El ex gobernador Sergio Urribarri atraviesa momentos cruciales: en pocos días un tribunal resolverá si es trasladado a una unidad penal para cumplir la condena de ocho años que se le impuso por delitos de corrupción.
Este jueves, el ex mandatario habló frente a los jueces Carolina Castagno, Julián Vergara y Elvio Garzón. Lo hizo en forma virtual, desde Concordia, y volvió a expresar su inocencia. En lo medular de su exposición, afirmó que “en ningún momento de este recorrido, desde que comenzó este proceso de estigmatización y ensañamiento he eludido mis responsabilidades”. De ese modo pretendió desvirtuar los argumentos de los fiscales que exigen su detención en virtud de un riesgo de fuga.
Del mismo modo, los fiscales solicitaron la detención de Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri; y del ex ministro Pedro Báez. Ambos recibieron penas de seis años y seis meses de prisión por delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y defraudación a la administración pública.
Lo que se les atribuyó, específicamente, fue haber desarrollado un plan que consistió en un desvío millonario de fondos públicos para promocionar el sueño entrerriano, como se denominó en 2015 a la fallida candidatura presidencial de Urribarri.
En el mismo proceso resultaron condenados también el ex funcionario Gustavo Tamay, Luciana Almada –pareja de Aguilera–, la contadora Corina Cargnel, el diseñador gráfico Emiliano Giacopuzzi, que oficiaba de prestanombre de Aguilera; el empresario pizzero Germán Buffa y el productor artístico Gerardo Caruso.
Los fiscales solicitaron la detención de Urribarri, Aguilera y Báez el 18 de abril pasado, luego de que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) rechazara por inadmisibles los recursos de queja interpuestos por sus abogados defensores, cerrándoles el camino a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El 5 de septiembre, a las 10, se conocerá la decisión del tribunal.
En la audiencia, a la que asistieron los defensores de los ex funcionarios, los fiscales señalaron que la condena ha sido confirmada por la Cámara de Casación y por la Sala Penal e hicieron hincapié en el riesgo de fuga para sustentar el pedido de prisión preventiva. Ignacio Aramberry señaló que “existen objetivos fundamentos para sospechar el riesgo de fuga” y resaltó que “se trata de sujetos que cuentan con medios, vínculos fuera del país y poseen sobrados recursos económicos”.
Por su parte, Patricia Yedro, que integró el equipo de fiscales en el juicio, sostuvo que “los vínculos de poder pueden usarse para la fuga y evitar el cumplimiento de la pena”, también mencionó “las inversiones en el país y el extranjero” que posee Urribarri y que se trata de personas que poseen “vínculos que hacen que estemos frente a ciudadanos no comunes, personas que ocuparon cargos y generaron vínculos de importancia. Eso los coloca en una situación distinta a la de cualquiera para cumplimiento de condena”.
También mencionó “vínculos personales que pueden habilitar salidas del país y radicación en países que no permitan extradición”, a la vez que mencionó que Urribarri reside en Concordia, una ciudad limítrofe con la República Oriental del Uruguay, a lo que el ex mandatario respondió que “hace como seis o siete años” que no viaja al vecino país y que tiene una familia de hijos y nietos y arraigo en la comunidad.
El fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull, por su parte, señaló que habría una relación proporcional entre el riesgo de fuga y la cuantía de la pena que les impuso el tribunal a los ex funcionarios públicos.
En tanto, los defensores rechazaron el pedido de los fiscales. Por un lado, rechazaron el peligro de fuga como un elemento de riesgo procesal e insistieron en que los imputaron se mantuvieron a derecho durante todo el proceso; y, por otro lado, sostuvieron que la sentencia no está firme, ya que está pendiente un recurso que han interpuesto ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Fuente: Página Política
