El documento “reflexivo” que puso de relieve la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) no fue otra cosa que haber expresado en un papel uno de los problemas que aquejan al Poder Judicial y, por ende, al servicio de justicia.
Los vocales Daniel Carubia, Claudia Mizawak y Miguel Ángel Giorgio marcaron dos cuestiones ligadas a la ética y la transparencia. Dos valores en jaque y que por más que los medios masivos no se hagan eco, la ciudadanía los cuestiona. Aún sin tener elementos. Lo percibe.
Para la Sala Penal no es el mejor camino que la jerarquía del Ministerio Público Fiscal- lo puso en nombre de Cecilia Goyeneche – sea quien seleccione a los jueces de garantías, que son quienes revisan las medidas llevadas a cabo por sus subordinados en un proceso. El problema es más profundo, porque además de esa inconveniencia que se debería corregir están las diferencias dentro de la misma corporación judicial. La Sala y la Procuración están severamente enfrentadas. Pero detrás de ésta última se anota a la Cámara de Casación Penal que integran Marcela Badano (pareja del procurador Jorge García), Marcela Davite y Hugo Perotti. En el bando de enfrente entienden que las Marcelas son un apéndice del Ministerio Público Fiscal. De los propios fallos se desprenden elementos de esa batalla. Hacer click aquí. Un poquito más para atrás, hacer click acá.
La suplente de Goyeneche en el Consejo de la Magistratura por la Asociación de Magistrados es precisamente Davite. ¿Cabría la inquietud de la Sala Penal? No es lo mismo, pero lamentablemente lo que se está juzgando no son los procedimientos y las representaciones, sino a las personas. El verdadero problema. Siempre es mejor hablar de las instituciones y no de los operadores de las mismas. Que lo que esté para corregirse sea el sistema. El todo. En definitiva, lo abstracto. Así siguen todos.
Lo que no expresó la Sala Penal y sí lo viene planteando hace un tiempo el Instituto de Derecho Penal del Colegio de Abogados es la necesidad de reformular algunos aspectos del Código Procesal. (Hacer click acá) Incluso en la primera gestión de Gustavo Bordet presentaron un proyecto al entonces presidente del bloque de senadores oficialistas, Ángel Giano. El concepto que pretenden abordar es el de “la igualdad de armas”. Esto implica -según los penalistas que integran ese ámbito- que las partes del proceso penal tengan las mismas herramientas. Ven en la acusación mayor capacidad de maniobra en detrimento de los jueces de garantías. Hay otra verdad: los jueces de garantías muchas veces evitan revocar una prisión domiciliaria con miedo de salir escrachados en los medios de comunicación como ejecutores de la conocida “puerta giratoria”. La parte mediática es la otra parte del sistema. Emilio Castrillón lo narró en una jornada que se realizó el año pasado al cumplirse una década de la aplicación del sistema acusatorio.
Rosario Romero, la única funcionaria del Poder Ejecutivo que sabe sobre el funcionamiento del Poder Judicial, le dijo a este medio en su momento que quizás sea necesario rever ese punto. El de la “igualdad de armas”.
Mientras la comunidad judicial se predispone a poner de relieve un debate en torno al funcionamiento de las instituciones, a ninguno de sus integrantes se les ha pedido explicaciones por hechos escandalosos. Cada uno busca con quién hablar y dar vuelta la hoja lo más rápido posible.
Fuente: Página Política
