La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, presidida por el oficialista Juan Pablo Cosso, envió invitaciones a todos los actores del Consejo de la Magistratura, organismo por el cual el oficialismo presentó un proyecto de reforma en su integración y funcionamiento.
Pasarán por la Legislatura, entonces, representantes del Colegio de la Abogacía, la Asociación de Magistrados, el Poder Judicial, las universidades con sede en la provincia y la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER) y el Ministerio de Gobierno y Justicia.
La idea es consensuar el proyecto que, en buena parte de su texto, tiene aceptación. No así la nueva integración que se plantea y que consiste en llevar de uno a tres los representantes del Poder Ejecutivo.
Desde las entidades de la comunidad judicial cuestionaron ese punto del texto, al entender que lo que se denomina como “poder político” ya está representado al ser el presidente del Consejo de la Magistratura una persona que oficia puesta por el Gobernador. Pero además, cualquier postulante, una vez de haber sido ternado, antes de ser designado debe pasar por el Senado y luego la Gobernación.
No obstante, la idea de Gustavo Bordet, según supo Página Política, es que el proyecto salga por consenso y para eso se convocó a los sectores para erscuchar los distintos puntos de vista. El punto en cuestión, seguramente, será el primero en abordarse.
Otra de las modificaciones que se propone refiere a las causales por las cuales se debe excusar un miembro o puede ser recusado: enemistad manifiesta, amistad íntima, sociedad con el concursante o participación conjunta en ámbitos académicos, laborales o de otro tipo que impliquen habitualidad en el trato. En este punto se especifican los motivos, mientras que en la norma vigente las causales quedan más “a criterio del Consejo”.
En el oficialismo tienen marcado casos en los que postulantes a ocupar un lugar en la magistratura fueron evaluados por compañeros de cátedra.
En el caso de la representación de las universidades, el proyecto plantea que de los tres miembros, “al menos dos serán por universidades públicas”. Eso, en la actualidad, no sucede, ya que UNL, UCA y UCU tiene uno, es decir dos privadas. El texto suma a UNER, Uader y UTN. En estos casos podrá ser representantes quienes dicten cátedras vinculadas al Derecho.
En cuanto a los requisitos para integrar las listas de jurados también hay cambios. Los integrantes de la magistratura o ministerios públicos deberán tener 15 años de antigüedad en el ejercicio de la profesión, no cinco como en la actualidad. Lo mismo para abogados y abogadas, a los que se les pedía 10.
Fuente: Página Política
