En las horas en que se define en el Senado la designación de Ariel Lijo para la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en Entre Ríos aturde el silencio. No debería ser así. Si se mira para atrás, los entrerrianos se encontrarán con una tradición sobre estos temas: la voluntad de sentar posición.
El 25 de enero del año pasado, empresarios entrerrianos, nucleados en el Foro de Entidades Empresarias de Entre Ríos, salieron en defensa de la Corte Suprema de Justicia ante el pedido de juicio político que promovió el presidente Alberto Fernández, junto a una decena de gobernadores, lista en la que Gustavo Bordet no estuvo.
Los firmantes de aquel documento fueron varias entidades. En las de mayor relevancia se anotan el Consejo Empresario de Entre Ríos (CEER), la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER), la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, la Bolsa de Comercio de Entre Ríos, la Federación Económica de Entre Ríos, Federación Agraria Argentina, Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos, Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Corporación para el Desarrollo de Paraná, entre otras.
En apoyo a la Ley Bases (la primera versión) y el DNU de Javier Milei, luego declarado inconstitucional en la Justicia en algunos puntos, también mereció la expresión de las entidades empresariales de la provincia. El 24 de enero pasado, se manifestaron en contra del paro convocado por organizaciones sociales y gremios para ese día “por considerar que afecta negativamente la actividad económica de nuestro país, siendo a su vez una herramienta que lejos se encuentra de aportar soluciones”.
“Estamos atravesando una situación crítica en términos económicos y sociales. El paro que se desarrollará en el día de hoy alimenta tensiones, y dificulta la búsqueda de soluciones consensuadas. Estamos convencidos de que el camino para el progreso de nuestro país es a través del normal desarrollo de la actividad, trabajando en pos del crecimiento y la construcción de espacios de diálogo”, decía el texto difundido.
El 20 de mayo de 2021 el Foro de Entidades Empresarias de Entre Ríos clamó por “seguridad jurídica” ante la reforma al Ministerio Público Fiscal de la Nación que proponía modificar el mecanismo de remoción del procurador o procuradora y de las y los fiscales y le reclamaron a los legisladores nacionales de la provincia que voten por la negativa.
El 23 de junio de 2020, en una carta abierta a legisladores y al entonces gobernador Bordet, las entidades empresarias se expresaron “en defensa de la propiedad privada” cuando el gobierno nacional decidió expropiar Vicentin, en el marco de una estafa a cargo de sus dueños y el Banco Nación a cargo de Javier González Fraga por abrirle la puerta a un endeudamiento millonario de la empresa en proceso de quiebra días antes de dejar la gestión en diciembre de 2019. Los expedientes e investigaciones periodísticas dieron cuenta de uno de los casos de corrupción más grandes durante el gobierno de Mauricio Macri.
Para los eternos defensores de la república, la expropiación afectaba la división de poderes y atacaba “los derechos y garantías de las empresas y de la iniciativa privada”; violentaba “las reglas institucionales” y “los marcos de regulación propios de los negocios, poniendo en vilo la confianza y la seguridad jurídica, tan necesarios para la inversión y el crecimiento económico”.
Hay otros ejemplos, pero comienza a ponerse tedioso el repaso histórico. Lo cierto es que la designación de Lijo ha acumulado un número importante de reproches de entidades y dirigentes que, en Entre Ríos, no tuvo eco, excepto expresiones individuales y solitarias.
Macri, que para su suerte no le ha quedado deudas pendientes en la Justicia luego de que se le cerraran al inicio de esta gestión, tiene una mirada creativa y republicana sobre los jueces para tomar. A continuación, la pisadita:
Fuente: Página Política
