La administración de la justicialista Isa Castagnino pretende refinanciar su deuda por US$ 1.092.074 que el municipio de Victoria adquirió en épocas de gobernanza de Gustavo Bordet en la provincia y Domingo Maiocco en la ciudad.
Fue luego de que la gestión de Rogelio Frigerio lograra una buena calificación en la reestructuración externa, lo que permite a las comunas endeudadas acceder a la posibilidad de refinanciar. El 9 de mayo pasado, la calificadora internacional FIX SCR mejoró la calificación crediticia de Entre Ríos, al elevar la nota de largo plazo de la provincia de B+(arg) a BBB-(arg) y la de corto plazo de B(arg) a A3(arg). Además, eliminó la observación negativa que pesaba sobre la provincia y asignó una perspectiva “estable”.
Muchos municipios lo han hecho, según datos que recabó Página Política. Son los casos de Concordia (US$ 4.556.117), Federación (US$870.000), La Paz (US$ 498.770), Santa Elena (US$ 582.240), Piedras Blancas (US$ 161.000), Bovril (US$ 436.000), Alcazáz (US$ 230.000) y San Benito (US$435.614). Restan General Ramírez (US$483.854), Nogoyá (US$ 350.000), Crespo (US$ 834.883,20), Paraná (US$ 7.345.306), Viale (US$ 469.066) y Hernandarias (US$346.901).
La Intendenta de Victoria elevó al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal a adherir al proceso de reestructuración propuesto por el Gobierno.
Los concejales de Juntos por el Cambio, insólitamente, se manifestaron en contra del proceso voluntario de reestructuración de pasivos, iniciativa que lleva la firma de la administración provincial de su mismo espacio. Pero la contradicción también llegó por parte de los representantes en la Legislatura del peronismo, la diputada Laura Stratta y el senador Víctor Sanzberro, quienes rechazaron en duros términos la Ley N° 11.209 por la cual los municipios podían acceder a un proceso de reestructuración. El mismo implicaba nuevos títulos por hasta USD 300.000.000, a una tasa del 9,550 % anual, con vencimiento en 2033 y amortización en tres cuotas entre 2031 y 2033, aplicables sobre el 77,25 % del pasivo municipal.
Lo cierto es que los ediles de Victoria del oficialismo cambiaron su posición la semana pasada y ahora acompañan el proyecto impulsado por el peronismo.
En el caso de Alcaraz, la Intendenta Yamila Acedo, de Juntos, no pudo acceder a la refinanciación de un crédito en dólares tomado en 2018, luego de que el Concejo Deliberante rechazara a fines de julio el proyecto que autorizaba la operación. Lo mismo ocurrió dos semanas después en Bovril, donde José Luis Gillig, también de Juntos, se le reveló la tropa y votó en contra de la ordenanza que permitía ingresar al refinanciamiento.
Fuente: Página Política
