio y ya se fijó posición, es brindar los servicios a todos aquellos que decidan en algún momento tomar algún tipo de acción”.
El juez subrayó que “como empleados públicos y como parte de la administración pública estamos alcanzados por esta normativa, ya sea por la declaración de emergencia, que implica una afectación sobre los haberes, como de cara a futuro, por la expectativa de nuestra jubilación, que se va a ver afectada por esta reforma”, manifestó.
Frente a ese escenario, anunció que la Asociación de la Magistratura organizará una reunión ampliada y virtual para permitir la participación de magistrados y funcionarios de distintos puntos de Entre Ríos. El encuentro contará con la intervención de un especialista en Derecho Previsional, a quien ya le encargaron un análisis técnico de la normativa.
Para Cotorruelo, el cambio central no está necesariamente en un perjuicio inmediato, sino en la ruptura de un mecanismo que los magistrados consideraban importante para garantizar estabilidad e independencia. Se refirió específicamente al denominado sistema de enganche, mediante el cual los salarios judiciales se actualizan sin depender de una negociación paritaria directa con el Poder Ejecutivo provincial.
Además, aclaró que ese mecanismo no implicó necesariamente que los incrementos fueran superiores a los otorgados a otros empleados públicos. “Eso no quiere decir que la remuneración aumente por encima de las paritarias provinciales. A veces sucedió que sí y otras veces no. Pero es muy importante para mantener nuestra independencia”, aclaró.
Admitió que todavía resulta prematuro medir el impacto económico concreto del cambio. “Hoy no tenemos un perjuicio concreto porque la ley tiene que empezar a andar. Eso eventualmente se verá con el transcurrir del tiempo y habrá que ver cómo impacta en los haberes de los pasivos”, explicó. Sin embargo, sostuvo que ese punto concentra actualmente “la mayor preocupación de los asociados”.
El 60
El magistrado fue consultado sobre la reglamentación del artículo 60 de la Constitución de Entre Ríos, cuya ley tuvo sanción este martes, e implica que para declarar inconstitucional una norma debe tener un fallo de los nueve vocales del Superior Tribunal de Justicia (STJ) y no tres como regía. La medida, impulsada por el oficialismo, fue vista como una cobertura a la reforma previsional.
Reveló una situación ocurrida durante el mismo día de la sanción legislativa. La Asociación recibió una invitación del presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Juan Cossi, para aportar por escrito sobre el proyecto, pero -según relató, la convocatoria llegó cuando el trámite prácticamente estaba concluido. “Recibimos una invitación para que aportemos por escrito nuestra posición y, a la hora, nos enteramos de que la ley había sido sancionada. Lamentablemente no pudimos efectuar ese aporte”, señaló.
Más allá del procedimiento, el magistrado centró su análisis en el contenido de la reglamentación. Y allí planteó una advertencia: “Entendemos que también puede generar, al igual que la reforma previsional, problemas de constitucionalidad”. La paradoja, indicó, es que se trata precisamente de una ley destinada a regular la manera en que el Poder Judicial ejerce el control de constitucionalidad, pero que al mismo tiempo podría ser objeto de un planteo judicial de esa naturaleza.
“Uno podría pensar desde la lógica si es razonable que una declaración de inconstitucionalidad dictada por tres jueces produzca semejante efecto como derogar una ley, porque implica de alguna manera avanzar sobre una facultad de otro poder, que es el Legislativo”, explicó.
Pese a esa consideración, fue categórico al interpretar la Constitución reformada en 2008: “Estamos convencidos de que esa no fue la intención del constituyente. El constituyente fue muy claro: lo único que requirió fueron tres sentencias firmes dictadas por el Superior Tribunal, sin precisar una composición”, afirmó.
El juez recordó que cuando la Constitución provincial fue reformada existían modelos de otras provincias que sí habían incorporado expresamente exigencias más rigurosas, como la unanimidad de sus tribunales superiores. Para Cotorruelo, el hecho de que esos antecedentes fueran conocidos y no se incorporaran constituye un elemento relevante para interpretar la voluntad de los constituyentes entrerrianos.
Desde esa perspectiva, consideró que la reglamentación incorporó una condición que la carta magna provincial no contemplaba expresamente. “El constituyente votó este artículo por unanimidad y sabía que dos vocales podían producir, si se reiteraba tres veces una sentencia, ese efecto derogatorio”, explicó.
Por eso, sostuvo que el requisito introducido posteriormente por la legislación ordinaria podría interpretarse como una limitación a las atribuciones judiciales. “Muchos años después se viene a reglamentar y a agregar un requisito, el pleno, que no estaba previsto en la Constitución. Podemos discutir si está bien o está mal exigirlo, pero creo que está muy claro que esa no fue la intención del constituyente”, argumentó.
Consejo de la Magistratura
Otro eje de la entrevista fue el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. En este punto, Cotorruelo habló también desde su experiencia personal como participante de numerosos concursos judiciales y como integrante de tribunales examinadores.
“Yo le debo al Consejo de la Magistratura mi carrera”, sintetizó. Y agregó: “El Consejo de la Magistratura es una herramienta valiosísima”. Sin embargo, fue crítico con algunas reformas que, según entendió, lejos de acelerar los concursos terminaron paralizando el sistema durante un período prolongado.
Entre los aspectos cuestionados mencionó el denominado banco de casos. Cotorruelo consideró que el mecanismo no resultaba viable desde el punto de vista práctico y terminó introduciendo mayores dificultades. “Uno vivió los concursos y también me ha tocado estar del otro lado como tribunal examinador. Esas reformas no eran viables y, más que agilizar el sistema, sucedió lo contrario: se paralizó todo, se demoró y los concursos se estancaron”, evaluó.
El juez destacó la gravedad institucional que implica mantener durante demasiado tiempo cargos judiciales bajo modalidades transitorias. “Hay gente que está hace casi una década ocupando un cargo como provisorio”, señaló. En ese marco, valoró que recientemente hayan comenzado a convocarse nuevos concursos y expresó su expectativa de que el sistema vuelva a funcionar con mayor regularidad.
Plazos razonables
La reforma del Código Procesal Penal abrió un debate interesante en torno a los plazos de las investigaciones y la necesidad de garantizar un “plazo razonable” para que una persona no quede sometida indefinidamente a un proceso penal. Sobre ese punto, que plantea el proyecto del Gobierno, Cotorruelo fijó una postura clara: “Plazos razonables tienen que existir”. No obstante, indicó que el verdadero problema está en definir qué consecuencia debe producir el vencimiento de esos límites.
El magistrado recordó que él mismo ya se pronunció sobre el tema en causas judiciales concretas y sostuvo que existe un riesgo institucional que debe ser cuidadosamente equilibrado: proteger los derechos del acusado sin facilitar situaciones de impunidad por ineficiencias del Estado. “Está el temor de que con eso se genere impunidad, que si no se investigó en determinado tiempo se termine la causa”, planteó.
También recordó que la Corte Suprema estableció criterios respecto de la duración razonable de los procesos y de las competencias nacionales y provinciales para regular algunas de esas cuestiones. Para el juez, una posible salida sería establecer plazos concretos, aunque advirtió que también debería pensarse qué sucede cuando el incumplimiento se debe a una deficiente actuación de los organismos encargados de investigar.
Cotorruelo puso como ejemplo las investigaciones por delitos vinculados con la administración de fondos públicos. En esos legajos -según dijo – el cierre por el simple transcurso del tiempo podría impedir conocer qué ocurrió y generar un costo institucional para la sociedad. En ese sentido, consideró que eventualmente deberían existir responsabilidades extraprocesales para los organismos que no cumplieron su tarea. “El Ministerio Público Fiscal que no logró llevar adelante un caso o al que le prescribió o precluyó la posibilidad de investigar debería generar alguna suerte de responsabilidad. No puede ser simplemente invocar el transcurso del plazo, cerrar la causa y listo”, señaló.
El presidente de la entidad recordó, además, que el concepto de “plazo razonable” no depende exclusivamente de una cifra establecida en un Código Procesal. Existe una construcción jurisprudencial que obliga a analizar las circunstancias particulares de cada expediente.
Entre los criterios para esa evaluación mencionó la gravedad del hecho, la complejidad de la investigación y la situación de la persona sometida al proceso.
El sistema
Al realizar una evaluación general, Cotorruelo consideró que el sistema judicial de Entre Ríos cuenta con una estructura comparativamente favorable respecto de otras jurisdicciones. “En función de los recursos con los que se cuenta y de las necesidades que se tienen, estamos mucho mejor que otras provincias”, afirmó.
Tomó como referencia especialmente al fuero penal y señaló que Entre Ríos dispone de una proporción de funcionarios y fiscales que, según su evaluación, resulta superior a la existente en jurisdicciones vecinas.
No obstante, eligió otro aspecto para destacar especialmente: la velocidad con que se tramitan las acciones de amparo en la provincia.
Para el camarista, la posibilidad de que un ciudadano consiga una respuesta rápida ante una eventual vulneración de derechos constituye una fortaleza institucional que no siempre recibe la suficiente atención. “Es una acción sumamente importante a través de la cual el ciudadano común puede acceder, peticionar y cuestionar algo que considera que está siendo vulnerado desde el poder administrador”, manifestó.
El juez destacó que los procesos pueden obtener decisiones en primera instancia dentro de períodos relativamente breves y luego una revisión definitiva del Superior Tribunal. “Hay otras provincias que no tienen esa velocidad. Creo que es algo para enorgullecernos”, subrayó. Y añadió: “Hay un punto también para los colegas de la profesión. Los abogados han hecho muchísimo con su trabajo permanente, acercándose a sus clientes y ofreciendo esta herramienta”.
Para el magistrado, la consolidación del amparo contribuyó directamente a ampliar el derecho de acceso a la Justicia. “Hoy el proceso de amparo es una herramienta que beneficia mucho y cuida el derecho de acceso a la Justicia por parte de los ciudadanos”, resumió.
Justicia y política
Hacia el final de la entrevista, Cotorruelo analizó un fenómeno que atraviesa desde hace años el debate público: la superposición entre la agenda política y la agenda judicial, especialmente cuando dirigentes enfrentan investigaciones o juicios por hechos de corrupción.
El magistrado rechazó que los jueces elijan el momento político en que reciben una causa. “Nosotros no elegimos cuándo llevar a juicio a una persona. Son causas que nos tocan”, dijo. Y agregó: “Nunca va a haber un momento oportuno para juzgar o someter a juicio oral y público a un político. La lectura de quien está siendo sometido a proceso siempre puede ser la de persecución”, reconoció. También aseguró que “hay un descrédito general de las instituciones”.
Entiende que el problema excede ampliamente a la Justicia y consideró que existe una pérdida de confianza social en las instituciones y en las figuras de autoridad que atraviesa tanto al Poder Judicial como a la dirigencia política y otros ámbitos de la vida pública.
“Lamentablemente nosotros también tenemos un gran descrédito como autoridades. Creo que hace 30 o 40 años se dictaba una sentencia y una persona era condenada y tenía otro impacto en la sociedad”, analizó y contrapuso: “Hoy tenés la mitad de la gente que cree que hay una persecución política y la otra mitad que dice que está bien condenada esa persona”, describió.
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Fuente: Página Política
