Este sábado los entrerrianos informados acudieron a un nuevo episodio que pone de manifiesto los inconvenientes, cada vez más alarmantes, que tiene el Poder Judicial para brindar un servicio. El juez en lo Civil y Comercial N°7, Martín Furman, hizo lugar a una medida cautelar en la que le permitió a Dolores Etchevehere acceder a una de las propiedades que pertenecen a la sucesión aún irresuelta tras la muerte de Luis Félix Etchevehere, en 2009.
Horas después y ante el pataleo de Luis Miguel Etchevehere, que se apersonó en la casa de la Bajada de los Vascos otorgada a su hermana momentáneamente y en donde están todas las propiedades familiares del clan, el juez Furman dio marcha atrás. El argumento: que la vivienda otorgada a la peticionante, al no tener alambrado y tapial en su fondo, deja desprotegida a la ocupante. ¿De quién queda desprotegida? De sus hermanos, a quienes denunció penalmente hace una década.
Furman, entonces, no puede garantizar seguridad a Dolores porque sospecha que sus hermanos, que viven en la cuadra, ponen en riesgo su integridad. El mundo está lleno de vecinos peleados y enfrentados, incluso hermanos. No estamos ante un caso inusual nunca visto. No estamos ante un “leading case”. Lo único insólito en todo este asunto es la manera en que resolvió Furman. Advierte un peligro de violencia y corre del lugar no a los supuestos violentos, sino a quien puede llegar a ser violentada. Yendo, claro, en contra de sus propios pasos.
El Poder Judicial, hay que decirlo, aprendió a advertir posibles episodios de violencia de género. En el femicidio de Fátima Acevedo hubo reiteradas denuncias por parte de la víctima, pero no despertaron ninguna protección. Pero Acevedo no es Etchevehere.
La joven aparecida muerta en un pozo es una vida. La causa de los Etchevehere son millones en juego. Además de las tramas políticas que se desprenden del caso.
Hace dos años, en los tribunales de Paraná, se discutió el instituto de prisión preventiva. Fue en la causa de los contratos truchos en el seno de la Legislatura y que prontamente se elevará a juicio con el pirinchaje imputado. Los sospechosos que estaban en la Unidad Penal Número 1 de Paraná lograron la libertad luego de una serie de piruetas jurídicas que comenzaron con un fallo de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), quien hizo lugar a un habeas corpus de la defensa y envió las actuaciones a que lo resuelva un juzgado inferior: el juez de Garantías Nº 4, Mauricio Mayer. La maniobra contó con las firmas de Daniel Carubia y Claudia Mizawak, mientras que Miguel Angel Giorgio lo hizo en disidencia.
Los derechos humanos, finalmente, llegaron de la mano de Juan Pablo Aguilera, quien también estaba en prisión y para su familia, que había gobernado los últimos 8 años y su cuñado Sergio Urribarri aún presidía la Cámara de Diputados, era inaudita esa realidad tras las rejas. Aguilera era el nombre “del poder” que estuvo en la mesa de negociaciones ante tanto legajo donde se investiga corrupción. La teoría más ajustada en tribunales es la siguiente: La política entregaba a Juampi y la Justicia se jactaba de no tenerle miedo a nadie. El pacto se rompió. Todos afuera y después vemos. Ese “después vemos” se empieza a acercar. Cuando el profesor de Derecho Penal, Alberto Fernández, asumió la Presidencia de la Nación; llamó a otro profesor de Derecho Penal, el procurador general Jorge Amilcar Luciano García. Se interesó por las causas del embajador Urribarri. Hubo promesas de uno y otro lado de que se realicen entonces los juicios que el 2020 dilató obviamente. En Tierra Santa hay tranquilidad. En Concordia, desde donde se realizarán tareas diplomáticas durante el verano, también.
Este lunes es el Día de los Inocentes. Después vemos.
Fuente: Página Política
