El cumplimiento efectivo de una condena a prisión de un gobernador condenado por corrupción es un hecho trascendente. En Entre Ríos y en cualquier parte del mundo. Sin embargo, la noticia de la detención de Sergio Urribarri no tuvo tanto impacto porque, al compás de los procedimientos judiciales, fue ocurriendo en cuotas. No pasó de un día para el otro.

Por eso es que el gobernador que mayor poder llegó a concentrar en Entre Ríos desde la recuperación democrática de 1983 arribó a esta instancia final como un virtual cadáver político. En el camino de sentencias, apelaciones, detenciones temporarias y prisiones domiciliarias, fue dejando jirones de aquel poder concentrado, que lo llevó a la reelección con el 56% de los votos en 2011, a gobernar con un Senado monocolor y a disponer de recursos extraordinarios de la Nación, fruto de su cercanía con la también reelecta ese año, Cristina Fernández de Kirchner.

La condena que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la semana pasada y que ahora lo tiene en prisión es la que había sido dictada el 7 de abril de 2022, por delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, peculado y defraudación a la administración pública en cinco causas relacionadas con el desvío de fondos públicos para promocionar su fallida candidatura presidencial en 2015.

En paralelo a la apelación de aquella condena a ocho años de prisión e inhabilitación perpetua y absoluta para ejercer cargos públicos —por la que se vio obligado a renunciar a las embajadas de Israel y Chipre, que ocupaba hasta ese momento por decisión del entonces presidente Alberto Fernández—, Urribarri buscó sumar volumen político para afrontar sus problemas con la Justicia.

Comenzó, con perseverancia militante, a visitar a los amigos. Y se ocupó de difundirlo. Empezaron a aparecer frecuentes partes de prensa informando sobre reuniones en las que se lo veía departiendo, sonriente, junto a los más cercanos, política y personalmente. En su mayoría, dirigentes y militantes que habían ocupado algún cargo en sus gobiernos.

Desde su regreso obligado de Israel, Urribarri buscó equiparar su situación a la de Cristina Fernández, presentándose como víctima del lawfare (el uso de procedimientos judiciales con fines de persecución política) contra los gobiernos populares de la región. Para algunos militantes que aún le guardaban lealtad en 2022, El Pato era algo así como nuestro Lula da Silva.

 

De atrás

Pero lo cierto es que la situación política de Urribarri distaba mucho de asemejarse a la de Cristina. En la provincia no hubo ninguna marcha en defensa de su inocencia cuando la Justicia lo condenó.

En términos políticos, Urribarri siempre estuvo muy lejos de ocupar en Entre Ríos el rol equivalente al de Cristina en la Nación. El dos veces gobernador fue el dirigente K que ocupó el cargo más importante y el que mandó desde el ejercicio de ese poder. Pero no alcanzó a ser el jefe del kirchnerismo en Entre Ríos, compuesto por múltiples vertientes.

Tras su condena, Urribarri pasó a ser poco menos que mala palabra entre la mayoría de la dirigencia del peronismo de Entre Ríos, que venía de caer en las elecciones de medio término de 2021 y vislumbraba, con preocupación, cómo la ventilación judicial de las fechorías del exgobernador dificultaría aún más la tarea de recuperar esos votos perdidos por el fracaso en la economía.

 

Repunte

Pero Urribarri encontró el camino. El clima que generó la salida a la calle del kirchnerismo en contra de las acusaciones contra Cristina del fiscal Diego Luciani, en el juicio de la causa Vialidad, fue el tren marca Lawfare al que Urribarri se trepó para volver a recorrer la provincia. Y el intento de homicidio a la entonces vicepresidenta de la Nación, ocurrido el 1 de septiembre de 2022, le agregó numerosos e impensados vagones a esa formación ferroviaria de corte estrictamente político, con la que el exgobernador buscó afrontar sus contratiempos con el Código Penal.

Las presencias de importantes referentes del peronismo en funciones acompañando la presentación del libro Néstor, el hombre que cambió todo, de Jorge Topo Devoto, en el que escribió el mismo Urribarri, dieron cuenta de este fenómeno.

Tras el atentado, el cristinismo recuperó poder dentro del peronismo. Y, de algún modo, devolvió a Urribarri a su lugar histórico, el del kirchnerista más importante de Entre Ríos, con todo lo bueno y lo malo que eso significó: suma popularidad; abundancia de recursos que bajaban de Nación y que permitían un inédito despliegue de la obra pública; poder concentrado en la Legislatura y, claro, corrupción.

Sin la participación de Fernando Sabag Montiel, difícilmente el raid literario de Urribarri por Entre Ríos hubiera reunido tanto público lector. El vendedor de algodón de azúcar que intentó asesinar a Cristina Fernández creó el clima para que la dirigencia peronista de distintos pelajes se viera de pronto obligada a reivindicar la década “ganada” del kirchnerismo.

Y los caprichos de la historia quisieron que ello ocurriese justo cuando el gobierno del Frente de Todos ejecutaba un ajuste que lo emparentaba a otra década más bien olvidada del peronismo, la que tuvo como jefe a Carlos Menem y como seguidores de ese modelo neoliberal a varios de los principales referentes del peronismo provincial.

 

Movilizado

Faltaba un año para las elecciones de 2023 y en el escenario se veía solo a Rogelio Frigerio, que venía de ganar por amplio margen las legislativas de 2021 y a fines de febrero de 2022 había iniciado un exhaustivo recorrido por la provincia. La movida de Urribarri se mostraba en ese momento como la más importante, si no la única, dentro de un peronismo que nada había definido aún para la sucesión de Bordet.

En la oposición, la dirigencia de Juntos por Entre Ríos se frotaba las manos: interpretaba que la salida al ruedo de Urribarri con duras críticas a Frigerio no hacía más que potenciar al postulante a la gobernación del PRO.

Tras el atentado de hace cuatro años, Cristina había logrado cohesionar a casi todo el peronismo. Y en ese momento se podía suponer que el kirchnerismo tendría mayor injerencia en el armado de las listas para 2023.

Urribarri estaba inhabilitado para ocupar cargos públicos, pero esa pena se haría efectiva recién cuando la condena quedase firme, algo que finalmente ocurrió cuatro años después. En ese clima de efervescencia kirchnerista, se especulaba con la posibilidad de que Urribarri buscara en un lugar seguro de la lista los fueros que lo protegerían del “lawfare”.

En esa lógica se inscribió su planteo al Superior Tribunal de Justicia para que “se despejaran dudas respecto de la posibilidad formal de volver a ser candidato a gobernador”, alternativa que Urribarri tenía expresamente prohibida por la Constitución provincial.

En febrero de 2023 llegó a encabezar un acto político en el club Echagüe, el estadio cerrado más grande de la capital provincial, donde afirmó que sería candidato pese a la condena en primera instancia por delitos de corrupción y, si la justicia lo habilitaba, buscaría otro mandato por la Gobernación.

Pero en mayo de 2023 renunció a lo que no podía aspirar y nunca iba a suceder: anunció su retiro de la presentación al STJ, luego de que Cristina confirmara su decisión de no ser candidata. Ninguno de los dos condenados tenía posibilidad alguna de ganar las elecciones de ese año.

 

Fuente: Página Política