Todo lo que pueda acontecer en torno a una supuesta causa de espionaje ilegal no atrae más que a un círculo reducido, que son quienes se interesan, básicamente, por la política: dirigentes de diferentes sectores, funcionarios judiciales, periodistas y algunos profesionales.
La causa que denunció públicamente – no judicialmente- el Gobierno está aún abierta. Según fuentes del Ministerio Público Fiscal a las que accedió Página Política restan tomar testimoniales a integrantes del área de Informática de la provincia y requerir informes a empresas proveedoras de Internet. ¿Qué puede surgir de esa prueba? Imposible saberlo. Hasta ahora, los dispositivos encontrados en las oficinas de Gobernación y la Secretaría General de la Gobernación no emitían señal destinada a alguna base de datos, lo que probaría el espionaje ilegal.
En la narrativa de todo este episodio se ha generado un error que se repite: que las cámaras encontradas fueron puestas por el ex secretario general, Edgardo Kueider, durante su paso por esa área en la primera administración de Gustavo Bordet. Esas cámaras, que tanto dieron que hablar, siempre estuvieron a la vista, por lo que no había por qué sospechar de las mismas. Más aún con los episodios que dieron la vuelta completa en toda la cadena mediática del país. Los dispositivos encontrados no eran los que no estaban a la vista y se encontraron. Al no emitir señal quedaban permanentemente fuera de los escaneos que se suelen hacer en esos lugares. Sino el ex jefe de la Policía Federal Argentina, actual ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia, debería haber sido corrido de la gestión.
Al verificar los dispositivos, y su aparente paso del tiempo y desuso, se podría fantasear con quiénes decidieron ponerlo. En qué época.
El espionaje ilegal es una herramienta, nefasta, a la que toda la política acude. Sencillo, no hay herramienta más eficaz que la información. De allí el decreto del gobierno nacional que establece reformas a la Ley Nacional de Inteligencia y habilita a los espías a detener personas incluso sin autorización judicial, entre otros aspectos, como que todos los altos funcionarios a cargo de organismos públicos deberán aplicar medidas de contrainteligencia e intercambio de información sobre las personas entre organismos públicos y asigna “carácter encubierto” –antes eran “secretas”– a las actividades de inteligencia nacional.
Esta decisión, que tuvo su capítulo judicial en Paraná a propósito de un grupo de abogados radicales y cuyo rechazo en la jurisdicción federal no resistió más de 24 horas, no contó con el apoyo del justicialismo ni del PRO. Se entiende, dos fuerzas que hicieron del espionaje ilegal una herramienta a mano durante los gobiernos kirchneristas y el de Mauricio Macri, ya en una fase más escandalosa que llegó a espiar a los familiares de las víctimas del ARA San Juan. Las causas que se iniciaron la Justicia las cerró sin culpables.
En este caso, el entrerriano, probablemente también se cierre de la misma manera. El espionaje es, como lo eran los partidos, una plataforma para hacer política. Lo que está en camino, será peor.
Fuente: Página Política
