El caso de la familia que vive en un terreno de calle Churruarín y López Jordán y que la Justicia pretende desalojar llegó a Buenos Aires. El secretario de Derecho Humanos de la Nación, Martín Fresneda, se manifestó en favor de quienes habitan en el lugar hace 30 más años y trabajan esas tierras.
El funcionario envió una nota en la que hace notar que recibió denuncias por hechos de “violencia institucional” permitidas por el juzgado a cargo de Juan Carlos Coglionesse y la Fiscalía de Cristina Giunta. En el primer intento de desalojo en diciembre, tras la orden impartida por el juez Coglionesse, actuó el Grupo de Inteligencia Armada (GIA). En el procedimiento se utilizó gases lacrimógenos y balas de goma.
“Es responsabilidad de esta Secretaría velar por la protección de los Derechos Humanos de las familias que habitan el predio en cuestión y prever las consecuencias negativas que podría aparejar un nuevo operativo de las fuerzas de seguridad sin la intervención de otras instituciones del Estado que resguarden la dignidad humana de los habitantes del predio”, dice el texto presentado este jueves y al que tuvo acceso Página Judicial.
Fresneda reclamó que se tengan en cuenta “los compromisos internacionales asumidos por el Estado Argentino, como lo son el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales y la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño”. También solicitó conocer “si se han arbitrado, a través de los organismos pertinentes, las medidas apropiadas para garantizar el derecho a un nivel de vida adecuado para las familias y a una mejora continua de las condiciones de existencia, atendiendo esencialmente a efectivizar el derecho al desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social de los niños”.
El secretario del organismo se mostró interesado en saber “en qué consiste el protocolo de actuación en medidas de desalojo de familias en situación de vulnerabilidad integradas por niños niñas y adolescentes para ejecutar sentencias de este tipo”.
El dueño
El expediente 14.172 “Rolandelli Ernesto A.H y Otros C/Petrechelli José A.S/Desalojo” tiene a Griselda Chávez y su marido José Petrechelli, quienes llegaron a ese lugar de 1,7 hectáreas hace más de 30 años cuando todo eso era monte. El matrimonio tenía la misión de cuidar ese predio para que no fuera intrusado. Dado que no percibían sueldo alguno, se les permitió la cría de animales. Llegaron allí a pedido de Antonio Llorens, quien era apoderado del dueño del predio.
Pasado el tiempo, el titular del inmueble falleció y luego se produjo la cesión de los derechos que quedaron a nombre de Raúl Prosdocimo. ¿Quién es este hombre? Nació en Rosario y, desde que se inició la causa, no se lo ha podido localizar en ninguno de los dos domicilios que se le conoce, en las ciudades santafecinas de San Nicolás y Rosario.
Un dato, no menor, llama la atención a Marcelo Boykens, abogado que defiende a la familia. El hombre al que no se localiza adquirió el terreno a mediados del año pasado al irrisorio precio de 10 mil pesos, según consta en los documentos a los accedió Página Judicial. Un predio de esas características, podría valuarse en 400 mil pesos.
Prosdocimo figura como monotributista categoría C (Nº de Cuit 20-25.139.313 – 4). Ante la visible desproporcionalidad del precio pagado con el valor real, se estudia la idea de hacer una denuncia penal para que se investigue si existió un fraude al fisco.
Este miércoles por la noche, ante el inminente desalojo anunciado por Giunta para este viernes, las partes se reunieron en Casa de Gobierno para encontrar una salida. Por el gobierno provincial estuvieron el jefe de Gabinete de Ministros provincial, Hugo Ballay; y el abogado de Fiscalía de Estado, Gualberto Dumé. La propuesta gubernamental sigue siendo mudar a las familias. La contraparte pide la expropiación.
