Los datos son alarmantes, la reacción del sistema público de salud no alcanza y la contención comunitaria no da abasto. La emergencia en salud mental tiene su costado más doloroso en el aumento de los casos de suicidio en adolescentes y jóvenes, indicador que en Entre Ríos trepa al 19,8 por cada 100 mil habitantes, el doble de la media nacional.

En este contexto, el Gobierno presentó a “Ori”, un agente de Inteligencia Artificial especialmente destinado a orientar a madres y padres, por un lado; y a docentes, por el otro. Se ofrece una guía de actuación a estos adultos para asistir a jóvenes que atraviesan distintas problemáticas de salud mental. “Pantallas, grooming, identidad sexual, depresión, suicidio y bullying son algunas de las situaciones frente a las cuales madres, padres y docentes no siempre cuentan con información clara o herramientas prácticas para actuar”, se planteó oficialmente con la presentación de la herramienta.

Funciona como un chat al que se accede (desde la aplicación de “Mi Entre Ríos”) optando como usuario por el perfil de “familia” o “docente”. A diferencia de una IA genérica (como chatGPT u otros LLM) no trabaja con la masa de datos de la nube sino con una base especial, cuidada, que encorseta las respuestas o recomendaciones posibles a los protocolos institucionales en la provincia. Se asesora en pasos a seguir y en buena parte de las consultas está prevista la derivación a la Línea 135 de asistencia a cargo de profesionales en salud mental, durante las 24 horas, para la prevención del suicidio.

El avatar representa a una mujer joven, pañuelo al cuello, peinada con una trenza, al estilo paisana del Siglo XIX, salvo por el uso de lentes. Podría emparentarse a Ori con Jujo, el avatar de la aplicación para la gestión de trámites de la provincia, una caricatura de Justo José de Urquiza. Una prueba rápida con el chat permite comprobar que “Ori” no se sale en momento alguno de la temática específica de la salud mental en adolescentes. Tampoco da detalles del modo en que fue diseñada y entrenada ni admite preguntas en calidad de entrevistada: “Sólo puedo responder consultas relacionadas con el cuidado de infancias y adolescencias. No puedo brindar información sobre el proceso técnico de entrenamiento de Ori ni participar en notas periodísticas”, aclara.

Todas las entradas del chat arrancan con la siguiente advertencia: “Esta orientación no reemplaza la consulta con un profesional humano”. Consultas eventuales que podrían realizarse tienen de parte de la IA una respuesta concisa, con indicaciones paso a paso, incluyendo la asistencia al sistema de salud. En ningún caso parece preparada para una contención en el contexto de una crisis sino que apunta a ser una guía acerca de qué hacer para buscar ayuda de un profesional. Si funciona, y tal como está planteada, podría derivar en una mayor demanda al servicio de salud, aunque en la web de Ori, cuando se listan preguntas frecuentes, el gobierno se anticipa a la consulta “¿Por qué invertir en un bot en vez de contratar psicólogos?” y la respuesta es que “Ori es prevención primaria y es escalable. Orientar a tiempo evita que problemas menores se vuelvan crisis que terminen colapsando a esos mismos psicólogos en los hospitales. No es un reemplazo del sistema de salud, es un complemento que lo descomprime”. Quien sabe. En principio, la herramienta ya se puso a andar, en el contexto de una crisis que demanda atención, inversión, personal capacitado.

 

La posición de los psicólogos

Ante la difusión de la nueva herramienta el consejo directivo del Colegio de Psicólogos de Entre Ríos expresó que la iniciativa “ha resultado sorpresiva para esta institución, ya que no se contó con instancia de consulta ni convocatoria para asesoramiento especializado”.

Para la organización, la IA puede ser “herramienta complementaria” pero “no sustituye el vínculo terapéutico ni el abordaje interdisciplinario, fundamentales en salud mental, especialmente en contextos de alta complejidad”. En este marco, hicieron saber que se pedirá a las autoridades “información detallada sobre el funcionamiento, sus alcances y criterios de intervención” a la vez que se puso de relieve “la necesidad de fortalecer los dispositivos de atención en territorio y el trabajo de profesionales como pilares esenciales para una atención en salud mental de calidad”.

Acerca de cómo funciona la LLM, oficialmente se informó que la iniciativa fue desarrollada por profesionales de los ministerios de Desarrollo Humano; y de Salud; el Consejo General de Educación (CGE); y la Secretaría de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación, dependiente de la Secretaría General de la Gobernación.

 

La Ley que planteó un rumbo

Hace una semana, en el marco de la presentación del libro Ley Nacional de Salud Mental: Una brújula para la crisis, trabajadores del Estado y profesionales de distintas disciplinas vinculadas a la temática debatieron acerca de las salidas al actual escenario de emergencia.

Fue en la sede de ATE, donde expusieron los autores de la obra, Leonardo Gorbacz y Alberto Trimboli, a 15 años de la sanción de la Ley 26.657. Gorbacz aportó datos acerca de la externación. En 2007 había 25 mil personas internadas, cifra que para el Censo Nacional de 2019 se redujo a unas 12 mil. El especialista caracterizó la crisis y advirtió que se la diagnostica “pero se ignoran las causas” lo que deriva en una rápida responsabilización en los equipos de salud. Propuso poner en primer plano “las demandas sociales”, entendiendo la salud mental “como un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos y culturales, cuya preservación está ligada a la concreción de los derechos humanos”.

Por su parte, Trimboli puso el foco en los consumos problemáticos. Denunció que muchos efectores de salud aún rechazan pacientes lo cual contradice la ley que dispone que las adicciones deben ser abordadas como parte de las políticas de salud mental. Respecto a las internaciones involuntarias, Trimboli criticó los mitos mediáticos: “La ley no solo permite la internación involuntaria, sino que en ciertos casos obliga a realizarla”. Explicó que la norma no prohíbe, sino que regula el procedimiento para garantizar fundamentos clínicos y controles posteriores, evitando el encierro arbitrario.

Fuente: Página Política