El diputado nacional Jorge D’Agostino (UCR-Entre Ríos) y otros legisladores de Cambiemos presentaron un pedido de juicio político contra la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, a quien acusaron de mal desempeño en su cargo.
En rigor, se trata de un planteo que había hecho Elisa Carrió (Coalición Cívica-ARI) en 2013, pero el trámite había perdido estado parlamentario y ahora volvió a presentarse con nueva información. Lo llamativo es que la nueva acusación se presentó cuando la Cámara de Diputados debate un proyecto del Poder Ejecutivo para reformar la orgánica del Ministerio Público buscando recortarle atribuciones a la procuradora, según informó Página Judicial.
En este caso, el proyecto lleva las firmas de Mario Negri (UCR), Fernando Sánchez (Coalición Cívica-ARI), Alicia Terada (Coalición Cívica-ARI), Luciano Laspina (PRO) y Silvia Lospennato (PRO), además de Carrió y D’Agostino.
Los legisladores acusaron a Gils Carbó de mal desempeño en el ejercicio de sus funciones y delitos en el ejercicio de la función pública y señalaron que la procuradora “llevó a cabo una serie de conductas irregulares que ameritan el presente pedido de juicio político”.
En el proyecto señalaron que la procuradora tiene “varias denuncias penales en su contra por haber entorpecido investigaciones judiciales que afectaban los intereses del anterior gobierno nacional”, concretamente le atribuyeron haber promovido el supuesto encubrimiento del empresario Lázaro Báez en la investigación por lavado de dinero y la acusaron de ser un “ariete” para lograr la impunidad de los hechos de corrupción.
“Lejos de cumplir con el rol que la Constitución le asigna (…) se ha dedicado a someter su actuación a los intereses de la ex Presidente de la Nación (Cristina Fernández de Kirchner), dejando de lado la independencia que debería tener como cabeza del Ministerio Público”, expusieron los legisladores en un tramo de la acusación.
También le cuestionaron la creación de unidades fiscales dentro de la Procuración y “por haber designado fiscales ilegalmente, es decir, sin haber cumplido el procedimiento contemplado en la ley orgánica del Ministerio Público”. En ese sentido, advirtieron los legisladores que Gils Carbó “ha violentado y quebrantado las propias normas constitucionales que crean su función”.
D’Agostino y el resto de los legisladores oficialista también le cuestionaron la “deficiente planificación presupuestaria y el manejo discrecional de las partidas” del Ministerio Público, al advertir, por ejemplo, que se detectaron “pagos por adelantado de servicios sin que éstos se hubieran prestados. No obstante, en otro tramo del proyecto aclararon que “el manejo presupuestario debe ser analizado a efectos de verificar si se ha cumplido con la legislación vigente, si ha habido un uso responsable y legal de los recursos públicos”.
