La noticia sobre el ingreso al Senado de un proyecto que pretende crear un colegio que aglutine a los comunicadores sociales, despertó un debate que tuvo su auge en la última gestión de Sergio Montiel. La necesidad de fundar una entidad había perdido estado parlamentario, pero el senador José Luis Panozzo se encargó de desempolvar la polémica con la presentación de una iniciativa que, en principio, tiene el aval de la Asociación de Profesionales Universitarios de la Comunicación Social. (APUC).
Según el texto, “los excluidos del ejercicio profesional” por sanción del Tribunal de Ética que crea esta misma norma en cuestión o por “otro colegio” del país “no podrán ejercer la profesión de comunicador social”. También aquellos que “hubieren sido condenados a inhabilitación absoluta o especial para el ejercicio profesional por el tiempo de la condena”. El organismo de contralor tendrá como misión “procesar las denuncias de la sociedad sobre las faltas éticas que puedan cometer los profesionales colegiados de comunicación social y determinar la responsabilidad de ellos en dichas faltas y dictar el Código de Ética”. Este es, quizás, el punto más polémico.
La discusión central es si el hecho de colegiar a los comunicadores no se vulnera un derecho tan básico como es el de la libertad de expresión o expresar las ideas libremente, por ejemplo, en el oficio del periodismo. El intento de diferenciar el ejercicio del periodista y el de un comunicador social aparece como el eje de la cuestión que abrió gente de los medios y de las instituciones. Página Política realizó una rueda de consultas para dar cuenta de las diferentes posiciones que se tiene sobre el asunto.
Definición
“El comunicador de Cargill, de un casino, o una petrolera privada, busca cuidar la buena imagen de la empresa, es decir, explotar el lado filantrópico si se quiere. El periodista, en cambio, tiene que destruir esa imagen porque es engañosa, de modo que no hay punto de coincidencia, por lo tanto no se qué harían ambos juntos en un colegio”. La definición corresponde al periodista, Daniel Tirso Fiorotto. Para el también licenciado en Comunicación Social, “los objetivos y los roles de ambos trabajadores son en muchos casos antagónicos. No hay puntos en común entre los objetivos del comunicador institucional de una multinacional y los del periodista de una FM o de una revista de Paraná”. “Dentro de la comunicación social, el periodismo tiene una historia propia muy compleja que este proyecto de ley debiera rumiar mejor. Y sé que estoy pidiendo algo difícil, porque en muchas organizaciones y ámbitos académicos la cuestión genera debates. Creo que la colegiación así planteada ofrece a las universidades una autoridad que no sé si esas instituciones se proponen alcanzar”, señaló el comunicador.
Para la Unión de Trabajadores de la Comunicación de Entre Ríos (Utcer), el texto no da precisiones acerca de “qué es la comunicación social y cuál es su campo y su objeto, debate que aún está pendiente en las universidades y, por lo tanto, no podría ser materia de una regulación legal”. Para la entidad de la CTA; que agrupa a trabajadores de prensa en medios periodísticos, instituciones y en relación de dependencia de funcionarios o legisladores, “las actividades que se engloban de manera amplia dentro de la comunicación social no están claras. Estas pueden ir desde la práctica del periodismo hasta el diseño gráfico de una pieza o la edición de una fotografía o imagen en movimiento, hasta el discurso de un vecino en una asamblea barrial. Todo esto es comunicación social”.
La Utcer entiende que “no se puede imponer requisitos para el ejercicio de un derecho humano, como es la comunicación. Comunicarnos es lo que nos hace humanos. Si se imponen estamentos, caeríamos dentro de la paradoja orweliana de que todos somos iguales, pero hay algunos que son más iguales que otros”, sostienen.
El Estatuto
La periodista y licenciada, Aixa Boeykens, sostiene que “en un mercado que tiende a precarizar el empleo, la falta de un espacio que represente y establezca un marco de regulación de la actividad actúa en contra del reconocimiento del comunicador social”. La también docente, enseguida, se pregunta: ¿La colegiación pretende legislar también sobre el trabajo del periodista en los medios de comunicación? “El periodismo es una de las actividades incluidas dentro del vasto campo de la comunicación social. Sin embargo, para el Estatuto del Periodista Profesional, periodista es todo aquél que trabaja de manera regular en los medios”. Aclara. Siguen las interrogaciones de la consultada: “Al ser el periodismo una de las especializaciones del título de comunicador social, las preguntas que surgen son: ¿El colegio aspira a que en el futuro los medios masivos sólo contraten a quienes tengan el título para poder ejercer?, ¿de qué modo esta reglamentación conviviría con lo que dice el Estatuto respecto a que periodista es aquel que trabaja de manera sostenida en los medios?”. Como propuesta, Boeykens cree que “en pos de pensar caminos que unan y no que atomicen, que logre reunir a licenciados pero también a trabajadores de prensa reconocidos por el ejercicio de su oficio, un buen paso sería lograr que el proyecto de ley introdujera una mención explícita a su intención de no colisionar con la definición de periodista que brinda el Estatuto”.
El combativo Sindicato de Prensa de la provincia también dio su opinión. De aprobarse el proyecto se sometería a la provincia a la “restricción ilegítima a la libertad de expresión”. Con ese título hizo circular una solicitada entre sus defendidos.
El texto no refiere en ningún párrafo al periodismo o al periodista. ¿Tal omisión debe ser tomada como una garantía o como una trampa? En la actualidad no hay colegio y, por tanto, no hay tribunal de ética. Lo que sí hay son entidades que aglutinan a comunicadores y periodistas que conocen de calumnias y difamaciones a comunicadores o periodistas y no se han manifestado.
