Ante las estadísticas de suicidio en la provincia que alcanzan niveles alarmantes, la Mesa de Salud Mental intenta promover el debate y sanción de un proyecto general de atención integral de la problemática.

La iniciativa comenzó a ser debatida en el Senado. Pero el encuentro, en los primeros días de diciembre, dejó plasmada cierta impotencia por parte de los legisladores ante una realidad a la que el Estado debe dar respuestas. “No decidir también es decidir”, advirtieron miembros de la mesa interinstitucional que fueron parte de la reunión con los senadores de las comisiones de Salud Pública y Drogadicción, y de Legislación General.

Mientras que la media nacional se sitúa en un 9,8 (cada 100 mil habitantes), en Entre Ríos esa cifra se dispara a un 19,8. Así surge del Sistema de Alerta Temprana del Ministerio de Seguridad de la Nación, publicado hace un año, alarma que fue ratificada la semana pasada con los datos del Boletín Epidemiológico de Salud de la Nación. El estudio reveló la desatención estatal ante casi 24 intentos de suicidio por día a nivel nacional.

 

Tirar la pelota

“Cuando uno no conoce, desconoce, desatiende. Cuando desatiende el Estado, abandona a ciudadanos y ciudadanas”, definió la licenciada en Psicología, Sandra Cislaghi, que estuvo presente en la reunión con los senadores junto a la titular de Suma de Voluntades, Anabella Albornoz.

Expresó su sorpresa por la intervención en los legisladores en la reunión: “Nos preguntaron en qué cambia la vida de las personas este proyecto de ley si no hay profesionales de la salud que quieran trabajar para el Estado, por ejemplo, en Islas, del Ibicuy, en Federal. Entiendo que es una desresponsabilización total de los legisladores”, dijo Cislaghi que entrevió “falta de voluntad de interpelar, de pensar, de buscar la mejor alternativa, de preguntarse por qué y dar solución a la falta de profesionales”.

Instó a preguntarse por las falencias del sistema y apuntó especialmente a la falta de cumplimiento de la Ley de Salud Mental que asigna a la salud mental una partida del 10% del presupuesto para salud. “Si no hay profesionales, es responsabilidad del Estado encontrar una solución”, enfatizó la profesional, con trayectoria en la militancia política, que señaló además el trabajo “a ciegas” en Entre Ríos por la falta de generación de estadísticas sobre la salud mental y los casos de autodeterminación en particular.

Acción territorial

El proyecto en debate, contempla la creación de una Red Integral de Cuidados de la Salud Mental y Bienestar Psicosocial en Entre Ríos y pone en primer lugar la declaración de “Emergencia en Salud Mental” por el término de dos años.

La red prevé el trabajo coordinado de los distintos ministerios del gobierno, el IAPV para la política de viviendas, el CGE, el Copnaf, junto a organizaciones comunitarias. Simultáneamente, se prevé la integración de mesas comunitarias para trabajar junto a los municipios en temáticas como la sensibilización social y la capacitación para educadores, miembros de las fuerzas de seguridad, trabajadores del Estado, operadores comunitarios y la población en general, además de plantearse una acción conjunta con las obras sociales para la prevención del suicidio, entre otros aspectos que hacen a la salud mental.

Entre otros puntos, se prevé un registro de organizaciones comunitarias vinculadas con el campo de la salud mental y un Observatorio de Políticas de Cuidado.

 

Ajuste y pautas

El gobierno de Javier Milei cumplió con su consigna de aplicar la motosierra a las cuentas públicas. Aun así, desde el Ministerio de Salud de la Nación se incluyeron una serie de pautas a tener en cuenta por los estados provinciales, municipales y la comunidad para atender a la salud mental.

En el boletín epidemiológico difundido hace unos días se propone “abordar esta problemática, contribuir a disminuirla” apostando a “la prevención, entendida desde una perspectiva de cuidados integrales y colectivos, en especial en los grupos etarios de adolescentes y de personas mayores”. Se postula la necesidad de “un enfoque intersectorial para que las estrategias sean eficaces de acuerdo a cada realidad local”.

Entre otras pautas prevé “la capacitación continua” de profesionales de la salud, la previsión de dispositivos de atención telefónica gratuitos y la elaboración de “un plan de mejora con intervenciones a nivel general” para evaluar la calidad de las políticas públicas, elaborar informes, capacitar e integrar mesas de trabajo.

A propósito del incremento de los indicadores de intentos de suicidio entre los más jóvenes, es oportuna la difusión de un documental sobre el imperio de las redes sociales y el impacto en la subjetividad. Lo elaboró la productora Corta, bajo idea de la exdiputada nacional Ofelia Fernández.

Fuente: Página Política