El gobernador Gustavo Bordet encomendó a la ministra de Gobierno, Rosario Romero abrir el diálogo político con la oposición. La responsable de la cartera política citó al interbloque de Juntos por el Cambio (JxC) de la Cámara de Diputados, que preside el radical Gustavo Cusinato, a una reunión a agenda abierta, prevista para este miércoles a las 18.

Romero ya venía cumpliendo en el anterior mandato el rol de articuladora del Poder Ejecutivo en la Legislatura. Reelecto Bordet y confirmada Romero en el Ministerio de Gobierno, la funcionaria protagonizará ahora el primer diálogo formal de este segundo mandato con la oposición legislativa.

En la agenda legislativa están anotadas, ya desde el año pasado, las prometidas reformas política y judicial. Pero es en la primera donde habría más avances y consensos para reflotar la reforma electoral que no pudo ser en 2018 y sumarle el financiamiento de los partidos políticos.

En lo inmediato, lo que genera mayor expectativa en la oposición es poder conocer de primera mano y oficialmente qué piensa hacer el gobierno en asuntos que han ocupado la agenda política de los dos primeros meses del año: Caja de Jubilaciones, impuestos y agente financiero.

Entorno a la reforma previsional, interesa a la oposición saber hasta dónde está dispuesto el gobierno a avanzar y qué margen de maniobra le deja, en este sentido, la propia interna del oficialismo. Si quiere ir a fondo con los cambios, es posible que Bordet encuentre más coincidencias con diputados radicales y macristas que con algunas franjas del bloque oficialista más cercanas a los intereses de los trabajadores del estado.

Los legisladores de Cambiemos –y en particular el jefe del bloque del PRO, Esteban Vitor- fueron los que pusieron en agenda la necesidad de entablar un debate público sobre el contrato de agente financiero que vence este año. La oposición ha sido muy crítica de las condiciones “leoninas” del convenio con el Bersa que se suscribió durante el tercer mandato de Jorge Busti y que Sergio Urribarri renovó.

Los diputados macristas y radicales también han cuestionado lo que caracterizan como un “impuestazo” registrado a principios de año en el inmobiliario urbano, y hay malestar de las entidades del campo, con fuertes lazos con Cambiemos, por las subas que se prevén para el inmobiliario rural.