José Ignacio Candioti es fiscal general ante el Tribunal Oral Federal de Paraná. Por su despacho pasaron y siguen pasando las causas más sensibles en materia de narcotráfico, trata de personas y lavado de dinero.

Desde su arribo a la provincia, hace quince años, intervino en todos los juicios por crímenes de lesa humanidad que se desarrollaron en Paraná e instó las condenas para decenas de represores y también a los cómplices civiles de la dictadura.

Recientemente cumplió un año también como fiscal ante la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, el tribunal que revisa todas y cada una de las causas penales que tramitan en la provincia en el fuero federal. Lo hizo en reemplazo de Ricardo Álvarez, jubilado después de haber permanecido un cuarto de siglo en el cargo y cuatro décadas en el Poder Judicial. La mochila, sin embargo, no le pesa.

Hace unos días pasó por Plaza Mansilla, el ciclo que se emite por El Once Radio & Streaming. Dijo que el narcotráfico debe investigarse con el objetivo de desarticular a las grandes organizaciones que lo sostienen, pero sin desatender la problemática del microtráfico que hace estragos en los barrios; advirtió sobre el daño que provocan las drogas en los jóvenes y reclamó herramientas efectivas para proteger a quienes declaran como testigos en los juicios contra las estructuras del crimen organizado.

 

–El narcotráfico en Entre Ríos. ¿En qué deberíamos detenernos cuando miramos una realidad que, a todas luces, preocupa?
–Podría dar respuesta en dos sentidos. Desde el punto de vista de los operadores judiciales, el desafío de la justicia y de los organismos de seguridad es encarar la persecución y la investigación de las bandas criminales; pero desde el punto de vista del ciudadano común, como el problema está en el comercio de estupefacientes en el barrio, en el día a día, es algo que sigue ocurriendo porque muchos de quienes consumen son chicos, son menores de edad, y eso causa un daño terrible; son chicos que tendrían que estar haciendo otras actividades, jugando en las plazas, haciendo deportes, yendo del colegio, estudiando y, en cambio de eso, esta gente les arruina la vida, esto es así. Y no lo digo yo, lo dicen las asociaciones que trabajan en la materia, lo ha dicho la Iglesia reiteradamente en los últimos tiempos. Entonces, hago este doble a análisis.

 

–Hay una idea extendida en torno a que el lugar que antes ocupaba el Estado en los barrios frente a las situaciones de vulnerabilidad ha sido ocupado por el narco. ¿Hay margen para recuperar el territorio o ya no hay vuelta atrás?
–Independientemente de las consideraciones políticas, por más que haya un Estado, el narcotráfico ha penetrado en los barrios por las ganancias siderales que deja. No me cabe la menor duda, y tengo respaldo en lo que digo. Cualquiera de los operadores judiciales o de los abogados defensores, que hacen su noble tarea de defender, pero que conocen las causas, no pueden negar que una banda más chica, pero que actúe en un barrio, tiene ganancias muy grandes. Lamentablemente.

 

–Esas ganancias, siderales, ¿están en toda la cadena, es decir, desde el proveedor hasta el soldadito?
–La del proveedor la tenemos menos cuantificada. Pero sí está cuantificada en los diálogos de las bandas lo que ganan en el día a día, y lo hemos dicho con cifras en los alegatos; son cifras enormes. En Entre Ríos hemos tenido grandes bandas, pero sacando esas cuatro o cinco grandes bandas, en expedientes donde están acusadas cuatro o cinco personas de comercializar en forma conjunta, no un barrio, sino en cinco manzanas de un barrio, las ganancias que producen son muy grandes.

 

–¿De cuánto estamos hablando?
–Ellos se manejan en dólares. En la última que tuvimos hablaban de 20 mil dólares por semana, y no era una súper banda, por decirlo así.

 

–Usted hablaba de las grandes bandas y de los kioscos. ¿Se puede escindir a las organizaciones más importantes del narcomenudeo?
–Muchas veces va unido. En el último juicio que tuvimos la investigación decía que era una actuación plural, de una banda organizada que iba a Concordia, donde se proveía de dólares; con esos dólares iban a Buenos Aires, ahí adquirían la cocaína y la traían a Paraná para venderla al menudeo. Se condenó a cuatro personas y tenemos una banda que, por lo menos, durante siete meses sostuvo este mecanismo, viajando semanalmente, así que imagínense la cantidad de cocaína que traían. En el último viaje, cuando los agarraron, se dierona la fuga y arrojaron 18 kilos de cocaína, de muy buena pureza, con un valor enorme. Esa era una gran banda, pero esa cocaína terminaba en una boca de expendio que era de otra de las personas condenadas. Ahí tenemos las dos cosas.

 

–¿Cuál fue el resultado de la ley provincial de narcomenudeo?
–Me lo preguntaron informalmente la semana pasada fiscales de Buenos Aires que vinieron a unas jornadas que se hicieron en Paraná y yo les decía que, a mi entender, no es insatisfactoria la experiencia. ¿Por qué no es insatisfactoria? Porque no ha habido problemas de falta de coordinación ni ha ocurrido que una investigación de la provincia por narcomenudeo haya entorpecido una gran investigación de la justicia federal.

 

–¿No ocurre que al cortar una investigación en el kiosco o en los eslabones más bajos impide escalar en la cadena del narcotráfico?
–Yo no lo he visto ni he tenido conocimiento de que haya pasado. Es más, apenas asumo como fiscal de la Cámara Federal de Apelaciones, hace un año, me habla Diego Iglesias, que es el titular Procunar (Procuraduría de Narcocriminalidad), para proponerme que hagamos en Paraná una reunión con los fiscales provinciales para tratar de aceitar la coordinación y me decía que se había hecho en Gualeguaychú con buenos resultados.

 

–¿Cómo está la estructura jurídica en materia de narcotráfico?
–Creo que hay muchas leyes que están bien, pero está el desafío de las fuerzas de seguridad y de los operadores judiciales de aplicarlas. Los voy a poner a ustedes los periodistas de ejemplo. Se hace un procedimiento en la ruta, se detiene un camión y se incautan dos toneladas de droga. El periodismo, en su noble tarea, titula: “Golpe al narcotráfico”. ¿Y a quién se detuvo? Al camionero. Golpe al narcotráfico sería si desbaratamos de dónde salió el estupefaciente, hacia dónde iba, a quién se lo iban a entregar. No desmerezco el procedimiento, pero podemos ir por más. La ley de estupefacientes tiene una norma que llama entrega vigilada. Hacer eso implica todo un desafío. La entrega implica todo un procedimiento, con autorización judicial y monitoreo para que ese cargamento siga desplazándose, vigiladamente, y que llegue al lugar de destino y ahí hacer el procedimiento. Eso deviene en una discusión jurídica donde algunos advierten sobre el riesgo de que esa droga sigue circulando, si la vigilancia no es tan buena y se escapa… Hay un montón de discusiones. Pero corramos el desafío. Ahora, la jueza federal de Concordia aplica bastante a ese procedimiento. Es un ejemplo, simple, para que se entienda. Lo que digo es que hay mecanismos en las leyes y el desafío tal vez sea ponerlos en práctica.

 

–Si le pregunto qué falta, qué ley podría dictarse o reformularse, ¿qué sería?
–Una de las cosas que se podría reformular o perfeccionar es la protección de los testigos que tienen que ir a declarar en un juicio oral y público. Yo siempre rescato la valentía que hay que tener para hacerlo. Porque una cosa es cuando el testigo va y declara en la etapa de la instrucción, ante el juez y el secretario; pero otra cosa es cuando lo tiene que hacerlo públicamente y en presencia de los acusados. Es una carga pública, pero la verdad es que implica un acto de valentía también y entonces estaría bueno que, si ese testigo llega a tener algún problema, el Estado le garantice efectivamente una protección.

 

–Usted ha planteado en algunas charlas una idea novedosa que es la vinculación entre la trata de personas con el delito de narcotráfico, a partir del aprovechamiento de situaciones de vulnerabilidad que hacen las organizaciones de personas mayores o menores de edad para introducirlos en el negocio del narcotráfico.
–Eso empecé a decirlo hace bastante a partir de lo que veíamos en causas concretas que teníamos en el tribunal. Cuando apareció en cuatro, cinco causas noté que había un patrón. Empezamos a ver en varias causas que condenados por trata de personas también se dedicaban al negocio del narcotráfico, y los condenábamos por ambas actividades; pero también hemos visto que utilizaban los narcóticos como técnica de ablande para las víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual

 

–Estamos viviendo un proceso de designaciones de jueces, fiscales y defensores muy dinámico en el Senado, como no se ha visto en otros tiempos. ¿Cómo lo está viendo?
–Eso es así; yo integro la asociación de magistrados, soy vicepresidente en Entre Ríos, y es algo que se comenta como algo favorable. Sobre los motivos, tal vez sea porque el ministro de Justicia (Juan Bautista Mahiques) viene del Poder Judicial y sabe que es importante o habrán advertido que cuando algo empieza a hacer mucha falta, hace ruido y eso genera que las autoridades de correspondientes se pongan más las pilas. Los factores pueden ser múltiples, pero como conclusión, es bueno.

 

–Lo que llama la atención es que no se haya avanzado, precisamente, con la Procuración General de la Nación.
–Ahí lo que pasa es que se necesitan mayorías calificadas, lo mismo que para la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los dos últimos gobiernos que han propuesto candidatos no han logrado tener las mayorías calificadas que la Constitución exige.

 

–Sistema acusatorio. Primero preguntarle si está de acuerdo y segundo si están los recursos para su implementación en Entre Ríos.
–Primera respuesta, sí. No tengo la menor duda de que es el sistema constitucional que corresponde, lo tienen todas las provincias argentinas y no hay ninguna duda de que se debe separar las funciones de investigación y de juzgamiento, y que la investigación esté a cargo del Ministerio Público Fiscal. Eso nadie lo podría discutir, a tal punto que han pasado tres gobiernos nacionales, de distinto signo político y nadie ha hablado mal del sistema. En la academia, entre los operadores judiciales y en la política hay un consenso absoluto de que es el sistema constitucional que corresponde. En la implementación, es un sistema que requiere invertir en recursos, desde infraestructura, personal y demás, para que funcione. Espero que cuando se implemente en Entre Ríos estén los recursos para que funcione.

 

–Cuando usted dice que se requieren recursos, ¿de qué estamos hablando?
–Yo les decía que este sistema implica que la investigación queda a cargo el Ministerio Público Fiscal, entonces se necesitan salas para tomar testimoniales, salas de audiencia, algo elemental; y personal para poder instrumentar el sistema. En las jurisdicciones en las cuales se ha puesto en funcionamiento, se ha dotado previamente de personal. Entonces, confiemos de que esas cuestiones mínimas van a estar en el momento de la implementación, para que nadie después diga que era mejor el sistema actual. El sistema acusatorio es bueno, pero con los recursos correspondientes.

 

Ver nota completa

Fuente: Página Política